La empresa concesionaria de la gestión del Departamento de Salud de Torrevieja, Ribera Salud, controlada por el fondo estadounidense Centene Corporation, presentó en julio una batería de inversiones cercana a los 40 millones de euros para mejorar infraestructuras, potenciar tecnología e incrementar servicios en el hospital y los centros de salud que dirige en nueve municipios de la Vega Baja. El anuncio, realizado tres meses antes de que la Generalitat tuviera que pronunciarse sobre la continuidad o no del modelo concesional a través de una prórroga, generó el apoyo de diversos regidores municipales del PP, que defendieron una extensión del contrato al mostrarse satisfechos con el servicio y con las mejoras programadas para el próximo lustro a través de una inversión que ponían en duda que la Conselleria fuera capaz de acometer en plena recesión económica por el coronavirus.
En concreto, la propuesta contemplaba destinar la mitad del presupuesto a la mejora de dotaciones sanitarias como la ampliación de los centros de salud de Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada, la construcción de un nuevo edificio para dar servicio a Orihuela Costa, la ampliación del consultorio de Los Montesinos, la reforma del centro de salud de La Loma y la ampliación del ubicado en el Acequión -ambos en Torrevieja-, así como amplificar el propio hospital. Se incluía también un gasto de casi cuatro millones de euros en tecnología y sistemas de información, casi cuatro millones más en la mejora de servicios asistenciales o más de un millón de euros en impulsar iniciativas de acción social para promocionar hábitos de vida saludables. Se trata de mejoras que, aseguran desde la empresa, sigue en pie en caso de que se dé marcha atrás a la pretensión inicial de la Generalitat de impulsar la reversión y se opte por prorrogar el contrato cinco años más, una posibilidad incluida en el contrato.
Mientras la división política a favor y en contra de una posible reversión del sistema concesional ha ido cobrando fuerza en los últimos meses, con la derecha como principal apoyo y la izquierda contraria a mantener el contrato, también se ha producido una polarización social con dos plataformas vecinales. La primera en surgir, denominada Sanidad Excelente, aglutina a los partidarios de continuar con el actual sistema de colaboración público privada y defiende la eficiencia de la gestión de Ribera Salud durante los últimos 14 años. La siguiente en aparecer, la Plataforma en defensa de la sanidad 100 x100 pública, aboga por la reversión.
Radiografía global
Hasta el momento, la Conselleria de Sanidad no se ha comprometido a igualar las inversiones propuestas por la concesionaria para el departamento de salud 22, el de Torrevieja, pero defiende que se harán las mejoras que se necesiten una vez se evalúe la situación. En ese sentido, la directora general de Régimen Económico e Infraestructuras de la Conselleria, Carmelina Pla, aseveró a este diario que no se pueden anunciar inversiones hasta que no se haga una radiografía global, tal y como ocurrió en el Departamento de Salud de La Ribera, gestionado por la misma empresa, cuando pasó a la gestión pública en 2018. En ese entonces, asegura, «se encontraron equipos tecnológicos obsoletos y hubo que hacer una gran inversión para ponerlos al día». Y eso es algo que temen que vuelva a suceder ahora.
La que fuera directora general de la citada área de salud valenciana tras la reversión, Isabel González, sostiene que al coger las riendas del Departamento se tuvo que hacer una inversión cercana a los siete millones de euros para sustituir un «obsoleto» equipo de radioterapia, que se utiliza para el tratamiento del cáncer, adquirir otro equipo para la detección de dicha enfermedad o sustituir una resonancia magnética «que presentaba múltiples averías importantes». También, que se encontró con una «gran precariedad laboral con un déficit importante de profesionales en todos los estamentos pero que afectaba significativamente a la enfermería», diversas infraestructuras deterioradas y una ratio de camas de hospitalización por habitante inferior a la media.
