Pisos de 50 metros cuadrados en los que conviven, a duras penas, 10 personas. Inquilinos, sobre todo extranjeros y sin papeles, que se hacinan en una vivienda en condiciones higiénicas deplorables, donde llegan a pagar por horas la utilización de un colchón tirado en el suelo. Un arrendatario que, a su vez, subarrienda, sin ningún control y saltándose la normativa, a otras personas las habitaciones. Es la radiografía de los llamados «pisos patera» un problema, el de la sobreocupación de viviendas, que está arraigado en varios municipios de la Vega Baja. Y donde se une otro factor, el de los propietarios de viviendas que las alquilan a sabiendas de que, probablemente, se convertirá en «piso patera». Sobre estos últimos es contra los que tiene previsto actuar el Ayuntamiento de Callosa de Segura para erradicar la proliferación de esas viviendas con sobreocupación.
La fórmula que va a utilizar el ayuntamiento callosino con quienes estén permitiendo la sobreocupación es la de remitir esa información a la Agencia Tributaria para que actúe contra esas personas que están incumpliendo la normativa y que no están declarando el arrendamiento a varias personas. Es una de las medidas que el Ayuntamiento ha acordado tras reunirse ayer con los representantes de las administraciones de fincas, quienes pidieron al alcalde, Manuel Martínez Sirvent, que actúe para acabar con esa práctica ilegal. El regidor señaló que «desde el Ayuntamiento, como dijimos, vamos a poner en marcha el teléfono para los vecinos y desde los representantes de las administraciones de fincas nos instan a actuar, y así lo vamos a hacer, contra los propietarios de pisos que estén permitiendo la sobreocupación».
El ayuntamiento callosino ha creado una comisión que cuenta con fuerzas de seguridad y agentes sociales para luchar contra la okupación y la sobreocupación y hacinamiento en los llamados «pisos patera». Esa mesa de trabajo, además, cuenta con la participación de partidos políticos, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y asociaciones vecinales para erradicar la proliferación de viviendas ocupadas de manera ilegal, ante el desespero de sus propietarios, y con el hacinamiento que se produce en viviendas con habitaciones realquiladas. Hasta la fecha se han realizado seis reuniones de trabajo con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Judicatura y Abogacía, empresas de suministros, agentes sociales, administradores de fincas y entidades bancarias.
Trámites
Martínez adelantó que «vamos a seguir trabajando porque aún nos quedan algunos puntos que tratar sobre todo para iniciar el proceso y los trámites para intentar cambiar la legislación en España». En la reunión con los agentes sociales la pasada semana se puso sobre la mesa que el problema de la okupación y sobreocupación en el municipio no es nuevo y entidades como Cruz Roja llevan alertando de la situación desde 2018.
La sobreocupación de viviendas no es solo un problema que molesta a los vecinos de los edificios donde se produce, sobre todo afecta a quienes tienen que vivir hacinados bajo un mismo techo y en condiciones muy precarias, que necesitarían una solución habitacional. Estos «pisos patera» se localizan principalmente en algunos barrios del centro del municipio, en edificios de viviendas construidas entre las décadas de los 50 a los 70 del siglo pasado, y también en los de la falda de la Sierra de Callosa. Son viviendas humildes ocupadas hasta por 8 o 10 personas que apenas comparten medio centenar de metros cuadrados y que, en muchas ocasiones, viven en situación de insalubridad. Además, provocan molestias al resto de los vecinos que denuncian la entrada y salida de numerosas personas, que dejan portales abiertos todo el día y provocan ruidos.
