La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha remitido sus alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Aguas del Gobierno de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page. El texto legal se encuentra actualmente en periodo de exposición pública pero el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig se ha opuesto a su aprobación, fundamentalmente al entender que es contrario a Derecho e invade competencias exclusivas que solo le corresponde ejercer al Estado.
El paquete de alegaciones elaborado por los servicios técnicos y jurídicos de la Conselleria que dirige Mireia Mollà ha sido «consensuado, coincidente y compartido» por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Tanto los usuarios como las entidades que lo constituyen también reclaman la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda de la nueva legislación en trámite.
Desde el Gobierno valenciano se advierte de que ambos apartados del articulado exceden las competencias de la Administración autonómica, además de incluir exigencias que conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Un aspecto esencial para evitar recortes futuros en el envío de recursos hídricos de la cuenca castellana a la valenciana. Entre otros motivos porque la disposición adicional segunda somete el acuerdo y ejecución de las cantidades hídricas transferidas por el comité técnico de explotación, a un informe preceptivo no vinculante pero obligatorio por parte de la Agencia del Agua de Castilla la Mancha.
Conflicto competencial
Este pronunciamiento -se señala desde la Conselleria de Agricultura- entra en conflicto competencial con lo recogido en el artículo 149 de la Constitución Española sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una Comunidad Autónoma, así como con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Además, la nueva exigencia ralentizaría los tiempos al establecer un plazo de 15 días -posterior al dictamen de la transferencia proyectada por la comisión técnica- para elaborar el citado informe.
Las alegaciones se presentaron ayer ante la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y entre los argumentos expuestos por el Consell se rechaza la disposición adicional primera del anteproyecto al « habilita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a solicitar encomiendas de gestión a las Confederaciones Hidrográficas para el control de los caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales, supone -al menos en lo que respecta al río Tajo- una apropiación de competencias que ostenta el Estado». Una medida que para la Conselleria de Agricultura supone «una clara invasión de competencias estatales -por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha- supondría de facto el control de los caudales de los aprovechamientos, mediante una gestión de los caudales de la cabecera del Tajo que permitiera manejar los mismos influyendo en las reglas de explotación del trasvase». Asimismo, desde el Ejecutivo de Ximo Puig se pone el foco sobre las «trabas burocráticas» que se derivan del marco legal que la Comunidad Autónoma vecina pretende aprobar. En este sentido se indica en las alegaciones que «el anteproyecto sometido a información pública pretende una clara invasión de la Comunidad en materia reservada al Estado. En concreto, el requisito de informe previo preceptivo que se introduce en la disposición adicional segunda. La forma en que está planteada la exigencia de informe previo en dicha disposición constituye una traba burocrática más, para que los órganos competentes acuerden las transferencias de agua a través del trasvase. Se pretende introducir la obligatoriedad de emisión por la Comunidad de un informe preceptivo, aunque no vinculante, para evitar incurrir en infracción de la reserva de competencias al Estado».
Una vez presentadas las alegaciones, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha deberá emitir una resolución que podría dar lugar a un largo proceso jurídico en la lucha por un recurso cada vez más escaso en la Península Ibérica.
MIREIA MOLLÀ ANUNCIA SU «TOTAL OPOSICIÓN» A CUALQUIER RECORTE DE AGUA PARA LA PROVINCIA
La consellera considera que el anteproyecto de la nueva ley es un «intento más de manipular las reglas establecidas»
La consellera Mireia Mollà manifestó ayer que la nueva ley que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha «es un intento más de manipular las reglas de explotación establecidas» y ha expresado su «total oposición a cualquier propósito que altere y comprometa el agua en el sur de la Comunidad Valenciana». A su juicio, la primera disposición adicional también puede considerarse como una «apropiación de competencias estatales» dado que permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la gestión y control de los caudales de la cabecera del Tajo, de cuyos niveles depende la transferencia hídrica, modificando así lo establecido en el Memorándum Tajo-Segura. Además, tal y como ayer destacó la consellera, el anteproyecto que se está tramitando señala entre sus objetivos «garantizar la intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma», una declaración de intenciones que fundamenta las alegaciones presentadas y compartidas por la Conselleria de Agricultura y el Sindicato Central de Regantes.
Todo ello ha llevado a la consellera a indicar que «queda claro que se pretende influir en el funcionamiento de las reglas del trasvase mediante la introducción de un informe innecesario, ya que se trataría de que la propuesta de la Comisión Central de Explotación relativa a la autorización de cualquier trasvase debería remitirse a la Agencia del Agua, y que ésta dispondría de quince días hábiles para emitir su informe». Mollà lo había anunciado con anterioridad pero es la primera vez que actúa de forma contundente en defensa del trasvase Tajo-Segura.
