La Vega Baja contará la próxima primavera con la primera planta de transferencia de basuras. Hoy está previsto que se inicien las obras de la planta que acogerá Dolores en una parcela de 6.600 metros cuadrados en el polígono industrial cedida por el Ayuntamiento. Tras finalizar los trabajos de adecuación de los terrenos, la luz y la terminación de los accesos y carreteras -para lo que se han invertido unos 500.000 euros- la empresa pública Vaersa acometerá ahora la construcción de esta necesaria infraestructura que será la primera solución al problema de las basuras en la comarca.

El proyecto de la planta de transferencia de Dolores se ha modificado para ampliar los vasos, lo que permitirá contar con más capacidad para tratar entre 125.000 y 150.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, voluminosos, fracción orgánica y podas, bastantes más de las previstas inicialmente, y así dar servicio a más municipios de la comarca. En un principio solo se iban a beneficiar de la instalación los que el Consorcio Vega Baja Sostenible denomina «Este de la Vega Baja»: Algorfa, Almoradí, Benijófar, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Guardamar, Los Montesinos, Rojales, San Fulgencio y Torrevieja. No obstante, en el caso de Torrevieja, según las fuentes consultadas, el municipio no llevará las basuras a Dolores para ser transferidas puesto que considera más rentable llevarlas directamente al vertedero de Murcia donde se tratan actualmente los residuos. Otras localidades de la llamada zona oeste se podrán aprovechar de la ampliación de los vasos para llevar allí sus residuos y ahorrar costes en transporte que, en definitiva, es el objetivo de esta planta de transferencia, cuya vida útil está prevista para 4 años, hasta que la comarca cuente con una solución definitiva para el tratamiento y eliminación de las basuras, con un vertedero del que ahora carece. El resto de localidades deberán seguir llevando sus basuras directamente a los vertederos en municipios tan alejados como Xixona, Villena o Murcia.

Inversión

En esta planta de transferencia se invertirán en total 2.761.386 euros, incluidos los trabajos ya concluidos y la construcción de caminos, y generará 18 puestos de trabajo (un jefe de planta, dos administrativos, un oficial electromecánico, siete peones y siete conductores). El Ayuntamiento de Dolores recibirá una importante compensación económica al ubicarse la planta de transferencia en su municipio, de un euro por tonelada de residuo transferida, además de una cantidad fija de 30.000 euros al año destinados a realizar un control ambiental de las instalaciones y 15.000 euros anuales que deberá destinar a financiar actividades y medidas medioambientales, en virtud del convenio suscrito entre el consistorio dolorense y el Consorcio de Residuos de la Vega Baja. Todo ello, además de lo ingresado por las licencias de obras y actividad (más de 60.000 euros), el impuesto IAE, el IBI de la parcela (10.664 euros en los cuatro años de servicio previstos) y la inversión en caminos y carreteras de la que se va a beneficiar el municipio.

La planta, cuyas obras se iniciarán con un acto previsto hoy al que acudirán el director general de Calidad Ambiental Joan Piquer y la presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible Teresa Belmonte, entre otros, contará con una nave y un sistema de biofiltro para tratar el aire recogido en el interior, además de un depósito para lixiviados. En estas instalaciones se compactarán los residuos que posteriormente se trasladarán a las plantas de tratamiento, como el vertedero de Xixona. La planta servirá para ahorrar muchos costes a los municipios de la Vega Baja que ahora tienen que llevar sus basuras hasta los vertederos directamente.

Reciclaje

El pesaje en las instalaciones será menos costoso para los residuos que lleguen del contenedor marrón (orgánicos) y otros reciclables como plástico, vidrio o papel y cartón. Sin embargo, el coste se incrementará exponencialmente para la llamada fracción resto (contenedor gris). Así, se pretende premiar el reciclaje que hagan los municipios y castigar la fracción resto, por lo que los ayuntamientos deberán ponerse las pilas para aumentar los contenedores para reciclar en origen y llevar a cabo campañas de concienciación.

La ampliación del proyecto, para permitir que más municipios de la comarca puedan transferir en Dolores sus residuos, se ha llevado a cabo después de que la segunda planta de transferencia que estaba prevista, para dar servicio al sur de la comarca, no está nada claro que se pueda materializar por su complejidad y por la situación jurídica del Consorcio, que paralizó el pasado año una iniciativa privada en Orihuela de Ferrovial (Cespa) tras la sentencia del TSJ que da la razón a la UTE formada por Cespa y Ortiz y que le devuelve la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la comarca que consiguió en 2013 y que le fue rescindida en 2015. La entidad solo tramitaría proyectos de capital público como la planta de transferencia de Dolores, hasta que haya una resolución del Supremo, donde se ha recurrido esta sentencia que también deja en el aire la planta de tratamiento comarcal 'sine die'.

EL PLAN ZONAL, A LA ESPERA DE QUE SE PRONUNCIE EL SUPREMO


El TSJ devolvió el pasado año la adjudicación a la UTE Cespa y Ortiz y el Consorcio de Residuos recurrió al alto tribunal


El Plan Zonal de Residuos sigue sin poder dar sus pasos en la Vega Baja. El Consorcio Vega Baja Sostenible está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el recurso de casación que realizó tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que en abril del pasado año devolvió la adjudicación del Plan Zonal a la UTE Cespa y Ortiz (del empresario Enrique Ortiz), que ganó en junio de 2013 y que le fue rescindida en enero de 2015 por supuestos incumplimientos.

El TSJ entiende que el incumplimiento en no poner en marcha la solución transitoria, que era la de una planta de transferencia en Cox, no es achacable al contratista que trató de adquirir unos terrenos, sino de los Ayuntamientos de Cox y de Albatera -donde iría la planta de basuras definitiva- por modificar los planes urbanísticos para imposibilitar esa actividad y señalaba que «es un comportamiento ilegal». A la espera de que se pronuncie el Supremo, la sentencia abre muchas preguntas sobre cómo implementar el proyecto que hace 7 años, con leyes distintas, hizo ganadora a la UTE Cespa-Ortiz de la gestión de las basuras en la Vega Baja y del vertedero comarcal. El proyecto era una macroplanta en Albatera. Sin embargo, este tipo de instalaciones ya no serían legales a raíz de que el Consell aprobara el Plan Integral de Residuos (PIR). Por tanto, o se debería modificar el proyecto o hacerlo compatible con la nueva normativa, aunque la empresa podría pedir el lucro cesante. El PIR establece que la Vega Baja debe tener, al menos, dos plantas de transferencia y dos de tratamiento.