La Conselleria de Justicia ampliará los juzgados de Orihuela una vez ha formalizado la compra del Palacio de Justicia, que era propiedad municipal, por 4, 6 millones de euros. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se han desplazado a la capital de la Vega Baja para firmar el contrato de compraventa del edificio que fue construido por el Ayuntamiento de Orihuela en 2005. «Por fin damos por concluido el proceso de regularización de este edificio y acabamos con un problema enquistado que el Consell del PP dejó en Orihuela hace años», ha señalado Bravo tras la firma en la que ha participado el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana.
El Consell ejercita así la opción de compra del inmueble prevista en el convenio que se firmó en 2017, y donde se incluía la cesión al consistorio oriolano del edificio de los antiguos juzgados. Hasta la fecha, la Generalitat ha abonado al Ayuntamiento 150.000 euros por el arrendamiento del Palacio de Justicia, desde la firma del convenio. Dinero que se va a restar del precio final de venta (4.766.532 euros), por lo que abonará un total de 4.616.532 euros, que fraccionará en cuatro pagos anuales, como adelantó INFORMACIÓN. Así, la Generalitat pagará, hasta 2023, 1.154.133 euros al año (en 2020, 2021, 2022 y 2023) al consistorio oriolano en el contrato de compra. Una vez realizada la compra del edificio, la intención de la Conselleria de Justicia es ampliarlo, pero para ello necesita que el Ayuntamiento le ceda los terrenos colindantes, que son de propiedad privada, por lo que el consistorio oriolano tendrá que llegar a un acuerdo con los propietarios -son edificios antiguos en ruina, de hecho uno lo tiró la DANA- o expropiarlos. «Nos encargaremos de hacer lo necesario para tener esos terrenos y cederlos y se hará lo que se tenga que hacer para ello», ha asegurado Bascuñana.
Bravo ha reconocido que la actual sede judicial «se ha quedado pequeña para albergar los 12 juzgados de la localidad lo que conlleva un problema de dispersión de órganos judiciales y el hecho de que hay servicios como la fiscalía que carecen de espacio». Con la ampliación de la sede judicial, Justicia pretende agrupar todos los órganos judiciales y servicios en el mismo edificio. Incluso, Torrevieja alberga un juzgado de Lo Penal de Orihuela que no «cabe» en la capital de la Vega Baja. La consellera ha explicado que la ampliación permitirá albergar una cámara Gesell -para preservar los testimonios protegidos- y la Unidad de Valoración Integral. Además de permitir unas instalaciones adecuadas para la fiscalía, que se han quedado pequeñas. «Dotaremos así de un espacio suficiente a un partido judicial con una de las mayores cargas de trabajo de todo el territorio nacional», ha indicado la consellera.
Hasta que se ponga en marcha el proyecto de ampliación, que Bravo espera sea antes de acabar el presente mandato, la Conselleria de Justicia llevará a cabo unos trabajos en el edificio ya de su propiedad, de casi 5.000 metros cuadrados. Este mismo año comenzarán las actuaciones para reparar los desperfectos ocasionados por la DANA de septiembre de 2019 que cuentan con un presupuesto de 560.000 euros. También se llevarán a cabo obras de ampliación en la última planta que permitan a la Fiscalía, mientras se ejecuta la ampliación del edificio, disponer de espacios adecuados a sus necesidades.
La consellera de Justicia, a preguntas de este diario, ha anunciado que «pediremos más juzgados al Ministerio para Orihuela y Torrevieja porque tienen un déficit importante». En este sentido, ha avanzado que su departamento está estudiando las necesidades de los distintos partidos judiciales «que han cambiado con el covid» para solicitar la ampliación en aquellas zonas con mayor carga de trabajo. «Los juzgados van a tener mucha carga en el primer trimestre del año, sobre todo en lo social, mercantil y civil», por las demandas que se esperan de despido y otras como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
A la espera del visto bueno de Cultura para rehabilitar los antiguos juzgados
El convenio que firmó el Ayuntamiento con la Generalitat incluía la cesión de los antiguos juzgados al consistorio. El Ayuntamiento tiene previsto trasladar allí distintas dependencias municipales y concejalías y dejar en el Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento, la Alcaldía y algunos órganos municipales. En octubre de 2019 se adjudicó la redacción del proyecto y la dirección de obra a una mercantil por un importe de 76.060,12 euros. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha asegurado que el proyecto «está muy avanzado» pero el consistorio está a la espera del visto bueno y autorización por parte de la Conselleria de Cultura «ya que está pegado al BIC de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina». Bascuñana asegura que Cultura, verbalmente, «nos ha dicho que está bien, que no hay ningún problema, pero nos falta recibir ese informe definitivo». El proyecto de rehabilitación del edificio contiene espacios flexibles para poder adaptarse a distintos usos y además se incluía un área de administración y otra destinada a almacén, seis despachos, zona de atención al público, una sala de espera , salas de reuniones, sala multiusos (salón de actos y exposiciones), zona office para trabajadores, sala de prensa y jardines en los patios interiores, además se habilitaría la terraza para el uso ocasional de eventos.
