El Ayuntamiento de Rojales tendrá que devolver a la Generalitat Valenciana un total de 103.000 euros que forman parte de una subvención de 367.000 euros para 2019 de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que no han sido justificados, según la reclamación realizada por este departamento y a la que ha tenido acceso este diario. Es el tercer año consecutivo que el consistorio rojalero debe devolver parte de esas ayudas destinadas a servicios sociales y dependencia. La Conselleria adelanta cada año el dinero de la subvención que, una vez gastado, debe justificar el ayuntamiento que la ha recibido. De no hacerlo, debe devolver la cantidad no justificada o no gastada, como es el caso del Ayuntamiento de Rojales.

De ese dinero que le reclama la Conselleria, 75.000 euros pertenecen a la partida de personal que se tenía que haber contratado dentro del Equipo Base de los Servicios Sociales municipales, y que no se ha hecho. El consistorio podría haber contratado, con ese dinero, a educadores sociales, administrativos o un psicólogo que, a pesar de disponer en algunos casos de bolsas de trabajo, no se han utilizado.

Tampoco se han usado 25.500 euros que se concedieron al consistorio rojalero para ayuda a domicilio a la dependencia. «Resulta incomprensible en un municipio como Rojales, con la cantidad de familias que necesitan de ese servicio para cuidar a sus mayores», lamentó el portavoz del Partido Demócrata de Rojales (Pader), Desiderio Aráez. «Al final pasará con esta partida lo mismo que pasó con la subvención que se nos concedía para la oficina del PANGEA, que nos la quitaron después de varios años sin justificar», criticó el edil.

Es el tercer año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Rojales debe devolver parte de las ayudas logradas para la contratación de personal en el departamento de Servicios Sociales al no poder justificar el gasto. En 2017, el consistorio tuvo que devolver 85.086 euros, el 28% del dinero concedido por el Consell, mientras que en 2018 se devolvió 129.786 euros, un 36% del total, tras requerirlo la Conselleria por no haberle dado uso a esa ayuda. «Desde el Pader no entendemos la dejadez del alcalde de Rojales en este tema, el por qué no ha tomado medidas al respecto, después de conocer que entre los años 2017, 2018 y 2019 se han devuelto desde este Ayuntamiento más de 318.000 euros de los 930.000 concedidos por la Conselleria a los Servicios Sociales municipales», indicó Aráez a este diario. «Es otra muestra más, y van muchas, de lo caro que nos está saliendo a los ciudadanos de Rojales la pésima gestión de los equipos de gobierno de Antonio Pérez», añadió.

Al cierre de esta edición, el Ayuntamiento no se había pronunciado sobre este asunto a preguntas de este diario. El alcalde defendió el pasado año que todos los servicios estaban ya cubiertos con los empleados que tiene el consistorio rojalero.