Cambiemos Orihuela ha denunciado que muchas de las adjudicaciones de las obras a realizar para mejorar los centros educativos, a través del Plan Edificant, se están haciendo a la baja, con una considerable rebaja del presupuesto licitado. La formación alerta de que este hecho puede afectar a la calidad de las reformas y que puede haber sobrecostes. Cambiemos ha realizado la comparación de diez de los centros educativos a los que han optado empresas para llevar a cabo las obras de reforma del Plan Edificant en Orihuela, encontrándose bajadas del presupuesto licitado de hasta del 35%, como es el caso del colegio Nuestra Señora de Monserrate de Molins y de cerca del 30% en los colegios Andrés Manjón y Miguel Hernández.

La concejala de Cambiemos, María Sandoval, explicó que, debido a que la Conselleria de Educación no estableció unos criterios comunes para la adjudicación de las obras, ha comprobado que en general, y salvando la excepción del IES Las Espeñetas, «todas las adjudicaciones son a la baja, con diferencias que llegan hasta los 100.000 euros. Entendemos que esta rebaja supone un perjuicio grave en la calidad de las obras y por consiguiente pueden suponer sobrecostes y retrasos en la ejecución de las mismas», criticó.

Para Sandoval, «es muy grave que, habiéndose presupuestado unas cantidades previstas, que eran las necesarias para acometer las obras, debido a la escasez de presupuesto no es posible llevar a cabo las reformas necesarias». Es el caso del colegio Andrés Manjón, según la formación, donde el proyecto licitado no responde a las necesidades reales del centro, «pues para combatir las humedades están utilizando placas de pladur, reduciendo sustancialmente el tamaño de las aulas, lo que perjudica al alumnado y además conlleva incumplir el decreto que establece que las aulas de primaria deben tener un espacio de 1,5 metros cuadrados por persona. Más aún, teniendo en cuenta la necesidad de separación entre alumnos, como consecuencia de la pandemia del covid». Además, las obras del CEIP Andrés Manjón conllevan la reducción de aseos del profesorado a la mitad. «Al final se acaba perjudicando a toda la comunidad educativa».

Para Sandoval, «el fin último ha de ser el de dar a la infancia y juventud unos centros públicos bien acondicionados, con instalaciones de calidad, duraderas y seguras y que estemos comprobando que esto no es así es muy grave por el mal uso de los fondos públicos que supone. Además de los perjuicios para la comunidad educativa, que, ya no solo en este centro, sino en todos, tendrán que aguantar durante meses las obras o volver a realizarlas dentro de unos años para solventar las carencias de lo proyectado ahora», alerta la edil. Sandoval se ha unido a la crítica que ha hecho el Colegio de Arquitectos de València, que el pasado mes de julio denunció que se está primando el precio a la baja, mientras que la calidad, tal como establece la Ley de Contratos del Sector Público y se pregunta «a qué responden estas adjudicaciones y a quiénes benefician en última instancia».