El exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados para responder sobre su gestión al frente del Consistorio. En este caso, la Fiscalía le acusa de un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos por apropiarse, supuestamente, de 74.440 euros que una empresa pagó con dinero en efectivo, en dos pagos diferentes, al Ayuntamiento en 2007, y que Moya no habría depositado en las cuentas municipales, según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Un jurado popular juzgará al exregidor en una causa en la que también está acusado el exinterventor de la localidad, para quien en este caso se piden tres años y nueve meses de prisión por malversar 26.000 euros en uno de estos abonos realizados en efectivo.
El juicio arrancó ayer en la Sección Séptima de la Audiencia de Elche, con la selección de los miembros del jurado y los alegatos iniciales tanto del Ministerio Público y de la acusación particular -el Ayuntamiento de Bigastro, personado como perjudicado-, como de las defensa de los dos acusados. El fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, explicó que existen dos justificantes de pago en el Ayuntamiento en el que figuran, escrito a mano, que esas cantidades -26.000 euros en un caso, y 44.440 en otro», se las quedó Moya. «Y no lo digo yo, lo dirán en las próximas sesiones los peritos que confirmaron que esas anotaciones las realizó el propio Moya». Así, el exalcalde habría «cobrado esas cantidades sin que se repercutieran a las arcas públicas o se haya acreditado cualquier otro fin municipal», explicó al jurado.
Por su parte, las defensas, pidieron la libre absolución de los acusados. El letrado de Moya, Jaime Pérez, defendió que la acusación del Ministerio Público y del Ayuntamiento de Bigastro «no va acompañada de pruebas. No hay nada claro, y no es dinero en efectivo, sino que se habla de pagarés. Ni era dinero en efectivo, ni lo cobraba Moya». El letrado sí admitió que la gestión económica del Ayuntamiento podría ser un «desastre» en aquella época, pero señaló que «llevar desastrosamente las cuentas no quiere decir que te hayas quedado el dinero». El letrado puso en duda además la instrucción del caso, con «peritos que hacen pruebas judiciales sin trabajar para los juzgados» o nuevas periciales que se solicitan «cuando no dicen lo que el Ministerio Fiscal quiere que digan».
El abogado del exinterventor, Miguel Porras, sostuvo que su representado «no era el responsable de la gestión material del cobro», por lo que no pudo quedarse cantidad alguna. La declaración de ambos acusados se producirá durante la jornada de hoy, en un juicio que está señalado hasta el viernes.
Moya: «Ahora me dedico a otros menesteres: soy agricultor ecológico»
«No hubo malversación. Ahora me dedico a otros menesteres: soy agricultor ecológico». Así de escueto se mostró ayer el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, a la llegada a la Ciudad de la Justicia de Elche, donde se enfrenta a 6 años de prisión por un presunto delito de malversación, acusado de quedarse con más de 70.000 euros que una promotora pagó al Ayuntamiento hace ya trece años. El exregidor, apartado de la vida política tras dimitir desde el calabozo a finales de 2008, tras ser detenido en una de las múltiples causa judiciales abiertas contra él, no quiso hacer más comentarios a la prensa. «Lo lleva todo mi abogado. Yo de estas cosas no entiendo y confío en la Justicia». El letrado del Ayuntamiento de Bigastro, Marcos Sánchez Adsuar, explicó que aún quedan al menos otras dos casos pendientes de juicio.
