Los 17 juzgados de Aguas y comunidades de regantes tradicionales de la Vega Baja han presentado alegaciones a los denominados «temas importantes» del nuevo plan de cuenca del Segura que está elaborando la Confederación Hidrográfica del Segura para el periodo 2021-2025. Juzgados y comunidades que representan a 30.000 regantes y que inciden en que la CHS afronte de una vez la extensión del riego ilegal que merma los recursos del sector y que además está estrechamente ligada al grave impacto ambiental provocado por los fertilizantes, tanto en acuíferos como en el mar. Aunque los regantes no lo citan textualmente, la mayor parte de las superficies regadas sin concesión de agua ni de superficie por empresas agrícolas de producción intensiva son aledaños al ámbito de riego del Sindicato Central de Riegos del Acueducto Tajo-Segura.
«La realidad es que en la cuenca no hay una sola hectárea de regadío ilegal que haya sido erradicada» en los últimos 20 años según aseguran en el documento registrado ante la Confederación. El documento de base con el que trabaja la CHS indica sobre las extracciones y superficies de regadío que en la demarcación del Segura existen 308.800 hectáreas de regadío, con una superficie bruta de 471.640 hectáreas.
La misma cifra que figura en el plan de cuenca 1998. Para los regantes tradicionales resulta «evidente que estas cifras carecen de credibilidad al ser la misma superficie de regadío que hace 22 años, pese a la conocida y constatada aparición desde entonces de nuevas superficies de riego en la cuenca».
En los tres últimos planes hidrológicos se han incluido mecanismos que permiten la legalización de regadíos que fueron creados «de manera ilícita al existir normas que así lo impedían. Incluso, añaden los regantes tradicionales, en los últimos años se «están regularizando concesiones a fincas a las que durante décadas se les ha permitido hacer uso de aguas subterráneas de acuíferos sobreexplotados y, parte de estos regadíos ilícitos están siendo legalizados con cargo a aguas desaladas». Sobre el terreno la Confederación Hidrográfica «primero prohíbe la ampliación de regadíos y pero los consiente» para, en el siguiente Plan Hidrológico, prever los mecanismos de regularización de superficies creadas y no inscritas, y así sucesivamente desde 1998. En este sentido explican que, tras la aprobación del Plan Hidrológico 2009-2015, se licitó un servicio técnico para «ayudar» a regularizar los numerosos aprovechamientos pendientes que no podían acogerse a la inscripción según las disposiciones transitorias de la Ley de Aguas, por no estar acreditada su existencia a fecha 1 de enero de 1986.
Pero la Confederación los denominó como «regadío consolidado», denominación «que carece valor jurídico alguno, y ello para facilitar que sea oficialmente asumido y regularizado». Los juzgados de Aguas y comunidades valoran positivamente que durante los últimos años se haya impuesto la instalación de contadores volumétricos en las grandes extracciones de agua, las de más de 500.000 metros cúbicos anuales. Pero se trata de un control solo sobre las extracciones de caudales con derechos reconocidos sin que en los temas importantes para el nuevo plan de cuenca se mencione o se informe sobre las extracciones que utilizan pozos ilegales, los cuales deben representar decenas de miles en todo el conjunto de la cuenca.
Sin rigor
Los agricultores tradicionales de la Vega lamentan que en el texto expuesto por la CHS y que se ha sometido a debate en los últimos meses, no se realice «un diagnóstico con rigor y seriedad, con una evaluación crítica sobre el fracaso de las funciones del organismo de cuenca para evitar los usos no autorizados de agua que se vienen produciendo». Algo que hace dudar al sector agrícola de la Vega Baja sobre la fiabilidad de los datos del balance y diagnóstico en relación a las superficies de regadío, sus demandas brutas y netas, así como, el consumo real de recursos hídricos de cada origen.
RECHAZO A UNA NUEVA FISCALIDAD VERDE POR CONTAMINAR
En sus alegaciones al esquema de «temas importantes» del nuevo plan de cuenca los regantes tradicionales rechazan que la medida propuesta de crear una «fiscalidad verde sea un buen instrumento para evitar la contaminación, ya que la contaminación la debe pagar quien la origina». Para los agricultores que riegan con aguas del Segura «no tiene sentido implantar impuestos indiscriminados para todos los usuarios, incluso para aquellos que no contaminan». La contaminación por alta concentración de nitratos sí preocupa ahora a la CHS por su impacto en el Mar Menor.
UNA DEMANDA QUE NUNCA VA A SER CUBIERTA
Los regantes creen que la CHS debe adaptar ya los cultivos del trasvase a los recursos disponibles
Los Juzgados de Aguas y Comunidades, alguno de ellos presididos por alcaldes como el de Rojales o Guardamar, que riegan casi exclusivamente con aportes del río Segura, explican que amplias zonas de la cuenca dependen de caudales externos -Tajo-Segura y desalinización- para desarrollar su actividad y «nunca cubre sus necesidades, lo que provoca que se haga con los caudales de otros sistemas en su perjuicio, cuando deberían adaptarse a los recursos que tiene su concesión, ajustando tanto la superficie como sus necesidades hídricas». Un criterio que si no comienza a aplicar la CHS «la cuenca estará siempre en déficit estructural». Es decir, que sea el aumento de los recursos disponibles y no el de las superficies de cultivo el que determine la demanda.
Las mismas alegaciones de los regantes recuerdan que hasta la llegada de estos nuevos caudales externos y puesta en marcha de todas las nuevas zonas de cultivos - desde la década de los años 80- la CHS abastecía con los «recursos disponibles» sin haber «déficit estructural, solo coyuntural, marcado por los periodos secos o húmedos».
Por otra parte, las mismas alegaciones también cuestionan las llamadas «cesiones de derechos de unas comunidades a otras, que han ocultado - a juicio de los regantes de la Vega Baja - una venta o mercado del agua entre comunidades que, teniendo un caudal inscrito - no una propiedad - vendieron agua como un bien privado, cuando en realidad es un bien público.
