Sueña Torrevieja ha lementado que el equipo de gobierno del PP no haya escuchado sus advertencias durante todo el año 2020 sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en la capacidad de financiación del municipio por la caída de ingresos. Un descenso de los ingresos que ha apuntado ahora la interventora general al alcalde Eduardo Dolón de cara a la elaboración de los presupuestos de 2021 y que ha pospuesto, de momento y hasta contar con un análisis cuantitativo de la situación, cualquier adjudicación de nuevos servicios públicos, entre ellos el de la recogida de basura.
Sueña Torrevieja explica que el 13 de mayo de 2020 en el pleno donde el PP aprobaba inicialmente en solitario, el proyecto de Presupuesto para 2020 esta formación advertía del problema de los ingresos que ahora apunta la interventora para 2021.
“Los presupuestos más altos de la historia de Torrevieja, lo son a costa de ser los más imprudentes ya que ni siquiera se llegará a recaudar la mitad, ni tal vez la cuarta parte de la mayoría de los impuestos, tasas y precios públicos, calculadas en función de la recaudación del último o de los tres últimos años", a causa de la crisis sanitaria, según la formación en la oposición. En ese momento el edil Pablo Samper indicó que la financiación de los 25 millones de euros de coste anual de la nueva contrata de basuras podría tener consecuencias "muy graves, con un déficit de ingresos no financieros ordinarios de más de 10 millones de euros al año, en los próximos 10 a 12 años, con lo que la situación sería insoportable para el equilibrio presupuestario, complicándose la situación hasta límites insospechados en el medio y largo plazo".
El 3 de junio de 2020, Sueña Torrevieja a la primera publicación de la aprobación inicial hizo cuatro reclamaciones por no tener en cuenta las bonificaciones aprobadas en Ppeno para el IBI en diciembre de 2019, por utilizar dos veces los ingresos del Plan de reactivación, por no tener en cuenta las medidas fiscales aprobadas por decreto del mes de abril de 2020, y por no tener en cuenta el incremento del fondo de Agamed.
El mismo día de junio, Sueña Torrevieja efectuó 9 reclamaciones más, por estimaciones imprudentes en la estimación de la recaudación del impuesto de plusvalía, del ICIO, de la tasa por servicios urbanísticos, por licencia de aperturas, por ocupación con mesas y sillas, por ocupación de quioscos, por la ocupación de los mercadillos de Torrevieja y La Mata, por ocupación con puestos ambulantes, y por ocupación con espectáculos.
Sueña Torrevieja "viene advirtiendo al alcalde de Torrevieja, desde que aprobaron los los pliegos, que el Alcalde Torrevieja arruinará por segunda vez al Ayuntamiento de Torrevieja con el contrato de los servicios de aseo urbano". El 15 de mayo de 2020 Samper recogía en una nota de prensa que "está muy bien tener el mejor servicio de aseo urbano del mundo mundial, y regalarle 8 millones de euros a los bancos, 55,5 millones a la empresa adjudicataria, que a lo mejor los consigue con un criterio de juicio de valor, y 35,4 millones al Ministerio de Hacienda, pero Torrevieja no tiene capacidad de financiación, ni la tendrá en los próximos 15 años, para gastarse 466,6 millones en 15 años, a razón de 31,1 millones al año, más los gastos de vertederos de residuos sólidos urbanos, más las revisiones de precios de 13 años, teniendo en cuenta que dependen casi exclusivamente de los ingresos del Impuesto de Plus Valía, habiendo recaudado en los últimos 11 años tras la crisis financiera de 2008, es decir de 2009 a 2019, menos de 140 millones de euros, lo que supone menos de 12,8 millones al año".
El 18 de mayo Sueña aseguró a través de una pregunta al pleno que "el sobrecoste de la decisión política de prestar el servicio mediante gestión indirecta del Partido Popular, ayudado por Ciudadanos en el Pleno de 16 de septiembre de 2016, le va a costar a las arcas municipales, y por tanto a todos los ciudadanos de Torrevieja, un mínimo de 100 millones de euros al año". También preguntaba en ese momento si se ha realizado el preceptivo informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para los 15 años de la duración del futuro contrato.
