La okupación de viviendas es un problema que preocupa, y mucho, a los ciudadanos. En Callosa de Segura, un municipio donde han aumentado exponencialmente las usurpaciones y allanamientos de morada por parte de los okupas, quieren ponerle coto a esta práctica ilegal pero poco penada. El Ayuntamiento anunció la creación de una comisión «antiokupas» con fuerzas de seguridad y agentes sociales para luchar contra la okupación y la sobreocupación y hacinamiento en los llamados «pisos patera», que esta semana ha arrancado y que ya tiene las primeras decisiones dentro de las competencias que tiene una administración local en este problemático asunto. El consistorio habilitará un canal de comunicación -una línea telefónica y se estudia también un correo electrónico- para que los vecinos denuncien una okupación de vivienda nada más se produzca y la policía pueda acudir de inmediato, algo vital para poder sacar a los okupas de la casa a la que entran.
El consistorio iniciará en los próximos días una campaña informativa para dar a conocer ese canal de comunicación inmediato para denunciar las okupaciones. «Queremos implicar a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de allanamiento u okupación en el momento en el que se produzca, porque la inmediatez en lo más importante en este caso ya que una vez están dentro los okupas es difícil sacarlos con el código penal por delante, por lo que vamos a tratar de prevenir esas okupaciones ilegales», explicó a INFORMACIÓN el alcalde callosino, Manuel Martínez.
Una vez que cualquier vecino, de forma anónima llame a ese número de teléfono se personará inmediatamente la patrulla de la Guardia Civil o de la Policía Local más cercana, fruto del acuerdo al que ha llegado el consistorio callosino con los cuerpos y fuerzas de seguridad. El regidor ha iniciado ya las mesas de trabajo con las primeras reuniones con quienes formarán parte de esa comisión. Ayer se reunió ayer con el decano del colegio de abogados de Orihuela, Manuel Almarcha y con el juez decano de Orihuela, Miguel Rivera, y el jueves lo hizo con el inspector jefe de la Policía Nacional en Orihuela, Juan Manuel España, con el jefe del puesto principal de la Guardia Civil de Callosa, Ginés Riquelme y con el intendente de la Policía Local, Juan Antonio Sánchez.
Nuevo modelo de atestado
Una de las principales conclusiones a las que han llegado es la mejora de los protocolos y de los informes y atestados para ofrecer mayor información a la Justicia. «Vamos a elaborar un modelo de informe y de atestado para que los usen los agentes de la Policía y de la Guardia Civil con el objetivo de que sean los más precisos posibles cuando los emitan tras actuar en la okupación de una vivienda, ya que los jueces ponen muchas veces la pega de que esos informes llegan con datos muy vagos e imprecisos y esto ralentiza la actuación de la Justicia», señala Martínez.
Esos atestados incluirán datos precisos como quién es el propietario de la vivienda, la referencia catastral , si ha habido violencia al entrar, el número de okupas o si han enganchado la luz o el agua. «Cuantos más detallado sea el informe, los jueces pueden emitir medidas cautelares más rápidamente para desalojar a los okupas», dice el regidor.
El alcalde de Callosa aplaude la última instrucción de la Fiscalía General del Estado para unificar criterios de actuación del Ministerio Público ante los allanamientos de morada (primera o segunda residencia) y las usurpaciones (viviendas en desuso, como las de bancos o fondos). Pero quiere que se de un paso más con la modificación del código penal para aumentar las penas por usurpación de viviendas, un delito ahora leve. Para ello propondrá a los diputados de su partido en Madrid la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa. «Las usurpaciones, casas de bancos por ejemplo, son las que más molestias causan a los vecinos y aquí lo vemos con el problema que tenemos en la urbanización La Monsina», señala Manuel Martínez. En los próximos días se reunirá, precisamente, con las entidades bancarias que tienen patrimonio inmobiliario en el municipio para pedirles permiso para que el Ayuntamiento pueda tapiar esas viviendas en desuso «aunque después les pasemos el coste».
En cuanto a los «pisos patera» el regidor se reunirá con administradores de fincas para que se lleve a cabo una modificación de los estatutos de las comunidades de propietarios que prohiban explícitamente la sobreocupación de las casas. No obstante, el regidor animó a los vecinos que conozcan casos a que los denuncien a la Policía «para que puedan ir y denunciar al arrendador o a quien esté subarrendando esas viviendas».
