Por quinta vez, tres familias que viven en un mismo edificio de Orihuela han conseguido que se paralice su desahucio. La comitiva judicial ha dado un plazo de algo más de tres meses, hasta el 3 de febrero, para que las tres familias afectadas en esas viviendas de la calle Oriol, en el popular barrio de Capuchinos, se busquen un nuevo hogar o lleguen a un acuerdo con el fondo buitre al que la entidad bancaria que era propietaria de las viviendas, el BBVA, cedió los inmuebles, sin avisar a sus inquilinos que siguieron pagando a la entidad, que no recibía los pagos por lo que se ha generado una deuda importante. En torno a una treintena de personas convocadas por la plataforma Stop Desahucios y por Cambiemos Orihuela se han concentrado frente a las viviendas desde primera hora de la mañana. Poco después llegaba la comitiva judicial, esta vez sin la Policía, que se ha encontrado con el rechazo de los concentrados que han coreado lemas como "sí se puede" o "este desahucio, lo vamos a parar".

Con lágrimas en los ojos las tres familias afectadas, una de ellas con tres menores a su cargo, un matrimonio sexuagenario y una mujer enferma que vive sola, han estado pendientes de su destino. La plataforma antidesahucios y la edil de Cambiemos, María Sandoval, han requerido a la comitiva judicial la paralización del alzamiento en base a que el Gobierno central ha prorrogado hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por la situación generada por la pandemia de coronavirus. Y estas familias lo son, como así lo acredita un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que alerta de la situación de "vulnerabilidad y desamparo" en la que quedarían esas tres familias de Orihuela si son desalojadas de sus casas. Algunas de las familias llevan allí viviendo desde hace 40 años, y ahora temen perder sus casas. Finalmente, la comisión judicial, que en un principio pretendía aplazar el desahucio solo hasta el 10 de diciembre por un error en el señalamiento ya que no coincidían las letras de cada piso con el catastro , ha accedido a hacerlo hasta el 3 de febrero, tiempo en el que insta a los inquilinos a negociar una solución con el fondo buitre propietario ahora de sus casas.

Las casas las construyó una cooperativa como viviendas sociales, aún en época franquista, y los vecinos pagaban poco a poco sus recibos, pero ésta fue absorbida por el banco BBVA en 1991. Fue entonces cuando la entidad bancaria llevó a juicio a las familias para reclamarles una serie de intereses. Los vecinos estuvieron durante muchos años pagando una renta antigua hasta el año 1991 cuando el banco adquirió esas casas. El banco, según los vecinos, se ha negado a que paguen un alquiler social a pesar de la insistencia de las familias. La entidad bancaria cedió las viviendas a un fondo buitre, que gestiona sus activos inmobiliarios, sin avisar a los inquilinos de la nueva situación.

Paralizan el desahucio de tres familias en Orihuela

Paralizan el desahucio de tres familias en Orihuela

El portavoz de Stop Desahucios, José Andrés Berná, ha explicado que pagaban una renta antigua y lo hacían de manera regular hasta que en 2016 les llegó la primera orden de desahucio puesto que los ingresos que estaban haciendo los habían perdido al no cobrarlos la empresa que debía hacerlo, que es el fondo buitre al que cedió la gestión del alquiler de esas casas. "Han intentado hablar con ellos y negociar de todas las maneras posibles, porque lo que quieren es pagar el alquiler como lo estaban haciendo, y regularizar su situación con un alquiler social adecuado a la situación de cada una de las familias, alguna en exclusión social, pero es imposible, es hablar con una pared porque no responden, a pesar de la insistencia", ha señalado Berná. La propietaria de las viviendas tiene su sede en Madrid y los inquilinos han solicitado un abogado de oficio para negociar con la empresa. "Ni les cogen el teléfono", ha criticado el portavoz de Stop Desahucios, quien ha aseverado que "lo que quieren son las casas vacías". Las familias lamentan el calvario por el que están pasando "que nos está quitando la salud". "Ellos quieren pagar, pero no saben a quién hacerlo, van al banco, les dicen buenas palabras pero ninguna solución, y lo que quieren es vivir con tranquilidad, pagando un alquiler social al que tienen derecho", ha señalado Berná, quien ha advertido que se avecina "un tsunami de desahucios" porque "las daciones en pago con el alquiler social que se dieron en su día ahora tenemos un montón de casos que no quieren renovarlas, aún reuniendo los requisitos".

Por su parte, la edil de Cambiemos Orihuela, María Sandoval, ha denunciado el "abuso administrativo que están sufriendo las familias" y ha exigido que se regularice su situación. "Estas personas no eran conocedores de que se ha cambiado de propietario de las viviendas hasta en dos ocasiones", ha criticado la concejala. Sandoval ha criticado la inacción del Ayuntamiento de Orihuela en este caso, salvo sus Servicios Sociales, y pide que se cree una concejalía específica en materia de vivienda, se realice la ampliación y censo de vivienda pública del municipio y se rehabiliten para facilitar a los oriolanos el acceder a viviendas en condiciones asequibles. "Tenemos un grave problema de falta de vivienda pública municipal en el centro de la ciudad y unas dificultades enormes a la hora de encontrar casas con precios que puedan asumir los jóvenes y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Esto ocurre mientras el centro de la ciudad se cae por falta de mantenimiento y hay miles de viviendas cerradas", ha explicado la edil de Cambiemos. "Solo quieren seguir tranquilos con sus vidas y pagar, a lo que nunca se han negado", ha zanjado la edil.

La paralización de los tres desahucios se ha recibido con aplausos, aunque las familias solo han conseguido ganar un poco más de tiempo y su angustia seguirá mientras no se solucione su situación ya que en tres meses podrían perder sus casas.