La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha emitido una resolución final de investigación en la que insta al Ayuntamiento de Daya Nueva a la demolición de las obras de una vivienda «con el fin de recuperar la legalidad urbanística vulnerada». La casa, según el escrito de infracción presentado por una persona a la AVAF, es propiedad del exalcalde de Daya Nueva Mariano Pedraza (PP). La mujer de este exalcalde popular es prima hermana de la primera edil, Teresa Martínez (Cs). Daya Nueva es un municipio de solo 1.800 vecinos.
La investigación se inició gracias a las informaciones facilitadas por esta persona a través del buzón de denuncias de la AVAF en las que se aportaban pruebas de la falta de control de la legalidad urbanística por parte del Ayuntamiento relacionadas con las obras de ampliación de una vivienda en suelo no urbanizable sin respetar la legalidad urbanística, según ha informado el propio organismo oficial, creado por la Generalitat para luchar contra la corrupción en la administración.
El exalcalde construyó, entre otras instalaciones, una sobreplanta, un porche y una piscina, transformando una casa tradicional de la huerta muy antigua de 78 metros cuadrados, y amparado únicamente en una declaración responsable. Una autorización que se emplea solo para realizar actuaciones de mantenimiento sencillas y que en la mayor parte de las ocasiones ni son supervisadas por la administración local.
Las obras de entidad requieren de una licencia de obra mayor que en este caso nunca hubiera obtenido el propietario para un solar no urbanizable. Antifraude ha podido determinar de su investigación «la inactividad» del Ayuntamiento en la tramitación del expediente de restauración de la legalidad ya que debería haberse iniciado en septiembre de 2016 y casi cuatro años después sigue en la misma situación -el Ayuntamiento se ha visto obligado a reabrir el expediente tras la denuncia, una vez que había caducado-.
Según se recoge en la resolución final de la Agencia Antifraude -un organismo autónomo de la Generalitat- el Ayuntamiento alega la falta de personal como el principal motivo para el retraso tanto de la actividad inspectora como de la tramitación del expediente aunque matiza que «tomará todas las medidas que correspondan para ejecutar la demolición de las obras ilegales».
En concreto, la alcaldesa asegura que el municipio ha funcionado sin contar con secretaria fija y carece de técnico en urbanismo -labor que realiza a tiempo parcial un técnico de la Diputación-.
