Un jurado popular juzgará al exalcalde José Joaquín Moya (PSOE) y al exsecretario interventor del Ayuntamiento de Bigastro por dos delitos de malversación de caudales públicos. Según relata el fiscal en su escrito de acusación, los acusados se quedaron con parte del dinero que una empresa pagó al Consistorio durante la tramitación de la subasta de un solar del municipio.

El Ayuntamiento ofertó la parcela, de 30.000 metros cuadrados, en febrero de 2007 y la adjudicó en marzo del mismo año por 2.250.000 euros a una empresa que abonó el importe en varios pagos. El escrito de acusación mantiene que algunos de estos pagos fueron realizados en efectivo por parte de la firma a los acusados, que no los ingresaron en las arcas municipales.

En concreto, los dos acusados habrían dejado de ingresar 26.000 euros que la empresa les dio en enero de 2007 para poder participar en la subasta. Además, según el Ministerio Fiscal, el entonces alcalde tampoco ingresó 44.440 euros que la adjudicataria le dio en marzo del mismo año y que también debían acabar en las arcas municipales.

La acusación pública pide para el exalcalde del municipio una pena de prisión de seis años por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Para el exsecretario solicita una pena de tres años y nueve meses por un delito de malversación.

Caso Bigastro

Esta es una de la media docena de causas desglosadas del caso Bigastro que investigó la gestión irregular del primer edil. Moya ganó la alcaldía en 1983 y ejerció el cargo durante 25 años tras obtener sucesivas mayorías absolutas.

En 2006 comenzaron a registrarse denuncias ante la fiscalía Anticorrupción relacionadas con su gestión por parte de particulares y la oposición. Con la investigación todavía sin concluir el juzgado ordenó su ingreso prisión provisional en octubre de 2008. Justo antes de ingresar en la cárcel, desde el calabozo de dependencias policiales, presentó su dimisión.

El exprimer edil socialista, 72 años, ha sido juzgado en cuatro ocasiones. Condenado en tres y absuelto en una, suma casi 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En una de las causas fue condenado a ocho años de inhabilitación por autorizar la construcción de un huerto solar en la zona protegida de La Pedrera -obra que fue paralizada por el Seprona-.

Por otra pieza derivada del caso Bigastro -la subasta irregular de dos fincas municipales para la construcción de un resort con campo de golf- en la que no se respetaron los plazos legales de subasta además de autorizarla en una zona no urbanizable y protegida- fue condenado a otro siete años de inhabilitación.

Además del procedimiento por el que se celebra vista oral esta semana Moya tiene pendiente otro señalamiento por una de las principales piezas investigadas hace doce años: la adquisición para uso particular de un vehículo Tuareg con pagarés del Ayuntamiento de Bigastro.