Integrantes de las plataformas por la Sanidad pública 100 x 100 pública y de calidad de Torrevieja y del Baix Vinalopó, se han personado este viernes en la sede de la Subdelegación del Gobierno de Alicante para el registro de escritos de solicitud de cese de María José Mira Veintimilla, secretaria autonómica del Modelo Económico, dirigidos al presidente autonómico Ximo Puig y los vicepresidentes Mónica Oltra y Rubén Martínez por la realización, en el ejercicio del cargo, de declaraciones públicas cuestionando la eficacia de la gestión pública y poniendo en duda la reversión de las concesiones sanitarias, como las de Torrevieja y Elx-Crevillent.

Para estas plataformas, "la protección de la salud es un derecho universal recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 43 de la Constitución Española y su tutela, una obligación de los poderes públicos. La salud no debe ser un negocio; por supuesto que la gestión de los recursos públicos debe ser eficiente, pero, además entran en juego otros principios y valores, como el de la equidad, accesibilidad, universalidad y calidad, señas de identidad de la sanidad pública".

Los efectos devastadores de la COVID-19 en la Comunidad Valenciana demandan, hoy más que nunca, una sanidad pública fuerte, que se convierta en baluarte de defensa para todas las personas, especialmente para los grupos sociales más vulnerables ante los tiempos de incertidumbre y zozobra, que ya padecemos.

El test de estrés que la pandemia ejerce sobre el sistema sanitario a diario plantea la necesidad de de reforzar, especialmente, la atención primaria y Salud Pública, cuestiones que no encajan en los parámetros de rentabilidad y máximo beneficio, por los que se rige la empresa privada.

Las manifestaciones de la Secretaria Autonómica manifiestan prejuicios y sesgos en favor de la privatización de la sanidad, mal llamada colaboración público-privada, van contra los acuerdos del Botànic y, además, devalúa la gran labor y el compromiso que demuestran, diariamente, las más de 57.000 trabajadoras y profesionales de la sanidad pública valenciana ante la Pandemia de la Covid-19.

En el ámbito personal, cualquier persona es libre de profesar las creencias, que le plazcan; pero las manifestaciones públicas vertidas como alto cargo público y en el ejercicio de sus funciones, resultan como mínimo improcedentes, restan credibilidad a la acción del gobierno, al que se debe, ponen en entredicho los contratos electorales, los pactos de los partidos que integran el gobierno del botánico y generan confusión y desánimo en el electorado.