La asociación de vecinas y vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas ha presentado alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles (IBI), aprobada en el último pleno municipal por "considerarla irrelevante e insuficiente". El gobierno municipal, una coalición del PSOE, una edil de IU y una concejal independiente, aprobó una reducción del gravamen desde el 0,62 vigente hasta el 0,60. A pesar de esta modificación, que supone un -3,13 % , "los vecinos y vecinos tendrán que pagar más en 2021 que en 2020 debido a la aplicación progresiva y escalonada de los nuevos valores catastrales resultantes de la última ponencia de valores".

La entrada en vigor de la nueva ponencia de valores de 2013 supuso que se triplicara el valor de los inmuebles, un + 340%, según denunció en su día esta asociación. En 2021, debido a la subida progresiva y escalonada del incremento del valor catastral, se tributará por el 86 % del valor del inmueble. En 2023 ya se tributará por el 100% de su valor. Sin embargo, la reducción del tipo impositivo del gravamen no ha ido en consonancia a este fuerte incremento.

Según el historial de las sucesivas modificaciones desde la aplicación de la revalorización catastral, el gravamen aplicable en 2014 hasta 2021, de aplicarse esta modificación será de un -11,8 %. Del 0,7 de 2014 se situará ahora en el 0,6.

La asociación califica la rebaja "como una simple medida cosmética y demandan una mayor reducción de la presión impositiva en tiempos de una crisis, que sacude de manera inmisericorde, la economía de los vecinos y los negocios". En consecuencia, esta reducción conllevaría redimensionar el gasto público acorde con los tiempos en curso. El gasto per cápita del municipio se sitúa en 927 €, el mayor con diferencia de otros siete municipios del entorno de similares características (Rafal, Los Montesinos, Bigastro, Benejúzar, Cox, Dolores y Redován) y 241 € superior a los 686 € de media de los mencionados municipios. El 40 % de los 5,5 millones del presupuesto municipal se financian con el IBI, que junto con el impuesto de vehículos, superan el 50 % del total de ingresos.

La asociación de vecinos solicita en sus alegaciones que, además de una mayor bajada del gravamen impositivo, el gobierno municipal ponga en marcha una nueva revisión de los valores catastrales para 2022, que "sustituya a la de 2013, que ha quedado totalmente desfasada". Esa revisión se realizó "al calor y a las expectativas del megalómano y extinto Plan General de Ordenación Urbana, con unas perspectivas de crecimiento que no se han materializado. De manera solidaria, al igual que las empresas y ciudadanos, el ayuntamiento también debiera ajustar el gasto a los tiempos que corren", recuerdan.