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San Miguel reclama 10 millones de deuda a los propietarios de suelo de la macrourbanización abandonada de Los Invernaderos

El municipio liquida las cuotas de construcción adeudadas desde hace 11 años para intentar reflotar el proyecto de 1.700 casas. El plan Los Invernaderos, sobre medio millón de metros e impulsado por el polémico constructor Ramón Salvador, carece de suministro eléctrico

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Aspecto del plan parcial Los Invernaderos de San Miguel de Salinas, invadido por la maleza y abandonado, y donde estaban previstas 1.700 viviendas

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas acaba de reclamar la liquidación de 10 millones de euros en cuotas de urbanización a los propietarios de terrenos del plan urbanístico Los Invernaderos. Lo hace una década después de que se llevara a cabo la construcción de viales, equipamientos, zonas verdes y servicios básicos de este sector, que iba a albergar 1.700 viviendas en la zona de ampliación del casco urbano de San Miguel. La mayor parte de la urbanización sobre medio millón de metros cuadrados está abandonada y vallada. Solo se construyeron tres bloques de cuatro alturas. Este plan urbanístico comenzó a fraguarse con una reclasificación de suelo rústico al margen las normas urbanísticas de San Miguel a principios de los años 2000, en pleno boom del ladrillo, como expansión del casco urbano. Era el futuro de riqueza y generación de empleo de San Miguel de Salinas, en palabras de su por entonces alcalde Ángel Sáez. La Generalitat aprobó el plan en 2004. La obra de urbanización se desarrolló entre 2006 y 2008 y crisis inmobiliaria hizo el resto: apenas se han levantado viviendas y el agente urbanizador no pudo pagar los créditos que comprometió para ejecutar la urbanización.

Los daños por el abandono de una década se cifran en cientos de miles de euros. Vertederos y maleza se alternan con mobiliario destrozado por actos vandálicos y robos. Tony Sevilla

La liquidación de las cuotas exigida por el Ayuntamiento ahora -lo ha anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia- llega después de que retirara la condición de agente urbanizador a la agrupación de propietarios inicial por incumplir las condicione de la ejecución del plan. No está nada claro cómo es posible que en 2009, bajo gobierno del PP, el municipio diera el visto bueno el plan de reparcelación sin que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) aportara estas cuotas de urbanización millonarias, fijada por la ley para que los propietarios del suelo aporten los costes de urbanización en proporción al suelo urbano que obtienen.

La mayor parte de los terrenos integrados en la propuesta de la AIU, estaban en manos, con otros socios, del polémico constructor Ramón Salvador -cuyas empresas deben a Hacienda más de 40 millones de euros-. El empresario dejó hace unos meses las sociedades que figuran como principales propietarias Fincas Altabix 2000 y Mira Llevant Residencial, en manos de uno de los socios oriolanos que impulsó el proyecto. Solo ocho de las treinta cinco fincas urbanas del plan -la mayoría cuenta con más de 9.000 metros cuadrados cada una- pertenecen a particulares o empresas ajenos a Fincas Altabix o Mira Llevant. Y esos particulares, que se vieron obligados a integrarse en el plan, sí pagaron con suelo o en metálico las cuotas.

El promotor logró en los juzgados privatizar la rambla La Escribana, soterrándola -computando el suelo como parque-. El colector es insuficiente para asumir las aguas. Tony Sevilla

Aval e interés por los saldos

¿Y ahora qué? El alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) aclaró que la mayor parte del suelo pertenece al Sareb. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como banco malo, que compró a los bancos -con ayudas públicas- sus activos con problemas ligados al sector inmobiliario. Bancos que prestaron créditos a promotores que no los pudieron pagar, como es el caso de Los Invernaderos. Fresneda cree que existe interés del sector por asumir las cargas de urbanización pendientes. Si finalmente se produce esa liquidación y se puede entregar el desarrollo a un nuevo agente urbanizador el Ayuntamiento ejecutará el aval entregado en su día -que no cuantificó- para sufragar las graves deficiencias que presenta la zona, visibles desde la CV-95, tras una década de abandono. Zonas verdes, dotacionales, alumbrado y el auditorio al aire libre, que el promotor vendió como «mejora» del proyecto están impracticables, repletas de escombros, residuos y maleza.

Pero todavía, si finalmente el negocio inmobiliario pretende asumir las liquidaciones y adquirir las fincas a precio de saldo -que es su objetivo final-, hay otros problemas, y no pequeños, por resolver. El Ayuntamiento otorgó las licencias para comenzar sin que contara con suministro eléctrico garantizado. La capacidad de la red del casco urbano es insuficiente. «Iberdrola tiene que realizar un tendido desde la subestación de la Marquesa -a varios kilómetros del municipio-hasta la urbanización». Fresneda no aclaró cómo se va a financiar la red y aludió de forma genérica a un convenio entre la empresa y el municipio. Los promotores también eludieron en su día ubicar la depuradora para dotar a la nueva zona residencial que aparecía en el proyecto de urbanización -con lo que ganaron más suelo urbano-. Hace unos años el municipio parcheó esta irregularidad ampliando la depuradora antigua junto al cementerio

11 años después de la urbanización del sector solo hay hay levantados 4 bloques de las 1.700 casas previstas.La puesta a punto del sector supondrá la inversión de cientos de miles de euros por daños en actos vandálicos, robos y falta de mantenimiento.

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El promotor logró en los juzgados privatizar la rambla La Escribana, soterrándola -computando el suelo como parque-. El colector es insuficiente para asumir las aguas. Tony Sevilla

La rambla privada

Y otro problema más: El urbanizador inicial logró por vía judicial soterrar una rambla e integrarla en plan como suelo privado en contra del criterio de la Confederación y con la oposición vecinal y de IU -ahora en el gobierno municipal-. Unos 80.000 metros cuadrados del barranco de La Escribana son ahora el principal espacio central de zona verde de la urbanización. Sin embargo, la rambla, que suele mantener un curso de agua permanente, ha reclamado «sus escrituras». Las dos últimas durante la DANA de septiembre del año pasado y con el azote del temporal Gloria el pasado invierno. El encauzamiento soterrado y el superficial fueron insuficientes y el arrastre se llevó por delante parte del equipamiento que queda sin vandalizar en la zona verde.

El gobierno del PP vendió la reclasificación de los bancales de almendros como la garantía de futuro del municipio y autorizó la actuación sin suministro eléctrico, asumiendo la ocupación de una rambla y "perdonando" la construcción de la depuradora

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El promotor logró en los juzgados privatizar la rambla La Escribana, soterrándola -computando el suelo como parque-. El colector es insuficiente para asumir las aguas. Tony Sevilla

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