El Supremo exime a Torrevieja de gastar 9 millones en reurbanizar La Torreta III

Los propietarios llevan muchos años reclamando que el municipio se haga cargo de la reurbanización de este sector de Torrevieja, levantado entre finales de los setenta y principios de los ochenta, en función de la ley del suelo de 1976, y que es toda una referencia de lo que no se debe hacer en turismo residencial. Los vecinos acudieron ante el Supremo como último recurso después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) diera la razón al Ayuntamiento de Torrevieja frente a su reclamación histórica. Contra todo pronóstico habían ganado la primera batalla judicial en el juzgado de Lo Contencioso de Elche. Este último revés judicial da carpetazo al asunto de forma definitiva dando validez a los argumentos del equipo de gobierno de izquierdas durante el anterior mandato mantuvo que el Ayuntamiento nunca ha recepcionado formalmente la urbanización y por lo tanto no debe responder por sus graves deficiencias.

La exconcejal de Urbanismo, Fanny Serrano, lamenta que el actual alcalde "utilizara" a los vecinos durante el anterior mandato, cuando lideraba la oposición prometiéndoles la reurbanización a costa de los presupuestos municipales.

Un requisito urbanístico, la recepción, por el que la administración local da cuenta de que las infraestructuras y servicios se ajustan al proyecto aprobado en las licencias. Un criterio legal, según los vecinos, cuestionable, porque las sentencias reiteradas del propio TSJCV y otros órganos jurisdiccionales señalan que la recepción tácita ya es un hecho cuando las calles se abren a la circulación o se prestan otros servicios como el alumbrado y el municipio sí considera dentro de su responsabilidad mantener esas zonas. Aquel fallo que ahora ratifica el Supremo con su inadmisión aclara a los demandantes que si la obra urbanizadora «no está terminada, tiene fuertes carencias e incluso, problemas graves de ejecución, en ningún caso se puede hablar recepción tácita», que es lo que argumentan los vecinos.

La sentencia tiene derivaciones políticas. El actual gobierno del PP, en la oposición durante el anterior mandato, defendió a capa y espada la sentencia en primera instancia que condenaba al Ayuntamiento a asumir la reurbanización. Respaldó la presencia de los vecinos con camisetas reivindicativas en el pleno y aseguró a los residentes que si recuperaba el poder municipal asumiría la reurbanización. Sin embargo, cuando Eduardo Dolón volvió a la presidencia de la Corporación -y a la concejalía de Urbanismo- dijo que el asunto estaba en los juzgados y no tenía margen para actuar. Es más, admitió que debía asumir la defensa de los intereses del Ayuntamiento que, desde el punto de vista judicial, era no atender la petición vecinal.

Sobre esta resolución la edil Fanny Serrano, exconcejala de Urbanismo el anterior mandato indicó ayer que desde que «le expusieron el tema por primera vez los vecinos siempre les dije que la solución tenía que venir con la revisión del Plan General».

Utilización

La concejala subrayó además: «Es una lástima que el entorno del PP los utilizara cuando estaban en la oposición para arremeter contra el Gobierno, incluso para reclamar y solicitar la nulidad de los presupuestos municipales de 2019 con una sentencia que sabían no era firme. No se les ha vuelto a ver por los plenos desde que el PP consiguió nuevamente la Alcaldía, ni dijeron nada cuando el Ayuntamiento se opuso a la preparación del recurso de casación», indicó Serrano para añadir: «La legalidad urbanística se debe de aplicar con independencia del lugar que cada uno ocupe en la organización municipal, seas gobierno u oposición no se debe manipular a los administrados para atacar al adversario».

Serrano explicó además que Las Torretas se edificaron pero nunca se urbanizaron y «el PP se permitió su degeneración durante décadas de gobierno absolutista y el gobierno de coalición propuso la solución que no quisieron aceptar precisamente por la acción desleal contra el interés municipal del mismo PP».

La urbanización fue autorizada en la antesala del boom inmobiliario a finales de los setenta bajo un gobierno socialista, con un proyecto presentado por el promotor MASA para realizar un "bugalowhotel" que amparó mil casas, antes de que se aprobara el Plan General. Las críticas por las deficiencias de las casas, levantadas sobre un saladar, con la red de saneamiento bajo las viviendas y no en las calles, y servicios básicos como el alumbrado y asfaltado, muy deficiencientes, fueron casi inmediatas por parte de los compradores, que las adquirieron a un precio muy ventajoso, sin que el promotor -que hizo fortuna en el resto de la Vega Baja- actuara. Entre los compradores figuraban numerosos residentes alemanes, británicos y belgas, aunque el grueso de propietarios es madrileño, castellanoleonés o castellanomanchego.

El despacho de abogados que defiende a los vecinos está ligado al letrado que en su día representó al promotor ante el Ayuntamiento.