Desde hoy, restan 363 días para que se produzca la reversión a la sanidad pública del Departamento de Salud y el Hospital de Torrevieja. La decisión de la Generalitat de no prorrogar el contrato a la empresa concesionaria de la gestión, Ribera Salud, se hará efectiva el 16 de octubre de 2021. Ahora bien, ¿cómo se articulará exactamente el cambio? Eso es algo que no se sabe, o al menos no ha sido revelado. Hasta el momento existen más preguntas que respuestas sobre cómo se programará la operación para recuperar el control de un área que presta servicio a 140.000 pacientes. Solo existe un precedente similar en la Comunidad, el de Alzira. En abril de 2018, la Conselleria de Sanidad asumió las riendas del servicio liderado por la misma firma, liquidando así la primera concesión sanitaria privada en territorio valenciano.
A falta de que el Govern del Botànic desvele la hoja de ruta que aplicará en la Vega Baja para implantar la gestión pública directa y revertir un modelo ungido en su día por un Consell de centro-derecha, se puede hacer un paralelismo entre lo ocurrido en el Hospital de La Ribera y lo que podría suceder en Torrevieja. Estos son algunos de los aspectos clave.
Evaluación inicial
Equipo de trabajo y auditorías
Quince meses antes de la reversión de Alzira, la Generalitat conformó un equipo de trabajo integrado por representantes de prácticamente todas las direcciones generales (asistencia sanitaria, recursos económicos y humanos, farmacia, tecnología y calidad o inspección, entre otras) para redactar las normas de reversión que regirían el relevo en el mando, según explica a este diario la por entonces directora general de la Alta Inspección Sanitaria, Isabel González, quien más tarde se convertiría en gerente del Departamento de Salud de La Ribera una vez asumida la gestión directa. «El procedimiento implicaba la reversión de todos los bienes en condiciones de funcionamiento y había que fiscalizar las infraestructuras, el equipamiento y la plantilla para continuar prestando la asistencia sanitaria». Con la información que fueron recibiendo desde la empresa, con las inspecciones realizadas en centros de salud y en el hospital, y a partir de los datos recabados por auditores externos, se diseñó el plan para hacer una radiografía de situación, definir las posibles necesidades de inversiones y «hacer lo mejor posible el tránsito garantizando la calidad asistencial al paciente», añade González. El traspaso de poderes, asegura, no fue todo lo fluido que esperaban y los recursos judiciales por desacuerdos se multiplicaron.
En Torrevieja, fue el pasado martes cuando la consellera Ana Barceló anunció que no se prorrogaría el contrato rubricado en 2006 por 15 años, con posibilidad de extenderlo cinco más. Se remitieron entonces las normas de reversión a la empresa concesionaria. Son reglas que condicionan, por ejemplo, la contratación de personal más allá de octubre de 2021 y que obligan a que cualquier modificación del equipo directivo o variación de retribuciones precisen el visto favorable de la Conselleria.
Fórmula de reversión
Una incógnita con incertidumbre
Barceló y su equipo no han trasladado si la Conselleria tomará directamente las riendas en el hospital y los centros de salud del modelo concesional que incluye a Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales, Pilar de la Horadada, San Fulgencio, Benijófar, Formentera del Segura, San Miguel de salinas y Orihuela Costa. Otra posibilidad que no se descarta pasa por aplicar una fórmula diferente a la de Alzira, como podría ser la figura de una empresa pública.
La falta de concreción ha reforzado las posturas diferenciadas de los sindicatos del comité de empresa en Torrevieja, que se dividen a favor y en contra de la reversión. Eso es algo que no ocurrió en Alzira, donde todos los representantes sindicales manifestaron su apuesta por la gestión pública antes incluso de iniciarse la reversión. «En La Ribera también hubo dudas porque no nos decían cómo iba a ser el cambio ni qué figura se iba a adoptar. Era la primera reversión de esa envergadura y había cierta desconfianza. La gran duda siempre era qué pasaría con la plantilla de trabajadores y fuimos los sindicatos los que propusimos cuál era la fórmula que nos parecía mas adecuada por la seguridad que nos daba a la plantilla», recuerda Belén Doménech, quien era presidenta del comité de empresa de La Ribera cuando se impulsó el cambio de modelo.
Plantilla subrogada
Negociación en el aire
El 28 de marzo de 2018, el Diari Oficial de la Generalitat publicó el decreto que regulaba la subrogación de los 1.400 empleados laborales del Departamento de Salud de La Ribera; una plantilla contratada de forma directa por la empresa a la que se sumaban además 370 integrados como personal estatutario y que, de facto, ya eran personal ligado directamente a la Conselleria. La solución impulsada para la integración de los empleados se adoptó, según los sindicatos, tras un procedimiento pactado.
«Iniciamos una negociación desde que se dictaron las normas de reversión. Primero nos hicieron una oferta para ser trabajadores no fijos, cuando veníamos de ser indefinidos. No lo vimos claro y buscamos asesoramiento con abogados. No estaba claro que esa figura garantizara los puestos de trabajo. Finalmente se acordó la figura de personal laboral a extinguir, que supone que la plaza de un empleado sólo podrá ser ocupada por otro cuando se vaya, sea despedido o se jubile», indica Pedro Zumón, delegado del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública y miembro del comité de empresa de La Ribera. «Se trazó un camino que jurídicamente y después de muchos pleitos hemos demostrado que tiene seguridad jurídica», subraya el sindicalista.
Funcionarios o interinos
Isabel González cuenta que lo que se hizo fue cuantificar todos los puestos de trabajo para organizar la futura transición del personal. A cada uno de las plazas laborales se le asignó un número. Así, una vez que se fuera extinguiendo la relación laboral de los indefinidos, contratados por Ribera Salud, las plazas debían ser cubiertas obligatoriamente por funcionarios de carrera o por interinos de las bolsas de empleo público. Por contra, los sanitarios que no mantenían un contrato indefinido sino temporal en el momento de la reversión, no tuvieron posibilidad de renovar. «La primera semana tuvimos que sustituir a 200 personas porque se les acababa el contrato. Durante el primer año se contrató a cerca de 400 personas adicionales para hacer frente a la falta de personal que existía en el Departamento», prosigue.
Aunque los sindicalistas Doménech y Zumón coinciden en que el cambio organizativo no resultó especialmente dificultoso, sí reconocen que en la actualidad se producen ciertas fricciones entre personal laboral y estatutario, puesto que se rigen por modelos distintos y mantienen diferencias de horario, solicitud de permisos, plan de igualdad y ciertos derechos. Los laborales no pueden, por ejemplo, promocionar de forma interna ni ocupar cargos de responsabilidad y lo que están pidiendo es que se aborden mejoras a través de un nuevo convenio colectivo.
En Torrevieja son 1.400 los empleados laborales y 54 los estatutarios representados por 23 delegados sindicales en el comité de empresa. «Comisiones Obreras está a favor del cambio, pero ¿cómo le digo yo a un trabajador que va a tener todas las garantías laborales? Yo eso no se lo puedo decir porque no me lo ha dicho la consellera. El comité de empresa le ha pedido hasta seis reuniones pero no ha contestado nunca. Yo no me puedo pronunciar hasta que no tenga toda la información completa», afirma a este diario Fran García, delegado de CCOO. «Los trabajadores están preocupados porque no sabemos en qué situación nos vamos a quedar. Yo no me voy a posicionar de momento hasta saber por dónde va encaminada la Conselleria», afirma Esteban Rives, delegado de UGT. Tampoco Yolanda Hidalgo, delegada del SATSE, prefiere por ahora hacer valoraciones aunque valora de forma positiva «la predisposición a dialogar» de la Conselleria. Y es eso precisamente lo que esperan desde el sindicato mayoritario, el CSIF, diálogo y negociación para que la transición sea lo más favorable para los trabajadores. María José Ruiz, del Sindicato Independiente fue la única que, en conversación con este periódico, se mostró en contra de la reversión. «Debería seguir Ribera Salud. Sabemos lo que tenemos y en Alzira no se está respetando el convenio de los trabajadores. Además la gestión aquí es más eficiente».
Contratas auxiliares
Concurso público
En Alzira, poco antes de un mes de la reversión, se comenzaron a sacar a concurso público servicios como el de mantenimiento de instalaciones, vigilancia, lavandería o limpieza, mientras que otros se fueron licitando durante el primer año de gestión pública. «El funcionamiento de una empresa privada es diferente a la pública porque en gestión pública no se adjudica de forma directa, hay que sacarlo a concurso y cumplir unos plazos. Como en cualquier hospital de gestión directa, el personal se subroga, no es cierto que se les despida», apunta Isabel González.
Sistemas y formación
Nuevos programas y gestión
Ajustarse a los nuevos programas informáticos que se utilizan en toda la red sanitaria pública, a las formas de contratar de la Administración o a los procesos para el suministro farmacéutico requirió en Alzira formar al personal administrativo y asistencial antes de producirse la reversión, y está previsto que así se haga en Torrevieja. Antes que nada, toda la plantilla deberá presentar sus títulos formativos para que Sanidad coteje que, efectivamente, pueden seguir en los puestos que ahora ocupan.
