Las arcas del Ayuntamiento de Orihuela se desprenderán de 4.747.388 euros para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que le obliga a pagar esa cantidad a la mercantil Urbaser en concepto de indemnización después de que en 2007 el consistorio gobernado por la entonces alcaldesa popular Mónica Lorente aprobara en pleno declarar desierto el concurso a pesar de que un año antes, con el popular José Manuel Medina en la alcaldía, había resultado adjudicataria esa empresa. El pleno aprobó ayer, con los votos favorables del PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE (Cambiemos votó en contra) aprobar un crédito extraordinario que modifica el presupuesto de este año para pagar los 4,7 millones a Urbaser.

Esa adjudicación en 2006 dio origen al caso Brugal después de que el polémico empresario Ángel Fenoll hiciera públicas unas cintas grabadas por él con las que pretendía demostrar que dicho concurso estuvo amañado, lo que llevó al exalcalde Medina a paralizar la adjudicación y, un año después, a su sucesora a declararla desierta, decisión que los tribunales dictaron en 2011 que fue arbitraria e injusta. Lorente adjudicó, precisamente, el servicio a la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, formada por tres empresas, que, según las investigaciones del Brugal, dos de las cuales eran negocios de testaferros de Fenoll, quien siguió gestionando los residuos en su planta de Proambiente.

Tras la sentencia absolutoria para todos los acusados del caso Brugal el pasado mes de junio, ayer la oposición no se guardó reproches para recordar que las basuras han hecho famosa a Orihuela y no por buenos motivos. Una de las más contundentes fue la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, quien señaló que «la corrupción siempre tiene coste para los ciudadanos» tras recordar que el portavoz del PP, Rafael Almagro, dijo tras la sentencia del Brugal que la trama «no había tenido coste para Orihuela», indicó Gracia, quien lamentó que «tenemos que pagar la corrupción y las malas decisiones de gobiernos anteriores».

Incómodo

El PP, visiblemente incómodo por este punto plenario para abonar una sentencia por una decisión injusta, según los tribunales, tomada por anteriores concejales de su partido, no se detuvo mucho en este asunto y su portavoz, Rafael Almagro, tras explicar los motivos para solicitar el crédito extraordinario, se limitó a decir que el acuerdo adoptado en 2007 «fue una decisión mal tomada que ha tenido consecuencias económicas». Por su parte, el edil de Cambiemos, Javier Gracia, le instó a presentar una responsabilidad solidaria para que se hagan cargo del pago de los 4,7 millones los concejales del PP que votaron dejar desierto el concurso en 2007 «para así intentar recuperar ese perjuicio para el Ayuntamiento», guante que no recogió Almagro.

La mercantil Urbaser tenía desde 2011 reconocido por el Tribunal Superior de Justicia el derecho a ser la adjudicataria del contrato de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos y limpieza viaria de Orihuela y desde ese momento la empresa podía reclamar al Ayuntamiento la indemnización, potestad que ejercieron y en la que pedían una indemnización millonaria. La cruzada en los juzgados entre Urbaser y el Ayuntamiento de Orihuela se ha librado durante más de una década, y desde 2011 la empresa ha peleado por esa indemnización por la que llegó a pedir cerca de 10 millones de euros y por la que le fueron reconocidos 7,5, que finalmente los servicios jurídicos del consistorio oriolano han conseguido reducir a esos 4,7 millones dictados por un el juzgado de lo Contencioso de Elche en 2019 y ratificados por el Tribunal Superior de Justicia el pasado mes de marzo. La firma rechazó en 2012 el ofrecimiento del exalcalde de Los Verdes Monserrate Guillén de retomar el servicio para evitar pagarle la indemnización fijada entonces por un juzgado en casi 7,5 millones.

Así que, 14 años después de que se le adjudicara el contrato de recogida de basura,la mercantil Urbaser va a cobrar una millonaria indemnización por un servicio que nunca llegó a prestar ya que, aunque fue la empresa adjudicataria del servicio en 2006, José Manuel Medina, paralizó su ejecución por las escuchas desveladas por Fenoll, y que un año después, en 2007, la exalcaldesa Mónica Lorente decidió declarar desierto el concurso.