El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) se ratificó ayer en la denuncia en la que señala a la secretaria general del pleno, la oficial mayor y un funcionario Técnico de Administración General como perceptores de supuestos sobresueldos en la última década. Los tres funcionarios están siendo investigados en la causa y han sido citados a declarar. El alcalde lo hizo en su condición de denunciante en una comparecencia de unos 20 minutos en el juzgado de Instrucción 3 de Torrevieja. Tras su declaración le tocó el turno al director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Torrevieja, como testigo. Este funcionario, pero como cuando era interventor fue el que realizó en diciembre pasado el informe en el que basa Dolón (PP) íntegramente su denuncia. El primer edil se encontró con el documento sobre la mesa a principios de diciembre y explicó públicamente que su obligación era presentar el escrito directamente ante el juzgado porque se señalan delitos graves: malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. El alcalde presentó la denuncia sin un informe jurídico previo del Ayuntamiento -consultó a su abogado personal qué debía hacer y denunció porque podía incurrir en responsabilidad si no lo hacía-.
El asesor jurídico, que ha asegurado que hubiera denunciado como último responsable al alcalde si Dolón no hubiera llevado el asunto al juzgado, se extendió durante más tiempo en su declaración ante el magistrado de esa sala, en presencia de los abogados de las distintas partes.
La denuncia, siempre según la lectura textual que hizo el propio López en un pleno cuando todavía ejercía de interventor, dice que «le extrañó» al ocupar la plaza en agosto de 2019 que puestos de trabajo con una dotación económica de más de 75.000 euros no estuvieran ocupados. Y al realizar varias consultas al Registro Nacional de funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y a la dirección general de Administración General de la Generalitat constató que la secretaria general no trasladó al órgano competente un acuerdo del pleno del 25 de abril de 2008 del Ayuntamiento en el que se aprobaba la provisión de una plaza de director de asesoría jurídica y otra de habilitado para el órgano de apoyo de la junta de gobierno.
Según la misma fuente, de esa falta de comunicación «dolosa», que se habría mantenido hasta la fecha, y que supuestamente conocían también los otros dos funcionarios, se beneficiaron los tres cargos con aumento de retribuciones y justificación de horas extra por desempeñar las funciones de los dos puestos no cubiertos durante toda la última década. En concreto la funcionaria oficial mayor, habría percibido 87.165 euros entre 2009 y 2019 en funciones de órgano de apoyo y otros 125.612 en horas extraordinarias en el mismo periodo. Por su parte, la secretaria, según el informe-denuncia, ha devengado 94.000 euros en horas extra entre 2009 y 2019 y finalmente el técnico de administración general como responsable de Recursos Humanos percibió en concepto de horas extra, derivado de las sustituciones del órgano de apoyo o asesoría jurídica 21.000 euros. Las retribuciones anuales de los tres funcionarios, según la denuncia en la que se ha ratificado hoy Dolón sobrepasan supuestamente las retribuciones del presidente del Gobierno, asimilándose a las que perciben magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional: la secretaria ha percibido 1.134.821 euros en estos últimos diez años -con una asignación situada entre 93.000 y los 114.000 euros anuales; la oficial mayor ha sido retribuida con 1.126.000 euros entre 2009 y 2019 y el técnico de administración general con 681.112 euros, con un incremento este último un 201% en la última década. En el procedimiento se ha aportado un documento en el que el entonces alcalde Pedro Hernández autorizaba a que la oficial mayor cubriera la vacante de órgano de apoyo. Según la documentación que figura en las diligencias las horas extra están validadas por el Ayuntamiento, al igual que las retribuciones, mientras que los puestos vacantes no comunicados los que se refiere la denuncia fueron publicados en cauces oficiales, según aparece en el DOGV. Estas declaraciones se han suspendido en dos ocasiones por una ampliación de la denuncia con un expediente en el que se recoge el cobro por parte de los tres funcionarios de horas extra por su labor durante la preparación de las citas electorales de 2019; y por el periodo de estado de alarma.
Las basuras
La denuncia se interpuso coincidiendo con los primeros pasos del actual equipo de gobierno para sacar el actual contrato multimillonario de las basuras en noviembre pasado. En concreto, el entonces interventor anunció que recogería «hechos graves» justo después de que uno de los funcionarios imputados informara en contra de externalizar la realización del pliego de condiciones de la recogida de basura y mantuviera que existían medios en el Ayuntamiento para realizar ese trabajo.
El procedimiento judicial ha tensado las ya complicadas relaciones del alcalde con buena parte del funcionariado -al decidir ubicar en los puestos clave de decisión personal de confianza en calidad de directores generales-, algo que se deja notar en el día a día de la gestión municipal. En este mandato ya se han cubierto las plazas de órgano de apoyo y la de asesor jurídico, vacantes desde 2007.
