El Conservatorio internacional de música, que gestiona la Generalitat Valenciana, ha abierto por primera vez sus puertas este mes de septiembre -desde que se terminó en 2011- para acoger a 110 alumnos de quinto y sexto de Primaria del Colegio La Inmaculada. Lo ha hecho sin contar con buena parte de sus instalaciones legalizadas, algo que debe verificar el Ayuntamiento de Torrevieja. Señal de que un objetivo común es capaz de remover cualquier obstáculo -y a administraciones de distinto signo político-. Ni el Ayuntamiento de Torrevieja, ni la Generalitat pusieron pegas a la nueva -y única- función que ha tenido el edificio de coste multimillonario en casi una década: La Generalitat ha cedido las dependencias a Educación y el municipio no ha puesto reparos a su carencia de licencia de actividad para ese uso urgente y condicionado por la necesidad de cumplir con las medidas covid. El Colegio Inmaculada está apuntalado y carecía de espacio para ubicar a buena parte de su alumnado y la Generalitat cedió las instalaciones que son responsabilidad de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.
El director general de Sociedad Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, explicó a INFORMACIÓN que «parece que las obras que se impulsaban en su día por la Generalitat Valenciana -en alusión a los mandatos del PP-, se hacían para construirse no para abrirse. El conservatorio ha estado cerrado sin abrir desde que se terminó en 2011» por lo que muchas de sus dependencias nunca iniciaron el trámite de legalización y el paso del tiempo ha empeorado esa situación. El contrato de legalización se ha adjudicado a una empresa local, Inurbe, entre tres ofertas de mercantiles especializadas. El importe total es de 12.000 euros.
La SPTCV tiene previsto con este servicio de consultoría y asistencia técnica la redacción de los proyectos y direcciones facultativas que permitan llevar a cabo legalizaciones «que tras las obras ejecutadas y la no apertura del edificio quedaron pendientes de legalización, e incluso ciertos proyectos caducan ya que la nueva normativa implica la realización de cambios en la instalación».
En este sentido deben revisarse, según señala el contrato formalizado esta semana, el centro de transformación, el grupo electrógeno, la instalación eléctrica de baja tensión, aparatos elevador o la instalación de agua potable y saneamiento, entre otras instalaciones.
Generalitat Valenciana y Ayuntamiento deben negociar en los próximos meses el futuro del complejo del Auditorio-Conservatorio que pasará a manos del municipio a finales de 2021.
