El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas tramita la petición de una inmobiliaria para reclasificar casi 30.000 metros cuadrados sobre la zona inundable de una rambla en Blue Lagoon, uno de los residenciales más caóticos y carentes de equipamiento y zonas verdes de la Vega Baja. Los promotores, que quieren construir viviendas y un supermercado de 6.000 metros cuadrados, hacen valer unos convenios urbanísticos que obligan al municipio a compensarles -aportaron en su día suelos de equipamiento-; y el hecho de que los terrenos sí aparecieran como urbanos en el Plan General de Ordenación Urbana que tumbó el Tribunal Supremo por insostenible. También justifican la reclasificación en que en sus fincas -que están obligados a mantener en condiciones- son foco «de maleza y suciedad».
El Ayuntamiento (PSOE-IU) sometió el 1 de agosto a consulta pública la Homologación y el Plan Parcial SUS R-4 UE-F Blue Lagoon. La Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel ha alegado contra esta iniciativa subrayando el exceso de suelo sellado y el elevado número de viviendas del municipio en proporción a su superficie total, con un alto porcentaje de viviendas vacías. Pero sobre todo remarcan que las construcciones se ubicarán en el lecho de una rambla o avenida de aguas. Las parcelas donde se propone el plan parcial, según la cartografía del plan de prevención de riesgo por inundación de la Comunidad Valenciana (Patricova) están calificadas como «zona de peligrosidad geomorfológica: vaguadas y barrancos de fondo plano».
La legislación urbanística valenciana pide evitar los nuevos desarrollos en las zonas de riesgo de inundación significativo» y el Patricova, por su parte, establece que la planificación urbanística «no podrá dar lugar a un incremento del riesgo de inundación» y sobre todo «en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable». La rambla -que ya está parcialmente ocupada en varios tramos por un colegio privado que se ubicó en una de las cesiones por convenio de estos promotores al Ayuntamiento- desemboca en el cambo de golf de Villamartín - Orihuela Costa-.
Según el Patricova esta zona de escorrentía superficial de las aguas procedentes de las estribaciones de Sierra Escalona desemboca en la rambla del Garbanzuelo, que a su vez evacua al sur de la laguna de Torrevieja. Aparece señalada con riesgo geomorfológico, tras la actualización del plaln en 2015, -el menos peligroso de la escala de siete grados que utiliza el Patricova- pero en el mismo nivel que la mayor parte de la planicie de la Vega Baja que resultó inundada en la última gota fría.
En el otro de los suelos aportados por los promotores para obligar y condicionar al municipio a compensar con terreno urbano -en una acuerdo que se remonta a hace más de 15 años sin que el Ayuntamiento aporte el contenido de esos acuerdos- se está ejecutando una rotonda -en el límite de Orihuela con San Miguel- con una inversión de unos 400.000 euros, financiada por la Diputación Provincial. La rotonda, que debió construirse hace más de dos décadas, llega después de que se haya colmatado todo el sector con viviendas, para intentar regular el tráfico que llega de Orihuela Costa y del casco urbano de San Miguel.
San Miguel cuenta con solo 6.000 vecinos y 5.477 viviendas. La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV, aprobada por el PP en 2011), de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, determina como prioridad para 2030 «mantener los consumos de suelo artificial por debajo de la media europea» que en cifras concretas suponen 250 m²/habitante: San Miguel ha ocupado ya 373,71 m²/habitante, superando con creces la directriz autonómica y la media de la comunidad. En Blue Lagoon la vivienda residencial ocupa entre el 75 y 78 % de la superficie, otras construcciones el 5%, viales, aparcamientos y zonas peatonales sin vegetación el 15 % y zona verde artificial y arbolado urbano el 5%. Los vecinos reclaman que los suelos sigan siendo rústicos y que formen parte de una zona verde.
Blue Lagoon se ejecutó sin ningún tipo de previsión urbanística -las casas se vendieron sin problemas pero no tenían garantizado el suministro de agua potable -que llegó mucho después- y también durante años los propietarios no pudieron demostrar que eran dueños de sus casas porque no lograban la licencia de primera ocupación. Las infraestructuras viales y equipamientos no se coordinaron con la vecina Orihuela que al mismo tiempo autorizó Las Filipinas -un residencial muy similar- sin que muchas de las calles de ambas urbanizaciones estén conectadas ahora.
Casas y solares vacíos
Por otra parte, los funcionarios técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento han ocultado la identidad de los promotores de la reclasificación tachándola de los expedientes de información pública esgrimiendo la ley de Protección de Datos.
En San Miguel se alterna una elevada intensidad de actividad urbanística con cientos de miles de metros de suelo urbano sin desarrollar desde la crisis de 2008 -el caso de Los Invernaderos- e hileras de viviendas turísticas tapiadas contra el vandalismo porque nunca se vendieron desde su construcción hace una década.
