La Generalitat Valenciana ha decidido eximir del pago de la tasa por vertidos de salmueras al mar a los regantes que utilizan el agua de la desalinizadora de Torrevieja. La decisión de supresión de la tasa estará recogida en los presupuestos de 2021 y supondrá un ahorro para las comunidades de regantes que se dotan de la planta torrevejense de más de quinientos mil euros. Lo que supone un ahorro de entre uno y dos céntimo por metro cúbico de agua.
La tasa está concebida para sufragar el coste económico en medios materiales y humanos que realiza la administración autonómica en el control ambiental del impacto del vertido de salmueras en las aguas del litoral de Torrevieja. Es la empresa operadora de la planta, Acciona, la que realiza la labor de inspección de los colectores de vertido, mantenimiento y control del impacto del vertido -a su coste porque forma parte del contrato-, mientras que es la Generalitat la que realiza una labor de inspección final de la calidad de la masa de agua y de los fondos marinos.
Desde que la desalinizadora torrevejense comenzó a operar de forma continuada la Generalitat ha desplegado un plan de inspección para verificar que la evacuación de salmueras no afecta al medio ambiente y al fondo marino, en especial la pradera de Posidonia oceánica que se existente al sur de la bahía de Torrevieja hasta Pilar de la Horadada.
Los ingresos por la tasa se han ido incrementando conforme la demanda de agua desalinizada se ha ido consolidando en los últimos años. Acciona comenzó a suministrar a las comunidades de regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura en el verano de 2015. De unos tímidos 20 hectómetros anuales se ha pasado a casi 80 en el ejercicio de 2019 -cuando la instalación recibió por fin el refuerzo de suministro energético que le permitió doblar su producción-.
Los resultados de esta campaña de control de vertidos han sido positivos durante los últimos años, según fuentes de la Generalitat Valenciana. Los inconvenientes de la tecnología de desalinización. Las críticas a la producción de agua desalinizada se centran ahora en su enorme consumo energético que al mismo tiempo se traslada al coste del metro cúbico -que la administración ha tenido que subvencionar durante los últimos años para que resultara asumible para los regantes-. Costes que se han ido reduciendo en función de la mayor demanda y producción de agua de los últimos dos años.
Acciona, explotadora de la planta, controla el impacto de la salmuera en el medio, la Generalitat realiza una inspección de ese control y Acuamed asume ese coste, que ahora ahora descontará del precio del metro cúbico a los regantes.
También hay que afrontar la amortización de una planta que costó más de 200 millones de euros sin contar el contrato de gestión, que suma otros 80 millones. Además está la polémica sobre la calidad del agua para riego, por la supuesta presencia de niveles de boro que pueden dañar los cultivos de cítricos, pese a que la mayor parte del agua se mezcla con aportes de la cuenca del Segura y del Tajo en el embalse de La Pedrera.
Propuesta a la CHS
La decisión del Consell de eliminar la tasa se enmarca en una estrategia que pretende abaratar el coste de estos recursos -más caros que los que llegan cada vez con más dificultad del trasvase Tajo-Segura o del os propios recursos de la cuenca, como los pozos autorizados. En este sentido la Generalitat acaba de proponer a la Confederación Hidrográfica del Segura que incorpore a la revisión del Plan de Cuenca que está en proceso de elaboración en estos momentos «la integración de recursos no convencionales, como los procedentes de las desalinizadoras, incluso las ampliaciones que sean necesarias, sobre todo en lo que se refiere a los costes de explotación y la exención del pago de los costes de amortización, cuando se trate de sustituir aguas por sequías u otros factores de interés general».
La reducción de los precios del agua desalinizada de mar o salobres, podría también abordarse por el uso de energías renovables, como la fotovoltaica, según explica la dirección general del Agua en su propuesta al debate de los «temas importantes» del Plan de Cuenca de 2021-2027 en la Vega Baja. Y concreta que debería suprimirse la recuperación de costes al agua desalinizada cuando su utilización venga impuesta por la sequía u otras razones de interés generar, fomentar el uso de energías renovables y estudiar soluciones para la desalobración, tanto energéticas como reducción de los nitratos del rechazo, que permitan el uso de las aguas salobres de los acuíferos de la Vega Baja.
La planta ya ha producido 235 hectómetros de los recursos hídricos que nadie quería
Desde 2015 a fecha de hoy la desalinizadora de Torrevieja ha producido más de 230 hectómetros cúbicos de agua. Aunque la previsión de programa agua fijaba que el 50% se iba a destinar a consumo urbano de «boca» y el 50% a los cultivos con déficit hídrico con derechos de riego del trasvase Tajo-Segura finalmente el 90% del volumen de agua se ha destinado al riego agrícola. Pese al rechazo frontal de estos mismos agricultores al agua desalinizada como fuente principal de sus recursos hídricos, el conjunto de los regantes del SCRATS ha solicitado hace escasas fechas 250 hectómetros de la planta de Torrevieja para todo el año 2021. Y eso que el sector conoce que la capacidad técnica de la infraestructura está limitada ahora a la producción de 80 -y la legislación solo les garantiza 40 si es necesario dotar al suministro urbano-. La adjudicación de la redacción del proyecto que permitirá a la planta alcanzar los 120 hectómetros está ahora pendiente de la resolución de un recurso ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales de la empresa que ha perdido el concurso.
Esos impactos ambientales, al menos hasta la fecha, se han situado lejos de los vaticinios del dirigente popular Esteban González Pons, que cuando comenzaron las obras en 2007 y en plena polémica por la exigencia del trasvase del Ebro, aseguró que la planta iba a ser una central nuclear del mar. Otros responsables populares advirtieron que el agua desalinizada para consumo humano provocaría «atrofia testitular». Esa alarma sobre los posibles efectos de la concentración de salmuera en el mar fueron los que provocaron modificaciones en el proyecto. Por ejemplo, los puntos de evacuación se ubicaron finalmente distribuidos a la lo largo del dique de Levante del Puerto de Torrevieja de forma mucho menos concentrada y con más puntos de vertido -y más cara- que la diseñada inicialmente.
