El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó ayer el presupuesto municipal de este año con los votos de la mayoría absoluta del PP y la concejal de Ciudadanos, la abstención de Vox, y el rechazo del PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja. Las cuentas municipales, que llegan con nueve meses de retraso y una resolución judicial que obligó a exponerlas por segunda vez al público, ascienden a 117 millones de euros, el más elevado de la historia del municipio.

El presupuesto local ha rondado en los últimos años los 90 millones. El aumento, diseñado antes de la pandemia, se explica en la necesidad de financiar el nuevo servicio de recogida de basura y limpieza viaria que se «comerá» en torno a 25 millones de euros al año de gasto corriente. Un contrato que está en fase de licitación y baremación y que podría recibir ahora el empujón final tras meses de demora.

El concejal de Hacienda, Domingo Paredes (PP), no abundó en los detalles de las cuentas a la hora de defenderlas, más allá de recordar que permitirán la contratación de sesenta nuevos empleados municipales -la mitad para ampliar la muy mermada plantilla municipal- o para sufragar la puesta en marcha externalizada de las escuelas deportivas. También aseguró que el presupuesto se ha hecho con la participación de los grupos políticos y los ciudadanos pese a la resolución judicial, con medidas cautelarísimas, que señaló justo lo contrario. Olvidó mencionar el concejal del área que no hay tiempo material para desarrollar las inversiones financieramente sostenibles como la remodelación del paseo Vista Alegre o la reforma del Palacio de los Deportes -tampoco con presupuestos prorrogados en 2021-. Andrés Navarro (PSOE), Israel Muñoz (Los Verdes) y Pablo Samper c0incidieron en cuestionar los presupuestos, elaborados antes del mes de marzo, sin considerar el impacto de la crisis sanitaria y sus derivaciones económicas. Por ejemplo, Muñoz indicó que las previsiones de ingresos por licencias de viviendas eran mayores que en 2019, al igual que las estimaciones por distintas tasas, mientras que se mantienen todas las partidas dedicadas a fiestas -que no se han celebrado o que solo lo han hecho de forma muy testimonial desde el mes de marzo-.

El pleno comenzó a las cinco de la tarde y culminó al filo de la medianoche. El debate sobre la aprobación de un acta se prolongó durante una hora. El alcalde suprimió los turnos de réplica en el debate del presupuesto.

Pilar Gómez Magán (Cs) dijo que aprobaba las cuentas municipales por responsabilidad y para que Torrevieja contara con presupuesto -aunque su voto no decidía el resultado-, además de recordar que recoge la financiación creación de la sede torrevejense de la UNED, un empeño personal de la edil desde 2015. El mismo sentido expresó la edil de Vox Carolina Vigara sobre la falta de coincidencia de los presupuestos con la realidad social de la ciudad en estos momentos, tras la crisis del covid.

Antes, en el punto número dos del orden del día, se abordó el visto bueno del acta de la sesión de mayo pasado en la que se aprobó provisionalmente el presupuesto. Este acta ya había quedado sobre la mesa en el pleno anterior porque el PP considera que no traslada la realidad de lo que sucedió en aquella sesión telemática, lo que generó un insólito debate entre el primer edil Eduardo Dolón y la secretaria en el pleno de agosto y que ayer volvió a reproducirse. El acta

La edil y portavoz el PP, Rosario Martínez Chazarra, aseguró que durante aquella sesión el alcalde sometió a votación la «inadmisión» de la suspensión cautelar de la propia sesión, término que usó en el primer edil en trece ocasiones. Y el acta de la secretaria refleja que se rechazó tanto la suspensión cautelar como los recursos presentados por Los Verdes y PSOE contra la celebración de ese pleno.

La secretaria general del pleno intervino -cuando el alcalde se lo permitió- para aclarar y reiterar, como ya hizo hace un mes, que considera que su acta es correcta. Subrayó que si el alcalde convoca por decreto los plenos es el primer edil el que debe rechazar los recursos -lo que incluye la petición de suspensión cautelar- con otro decreto. Y no incorporando un punto en el orden del día que no aparecía en la convocatoria.

Finalmente, tras casi una hora de debate, Dolón sometió el asunto a votación. La oposición reclamó que explicara qué se había votado. El alcalde dijo que la oposición había votado a favor de aprobar el acta de la secretaria y el PP en contra. Y luego tuvo que aclarar que el acta de la secretaria queda sin aprobar -porque los votos del PP son mayoría-.

Ayer no se aclaró si esa falta de aprobación del acta podría tener alguna consecuencia en la entrada en vigor de los presupuestos, que podrían estar publicados en el Boletín Oficial el próximo lunes. El alcalde, Eduardo Dolón, que veía que el debate se iba acercar a la medianoche, negó una petición de receso de la edil de la oposición Fanny Serrano en este sentido.

La sesión dio el visto bueno a la suspensión de tasas por ocupación de vía pública, que avanzó INFORMACIÓN, y que el PP asegura que tendrá vigencia hasta la elaboración de una nueva regulación. Los hosteleros, comerciantes y feriantes estarán exentos de pagar por la instalación de sillas y mesas y productos en la vía pública.

CARA A CARA


Reencuentro tras los juzgados


El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) se ratificó el martes en el juzgado en una denuncia en la que señala por cinco delitos a la secretaria general del pleno, Pilar Vellisca. Un asunto que en el juzgado podría tener un recorrido limitado porque la denuncia, basada en un informe de Intervención, se basa en supuestas irregularidades administrativas. La fedataria acudió ayer a declarar como investigada por esta causa. Horas después, alcalde y funcionaria se encontraron en la sesión plenaria - mediaban 1,5 metros de distancia social-. Ambos mantuvieron el tipo. El alcalde negó la palabra a la funcionaria habilitada nacional en varias ocasiones hasta el punto de indicar que él era el que «dirigía el pleno». La secretaria intervino para reiterar que las actas del pleno son de su responsabilidad que recogen no solo la transcripción literal de lo que se dice, también su traslado jurídico.