El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias contra el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tras examinar el informe de fiscalización sobre el control interno realizado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, donde se advierte de irregularidades contables. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto en el informe que el entonces gobierno del PSOE en 2018 concedió 132.277 euros de subvenciones directas que están pendientes de justificar. La investigación afectaría a unas cuarenta asociaciones culturales, musicales, clubes deportivos y cofradías que habrían recibido esas ayudas, con importes que van desde los 500 a los 30.000 euros, pero que no han justificado. Este hecho puede dar lugar a un proceso judicial con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados.

La Sindicatura de Cuentas realizó en septiembre un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada consistente en una revisión de su control interno durante los ejercicios 2017 a 2019 (primer trimestre). El trabajo elaborado puso de manifiesto un total de 37 deficiencias significativas, de las cuales siete se refieren al entorno tecnológico, entre las que destaca la falta de control en la gestión de las subvenciones, especialmente de su justificación. En el resultado de la valoración efectuada por la Sindicatura, el Ayuntamiento obtuvo 33.647 puntos, que suponen un 67,3% de la puntuación máxima posible. El auditor responsable del informe de fiscalización explica que el objetivo de la misma fue analizar el control interno en relación con la aplicación de la normativa contable y de gestión, y que la evaluación del control interno es un paso previo a una fiscalización específica.

El portavoz del actual gobierno de Pilar de la Horadada, el popular Rufino Lancharro, señala que no le ha sorprendido la notificación del Tribunal de Cuentas «porque nos han dejado una herencia de cosas sin hacer, expedientes sin terminar, y grandes problemas que estamos tratando de resolver». Lancharro explicó que se han puesto s disposición del Tribunal de Cuentas «para cuantas aclaraciones o documentación necesiten incorporar al proceso de investigación», y que han iniciado los trámites para conocer toda la información que conste en el expediente, que se remonta al año 2018 cuando era edil de Asociaciones la socialista Arantxa Martínez Rosillo.

A Lancharro, no solo le preocupan las consecuencias penales que este proceso pueda tener hacia los responsables, sino también las económicas, «puesto que el Ministerio Fiscal podría ordenar a las asociaciones afectadas la devolución de aquellos importes no justificados, que en algunos casos podría alcanzar hasta los 30.000 euros». No obstante, indica que están «buscando soluciones a otra de las ruinosas gestiones de la anterior corporación».