La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de La Marina Baixa ha expresado su rechazo frontal a la declaración de sobreexplotación de seis acuíferos de la provincia que pretende aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica. Los regantes alertan sobre una medida que puede generar un desabastecimiento hídrico en una amplia extensión del territorio alicantino si no se garantiza antes la llegada de los caudales del controvertido trasvase Júcar-Vinalopó. Una aspiración que, en cualquier caso, debe concretarse con la firma de un convenio que lleva años bloqueado en Madrid. Se trata de un nuevo episodio de la «guerra del no agua» del que depende el abastecimiento de 1.500.000 habitantes y el riego de 90.000 hectáreas de cultivos.
La «declaración en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo hídrico» que la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) quiere sacar adelante el próximo martes en València afecta a las masas de aguas subterráneas de Villena-Benejama, Peñarrubia y de las sierras del Reclot, Castellar, Salinas y Crevillente. Su aprobación supondría el cierre efectivo de numerosos pozos con el fin de evitar que los acuíferos terminen secándose y desalinizándose por una extracción de agua desmesurada. De hecho, en los últimos años se han tenido que sellar varios pozos al esquilmarse sus recursos. La Confederación del Júcar quiere evitar que se siga sacando agua para que los acuíferos puedan recargarse. En la actualidad casi todos los sondeos superan los 300 metros de profundidad y en las comarcas del Vinalopó el nivel del agua desciende cinco metros cada año. Una circunstancia que reduce la calidad del agua e incrementa el coste energético necesario para la extracción. Por eso en los últimos treinta años el 70% de la rica y variada agricultura del Vinalopó se ha perdido.
La Junta de Usuarios comparte con el Ministerio la necesidad de reordenar las aguas subterráneas antes de alcanzar una situación irreversible. De hecho, esta entidad se fundó con ese objetivo en 1998 al amparo del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar. Desde entonces sus responsables han exigido en reiteradas ocasiones la adopción de acciones concretas para evitar la «muerte» de los pozos del Vinalopó. Pero antes de que se decrete su cierre instan al Gobierno a desbloquear la firma del convenio que garantice la transferencia de recursos hídricos del Júcar al Vinalopó. Lo consideran un «requisito indispensable» para recibir caudales alternativos que les permitan sustituir el uso de aguas subterráneas.
En el único informe que se aporta para justificar la propuesta de la CHJ se estima el recurso de agua disponible en el Sistema Vinalopó-Alacantí en 48 hm3/año, mientras que los usos actuales se sitúan en 113 hm3/año. Así pues, con el objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas, se establece la obligación de reducir gradualmente el volumen de extracciones hasta 48 hm3/año en el horizonte de 2027.
«Es indudable, por tanto, que la reducción de extracciones no solo ha de ser gradual sino que ha de aplicarse simultáneamente a las medidas previstas en el propio Plan Hidrológico. La solución a la sobreexplotación es la prevista en el propio Plan y pasa, fundamentalmente, por poner en funcionamiento ordinario el trasvase del Júcar en los términos que se prevén. Una solución muy alejada de la declaración de la situación en riesgo de determinadas masas de agua que ahora pretende llevar a cabo la Confederación», puntualizaba ayer el portavoz de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina, para quien «el verdadero problema no resuelto por la Administración es la puesta en marcha del Júcar-Vinalopó». Pero los regantes también denuncian que no se ha incoado ningún expediente previo ni se ha informado a los usuarios afectados. Consideran, además, que se están vulnerando los principios de igualdad y equidad porque se quieren aplicar unas medidas restrictivas en relación a las extracciones exclusivamente del Sistema Vinalopó-Alacantí, en la demarcación del Júcar, sin aplicar idénticas medidas en la demarcación del Segura o de la Mancha Oriental. A ello se añade el hecho de que hasta el próximo 30 de octubre no se cerrará el plazo de alegaciones a la revisión de los Planes Hidrológicos y cuatro de los seis acuíferos sobre los que el Ministerio pretenden intervenir están compartidos con la demarcación del Segura.
Desde la Confederación del Júcar no se ha querido hacer ningún comentario antes de celebrar la junta de gobierno y desde la dirección general del Agua solo se ha querido hacer una breve puntualización: «la Generalitat Valenciana apoyará aquellas medidas que sean legales y contribuyan al uso racional de los recursos naturales».
«Por los motivos expuestos exigimos que no se cierren los pozos sin traer antes agua del Júcar a la provincia. En caso contrario iremos a los tribunales y llevaremos el caso a Bruselas», afirma Urbina.
