El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha reabierto la causa que investiga las presuntas irregularidades de la contrata de la gestión del agua en Orihuela, en concreto de las prórrogas dadas a la empresa adjudicataria hasta 2038, y que fue sobreseída el pasado mes de enero por el Juzgado de Instrucción número 3, que es el que inició el proceso. El Ayuntamiento recibió el pasado lunes el escrito del juzgado anunciando la apertura de diligencias previas y le solicita la remisión de los contratos suscritos con la mercantil adjudicataria.

Tras la reapertura de la investigación penal, el edil Rafael Almagro (PP), presidente de la comisión no permanente para estudiar las prórrogas de los contratos con la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable en Orihuela dadas en 2001 y 2004, anunció la suspensión de la misma «hasta que haya una resolución del juzgado». El concejal explicó que había comunicado a los miembros de la comisión, de los distintos partidos políticos, que suspendía las reuniones «por el principio de la prejudicialidad penal, hasta que estas nuevas diligencias sean archivadas» algo que, dijo, «espero y confío».

Almagro acusó a Cambiemos, de quien partió la denuncia originaria por la presunta irregularidad de esas prórrogas, de haber sido el solicitante de la reapertura de diligencias en otro juzgado «en un juego trilero presenta nueva denuncia con los mismos datos y documentos para conseguir que otro juzgado investigue los mismos hechos ya juzgados y archivados». Las acusaciones de Almagro contra Cambiemos, que no ahorró en calificativos, no se quedaron ahí y también dijo de la formación que estaba cometiendo «un acto trilero», «improcedente», «irresponsable y desleal» y que acudía a «trampas» y «vericuetos».

Sin embargo, el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, no tardaba en negar que estuvieran detrás de la reapertura de las diligencias penales. Bernabé se mostró tan sorprendido como Almagro del escrito del juzgado, aunque con una opinión totalmente distinta puesto que se alegra de la reapertura. «No sé quién ha ordenado reabrir la causa, pero espero que la justicia llegue al final del asunto». Un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat dio por extinguido el contrato de concesión desde el 11 de noviembre de 2008, cuando terminó su vigencia de veinte años (se firmó en 1988). El órgano consideraba nulas las dos prórrogas que el Ayuntamiento dio a la concesionaria en 2001 (hasta 2018) y en 2004 (hasta 2038).