Por quinta vez, tres familias que viven en un mismo edificio de Orihuela han conseguido que se paralice su desahucio. La comitiva judicial ha dado un plazo de algo más de tres meses, hasta el 3 de febrero, para que las tres familias afectadas en esas viviendas de la calle Oriol, en el popular barrio de Capuchinos, se busquen un nuevo hogar o lleguen a un acuerdo con el fondo buitre al que la entidad bancaria que era propietaria de las viviendas, el BBVA, cedió los inmuebles, sin avisar a sus inquilinos que siguieron pagando a la entidad sin que recibiera los pagos, por lo que se ha generado una deuda importante. En torno a una treintena de personas convocadas por la plataforma Stop Desahucios y por Cambiemos Orihuela se concentraron frente a las viviendas desde primera hora de la mañana. Poco después llegaba la comitiva judicial, esta vez sin la Policía, que se encontró con el rechazo de los concentrados que corearon lemas como «sí se puede» o «este desahucio, lo vamos a parar».
Con lágrimas en los ojos, las tres familias afectadas, una de ellas con tres menores a su cargo, un matrimonio sexuagenario y una mujer enferma que vive sola, estuvieron pendientes de su destino. La plataforma antidesahucios y la edil de Cambiemos, María Sandoval, requirieron a la comitiva judicial la paralización del alzamiento en base a que el Gobierno central ha prorrogado hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por la situación generada por la pandemia de coronavirus. Y estas familias lo son, como así lo acredita un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que alerta de la situación de «vulnerabilidad y desamparo» en la que quedarían esas tres familias de Orihuela si son desalojadas de sus casas. Algunas de las familias llevan allí viviendo desde hace 40 años, y ahora temen perder sus casas.
Finalmente, la comisión judicial, que en un principio pretendía aplazar el desahucio solo hasta el 10 de diciembre por un error en el señalamiento ya que no coincidían las letras de cada piso con el catastro , accedió a hacerlo hasta el 3 de febrero, tiempo en el que insta a los inquilinos a negociar una solución con el fondo buitre propietario ahora de sus casas. Las casas las construyó una cooperativa como viviendas sociales, aún en época franquista, y los vecinos pagaban poco a poco sus recibos, pero ésta fue absorbida por el banco BBVA en 1991. Los vecinos estuvieron durante muchos años pagando una renta antigua. El banco, según los vecinos, se niega a que abonen un alquiler social a pesar de la insistencia de las familias. La entidad bancaria cedió las viviendas a un fondo buitre, que gestiona sus activos inmobiliarios, sin avisar a los inquilinos de la nueva situación.
El portavoz de Stop Desahucios, José Andrés Berná, explicó que en 2016 les llegó la primera orden de desahucio. «Han intentado hablar con ellos y negociar de todas las maneras posibles, porque lo que quieren es pagar el alquiler como lo estaban haciendo, y regularizar su situación con un alquiler social adecuado a la situación de cada una de las familias, alguna en exclusión social, pero es imposible, es hablar con una pared», lamentó. La propietaria de las viviendas tiene su sede en Madrid y los inquilinos han solicitado un abogado de oficio para negociar con la empresa. «Ni les cogen el teléfono», criticó. Las familias lamentan el calvario por el que están pasando «que nos está quitando la salud». La paralización de los desahucios se recibió con aplausos, aunque las familias solo han conseguido ganar un poco más de tiempo y su angustia seguirá mientras no se solucione su situación ya que en tres meses podrían perder sus casas.
CAMBIEMOS CRITICA EL «ABUSO ADMINISTRATIVO»
La edil de Cambiemos Orihuela, María Sandoval, denunció el «abuso administrativo que están sufriendo las familias» y exige que se regularice su situación. «Estas personas no eran conocedores de que se ha cambiado de propietario de las viviendas hasta en dos ocasiones», dijo la concejala. Sandoval criticó la inacción del Ayuntamiento de Orihuela en este caso, salvo sus Servicios Sociales, y pidió la creación de una concejalía específica en materia de vivienda, que se realice la ampliación y el censo de vivienda pública del municipio y que se rehabiliten para facilitar a los oriolanos el acceder a casas en condiciones asequibles. «Tenemos un grave problema de falta de vivienda pública municipal», lamenta la edil.
