El juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde José Manuel Butrón (PSOE) y la teniente alcalde Ana Belén Juárez (secretaria de igualdad del PSPV alicantino) por un delito continuado contra la integridad moral (acoso laboral), tres delitos de prevaricación y uno de cohecho.
La denuncia fue presentada por el jefe de Urbanismo del Consistorio, que ejerce la acusación particular, hace ahora 8 años. Además están encausados en el mismo procedimiento dos funcionarios, un ingeniero técnico y un secretario-interventor, que trabajaban en el Ayuntamiento de Los Montesinos en el momento de producirse los hechos.
La acusación particular pide en su escrito de calificación una pena de ocho 8 años de prisión y 25 de inhabilitación para ejercer cargo público. El Ministerio Fiscal la rebaja hasta un año de cárcel para cada uno de los acusados por un delito contra la integridad moral, inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo durante ese periodo y añade, además, una responsabilidad civil de 40.000 euros.
La acusación particular pide en su escrito de calificación una pena de ocho 8 años de prisión y 25 de inhabilitación para ejercer cargo público
La denuncia se interpuso en 2012 por los presuntos «ofrecimientos de aumentos retributivos» por parte del alcalde José Manuel Butrón al denunciante, el jefe de Urbanismo a cambio supuestamente «de la tolerancia y silencio del mismo respecto a las irregularidades urbanísticas denunciadas, en torno a la discoteca Revival y determinadas naves industriales de Los Pérez. El escrito de acusación dice explica cómo el alcalde intentó presuntamente «aumentar escandalosamente su salario; denuncia que el primer edil retiró tras reconocer ante diversos testigos que la misma era falsa. Ahora esos testigos han depuesto en fase de instrucción; confirmando que todo era una treta del primer edil para tapar su propio y presunto intento de cohecho sobre el Jefe de Urbanismo.
En cuanto al delito de acoso laboral la instrucción recoge un supuesto proceso «de hostigamiento iniciado a fin de lograr que el jefe de Urbanismo abandonara su puesto de trabajo», también desde que se negara al aumento salarial y a obviar las irregularidades urbanísticas, acreditados «documentalmente» y con «grabaciones y con informes periciales», presuntas modificaciones «ilegales» de la Relación de Puestos de Trabajo, «vaciado del puesto de trabajo y traslado del Jefe de Urbanismo a un cuarto prefabricado alejado de todo contacto humano, degradación funcional, desprestigio público, ataques contra la intimidad, aislamiento social, presentación de denuncias penales falsas y archivadas -hasta un total de 7-, además de amenazas. Según refleja el procedimiento las principales «amenazas» se produjeron cuando el denunciante «tenía que aceptar en el nuevo Plan General que los terrenos de una importante mercantil sitos en Los Pérez eran urbanos», cuando se construyeron en suelo no urbanizable.
Según la denuncia el alcalde intentó que el funcionario no informara sobre las naves ilegales de una empresa en la zona de Los Pérez
Expedientes disciplinarios
Los tres delitos prevaricación se corresponden a uno por «cada expediente disciplinario injusto abierto» al denunciante. La prevaricación consistió en que, presuntamente, los cuatro acusados alteraron «arbitrariamente el procedimiento administrativo para la apertura y tramitación de expedientes sancionadores; concertando la eliminación del informe preceptivo del secretario/técnico de personal y su sustitución por el informe de un letrado externo que, además, era el abogado de otro de los acusados». Además, señala en esta caso el escrito de acusación particular «previo pago a dicho abogado de parte de hasta 5.310 euros por informe, y sin que el contenido del documento».
Los delitos que señala el auto de apertura de juicio oral -fechado el pasado lunes- coinciden con la calificación de la acusación particular -el funcionario denunciante- algo contra lo que han recurrido los acusados, pidiendo que se ciña a la calificación de la Fiscalía. La juez Juana López Hoyos, sin embargo, ha rechazado modificar su escrito reiterando esa calificación. El Ministerio Fiscal no ve en la instrucción el cohecho ni la prevaricación pero sí un delito continuado contra la integridad moral -acoso laboral-.
El código ético socialista
José Manuel Butrón es el alcalde más veterano de la comarca de la Vega Baja en el cargo. Preside la Corporación desde que se constituyó el municipio segregado de Almoradí a principios de los años noventa con sucesivas mayorías absolutas, a excepción de su primer mandato. El código ético del PSOE señala que cualquier cargo público al que se le abra juicio oral por un delito contra la integridad moral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia. Algo que afecta al primer edil y la concejala y secretaria provincial de Igualdad Ana Juárez.
