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El voto del alcalde salva al PP de reclamar a Eva Ortiz y a sus exediles 4,7 millones

La abstención de Cs obliga a Bascuñana a hacer valer su voto de calidad para que la moción de la sentencia de la basura no prospere

Emilio Bascuñana, que tuvo que usar su voto de calidad.

Emilio Bascuñana, que tuvo que usar su voto de calidad. Tony Sevilla

El Partido Popular tumbó ayer la moción presentada conjuntamente por PSOE y Cambiemos Orihuela para que fueran los 14 concejales, del PP, que en 2007 votaron a favor de dejar desierto el concurso de las basuras quienes respondieran con su patrimonio para hacerse cargo de los 4.747.388 euros a los que ha sido condenado el Ayuntamiento por esa decisión y para lo que el pleno ha tenido que aprobar un crédito extraordinario para hacer frente al pago a la mercantil Urbaser, que fue la perjudicada por la decisión adoptada por el gobierno entonces liderado por la popular Mónica Lorente. La abstención de los cinco ediles de Cs, con los que gobierna en el municipio, obligó al alcalde a hacer uso de su voto de calidad para desempatar los nueve votos en contra (de los ediles del PP) y los nueve a favor (de PSOE y Cambiemos) -Vox también se abstuvo-. Los populares defendieron que en la votación realizada en 2007 por los exediles de su partido no hubo dolo, ni culpa ni negligencia grave, los supuestos que, aseguraron, son necesarios para pedir una responsabilidad patrimonial a los servidores públicos por sus actuaciones.

PSOE y Cambiemos pretendían exigir la responsabilidad por el voto emitido en 2007 por los 14 ediles del PP, entre ellos la actual número dos del PP de la Comunidad Valenciana Eva Ortiz -la única que continúa en activo en la política-, para que el concurso de basuras y limpieza de la ciudad quedase desierto. En la moción que se debatió ayer en el pleno ordinario ambos grupos pedían que desde los servicios económicos del consistorio se cuantificaran los gastos que, por defensa jurídica, costas procesales y otros del proceso, se hayan ocasionado al Ayuntamiento y que se instara de oficio la instrucción del correspondiente procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal a su servicio por los daños y perjuicios causados, «por una decisión política, que la votaron personas, y es injusto que los 77.714 oriolanos tengamos que pagar 60 euros por cabeza hasta llegar a los 4,7 millones», criticó la portavoz socialista Carolina Gracia.

La edil recordó que ese trámite dio lugar «a uno de los episodios negros de corrupción en nuestra ciudad», en referencia al caso Brugal, del que han sido absueltos los acusados recientemente. Gracia señaló que «hasta que no tuvieron el informe que querían tener, hicieron todo lo posible para que el contrato, que estaba en licitación, no llegase a adjudicarse y con su voto provocaron un daño material», lamentó la portavoz del PSOE.

En el mismo sentido defendió el edil de Cambiemos, Javier Gracia, que pagaran «de su bolsillo» la indemnización a Urbaser los 14 ediles del PP que gobernaban en 2007 con mayoría absoluta. Su decisión le permitió a Ángel Fenoll continuar con ese servicio puesto que posteriormente fue adjudicado a la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, formada por tres empresas, que, según las investigaciones del Brugal, dos de las cuales eran negocios de testaferros del polémico empresario oriolano, quien siguió gestionando los residuos en su planta de Proambiente. «¿Quién les dijo a esos concejales que votaran en ese sentido y por qué?», se preguntó el concejal de Cambiemos. «Es un daño patrimonial importante para el Ayuntamiento», añadió Javier Gracia.

Desde las filas populares fue el edil Rafael Almagro, que tachó de «capricho» la moción, el que defendió el rechazo de su grupo al considerar que «en este caso no hay nada que reprochar a esos ediles» porque «se votó lo que decían los informes». Y conminó a los concejales proponentes de la moción a que «si encuentran el dolo por algún lado, vayan con sus grupos políticos a los juzgados; ahora, les va a costar de 2 a 3 millones en costas».

Almagro, además, aseguró que nada más entrar al área de Patrimonio suscribió un seguro, que no había entonces, para los casos en los que un edil deba responder con su patrimonio «aunque la única excepción es que no exista dolo ni negligencia». Y añadió que la decisión de dejar desiertas las basuras en 2007 a decisión de los concejales del PP en un pleno «es un acto administrativo, no lo criminalicen» porque «no existe responsabilidad civil si no la hay penal» y, en este caso, «votaron con base en los informes».

El portavoz de Cs, José Aix, compartió los argumentos de Almagro porque «fue una decisión debidamente informada por el secretario de entonces y se votó en el sentido de su informe, salvo que se demostrara inculpación dolosa del secretario y de los ediles y ni siquiera lo primero consta así». Sin embargo, su grupo, en lugar de votar en contra, se abstuvo y de esta manera evitaba dejar en mal lugar a su exedil y futuro asesor Juan Ignacio López-Bas quien en 2011, tras dar el TSJ la razón a Urbaser, compareció junto al entonces alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) y Antonia Moreno (PSOE) para anunciar su intención de exigir la responsabilidad patrimonial a los ediles del PP, lo mismo que ahora pedían PSOE y Cambiemos.

La edil de Vox, María Asunción Aniorte, que se abstuvo indicó en su intervención que «no nos hace gracia que las arcas municipales se desprendan de ese dinero, pero es para pagar una indemnización a la que condenan al Ayuntamiento». Más contundente fue Javier Gracia quien zanjó señalando que «el mensaje que manda el PP es que gobernando se puede hacer lo que nos da la gana, que nadie va a pagar excepto el pueblo, y nosotros nos vamos a ir de rositas».

EL REGIDOR PARALIZA LA VOTACIÓN POR LA AUSENCIA DE UNO DE SUS EDILES



La surrealista escena se produjo una vez se había votado y ser necesaria una segunda al empatar a votos


El momento más surrealista del pleno de ayer, que se celebró de manera telemática como los anteriores, lo protagonizó la marcha del edil popular Dámaso Aparicio tras votar la moción de PSOE y Cambiemos sobre la petición de responsabilidad patrimonial a los ediles que en 2007 dejaron desiertas las basuras. Aparicio anunció que se iba, nada más votar, a atender a sus hijos. Sin embargo, tras irse, el secretario advirtió que al haberse abstenido Cs y Vox, había un empate de votos en contra y a favor, nueve cada uno, y que se debía repetir la votación y, en el caso de volver a empatar, romper el empate el voto de calidad del alcalde. En ese momento fue cuando el regidor Emilio Bascuñana se dio cuenta de que al faltar Aparicio serían ocho los votos del PP y, por tanto, perderían la votación. Así que ni corto ni perezoso pidió «un segundo» para llamar a Aparicio al móvil para que volviera a conectarse. Un segundo que se convirtió en siete minutos para indignación de los ediles de PSOE y Cambiemos que tacharon de «irregular» lo que estaba sucediendo. Los eternos minutos pasaban y Carlos Bernabé, de Cambiemos, recordaba que «esto es como cuando en el Tour de Francia no se presenta un ciclista al control, se queda fuera», mientras la socialista Carolina Gracia pedía al secretario que interviniera. «Es decisión del alcalde cuándo se repite la votación, pero ha de ser con carácter inmediato y en esta sesión están pasando cosas que no son habituales», dijo el fedatario. Tras varios intentos, al final Aparicio se conectó y se volvió a votar, desempatando el alcalde con su rechazo a la moción.

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