La Dirección General de Carreteras ha emitido un informe desfavorable al proyecto urbanístico en el que está previsto construir 1.500 nuevas viviendas en el último rincón virgen de la costa oriolana, Cala Mosca. Carreteras destaca dos aspectos por los que da su disconformidad con dicho plan urbanizador, como son las consecuencias negativas en cuanto a la saturación acústica y de tráfico en la zona, que repercutiría «en una peor calidad de vida para los habitantes». Las formaciones Cambiemos y CLARO han sido quienes han desvelado este informe que, aseguran, «podría tumbar el proyecto de Cala Mosca».

El informe destaca que un aumento sensiblemente superior en el número de vehículos que harían uso de las vías saturarían el tráfico, sobre todo en los meses de verano, e incrementarían el ruido, señala el informe. El edil de Cambiemos, Javier Gracia, señaló que «las infraestructuras que existen no pueden albergar más vehículos circulando de los que ya llega a haber en los meses de verano. Si ya se vienen produciendo retenciones y atascos en puentes y vacaciones, imaginemos qué ocurriría si tienen que utilizar esas carreteras todavía más vehículos». Por allí discurre, desdoblada, la N-332, una de las vías más saturadas de la provincia. Gracia pone de manifiesto otro problema como es «la falta de servicios de todo tipo y las carencias urbanísticas derivadas de un modelo irracional y destructor del medio ambiente», lo que, asegura, hará que «la zona pierda valor económico porque la calidad de vida se va a ver necesariamente perjudicada». «Es un despropósito se mire por donde se mire», zanja.

Desde CLARO destacan que el informe de Carreteras alerta de las deficiencias en el estudio de Impacto Ambiental exigido por el Parlamento Europeo como consecuencia de la recogida de firmas presentada esa formación de la costa de Orihuela y firmada por más de 7.000 personas en 2009. «El estudio de impacto ambiental preparado por el promotor es considerado por Carreteras como insuficiente al no cubrir las dimensiones de sostenibilidad del proyecto», señalan. En particular, por la falta de propuestas relativas a las medidas de acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio y seguridad en las carreteras afectadas. «Tales medidas deberían ser ejecutadas por el promotor y cuyos gastos deberían correr a su costa», añaden. En todo caso, desde CLARO señalan que la autorización emitida por el Ayuntamiento en 2007 para la construcción de las 1500 viviendas «está caducada y es necesario que vuelvan a emitir una nueva», zanjan.