La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido no adjudicar el contrato de servicios de recogida de residuos, transporte a vertedero, limpieza viaria y mantenimiento de la costa con cuatro informes en contra: tres del director de los Servicios Jurídicos -habilitado nacional- y uno del funcionario ingeniero supervisor del servicio. A su vez hay uno a favor de no adjudicar de la directora general de Contratación, mientras también se ha pronunciado favorablemente, con tres informes, el director general de Urbanismo -ambos funcionarios de confianza designados por del alcalde Eduardo Dolón-.
La junta de gobierno se reunió ayer, poco antes de iniciarse el pleno ordinario de este mes, para aprobar este informe propuesta que firma la directora general de Contratación, Rosana Narejos, en el que planteaba que las dos opciones -adjudicar o no, eran válidas pero finalmente consideraba que por interés público la decisión de no adjudicar «evita un escenario de incumplimientos de ley de Estabilidad y Sostenibilidad», y permite replantear la forma de gestión del servicio y la minoración sustancial del precio de licitación, sin renunciar a la calidad -dice el acuerdo- y a una gestión más eficiente desde el punto de vista económico». Este informe no fue validado el miércoles con su firma por la edil de Aseo Urbano y Contratación, Carmen Gómez, responsable del expediente. Sí acudió Gómez para ratificarlo finalmente en la junta de gobierno ayer.
El proceso por el que se anula esta adjudicación, que contemplaba un desembolso de 466 millones de euros a lo largo de 15 años -25 millones de euros al año -, se inició tras la advertencia de la interventora de que los ingresos previstos para 2021 podrían poner en entre dicho la sostenibilidad de esta prestación.
Torrevieja fulmina su tercer intento desde 2016 de resolver una prestación por la que abona a Acciona 19 millones de euros al año sin contrato - El Ayuntamiento indemnizará con 100.000 euros a las empresas que concursaron
Torrevieja ha pagado 65 millones de euros sin contrato a Acciona, empresa que realiza actualmente el servicio, por realizar la prestación desde junio de 2016 sin contrato. Su concesión de diez años y dos de prórroga concluyó en ese momento. Con la decisión adoptada ayer la empresa mantendrá la prestación de forma irregular hasta que el municipio inicie un nuevo expediente -el cuarto para el mismo objetivo desde 2015-, y decida el modelo de gestión. En 2016 se descartó la municipalización.
En 2019, con el cambio de gobierno, un contrato de gestión indirecta con las plicas ya presentadas. El alcalde apuesta por la creación de una empresa mixta -el de tramitación más lenta. A renglón seguido, en el mismo punto de la junta de gobierno, se reconoce a los cinco licitadores que han participado en el concurso el derecho a recibir «una compensación» por los gastos en los que han incurrido por participar en la licitación. En total 99.014 euros, 19.802 euros por cada empresa. Al concurso se presentaron Valoriza-STV, UTE FCC-OHl, UTE Actúa-3RS, Urbaser y Acciona.
Paralizado
La paralización del proceso de adjudicación se produjo en el momento en que el ingeniero supervisor de la prestación valoró las ofertas técnicas o sobre B de la licitación (el A corresponde a la presentación de la documentación y el C a la presentación de las ofertas económicas). Según ha podido conocer este diario la empresa mejor valorada supuestamente en ese momento del proceso (el pasado 14 de septiembre) era Valoriza-STV pero ese documento no llegó a analizarse formalmente ni resolverse por la mesa de contratación.
El tercer informe del asesor jurídico pone en cuestión la actitud del director general de Urbanismo y Servicios en ese momento. Asegura que éste se dirigió a la mesa de contratación, para indicar «que iba a realizar informe un informe en el que iba a proponer el desistimiento del contrato del Servicios de Recogida de Residuos «en base a que los pliegos vulneraban la legalidad, por falta de claridad, lo que imposibilitaba la valoración». Esta propuesta, dice el director jurídico fue «realizada cuando no habían transcurrido ni cuatro horas de la emisión del informe de valoración de ofertas por el técnico municipal».
Cuatro miembros de la mesa de contratación denuncian coacciones
El PP apoya a los técnicos y rechaza que dimitan por supuestas presiones del asesor jurídico
Ayer la resolución de la junta de gobierno contaba con otro punto inicial. Cuatro miembros de la mesa de contratación que decide el contrato -los designados voluntariamente por el gobierno local-, presentaban su dimisión expresada en un escrito en el que, según ha podido conocer INFORMACIÓN, se indicaba que habían recibido supuestas presiones y coacciones por parte del asesor jurídico, Jesús López, para que adoptasen la decisión de seguir con el procedimiento de adjudicación. La junta de gobierno presidida por el alcalde Eduardo Dolón ha decidido «no admitir la solicitud de revocación de los miembros de designación voluntaria», la presidenta de la mesa de contratación y directora general de Contratación, Rosana Narejos, el director general de Economía, Juan Carlos Carmona, el funcionario técnico Luis Rebollo y el secretario de la mesa Fernando Domínguez. En ese acuerdo «hace suyas las manifestaciones vertidas por la comunicación (cuyos extremos no se han dado a conocer)» por la «profesionalidad, imparcialidad y el buen funcionamiento de dicho órgano». Los otros dos miembros natos de la junta son el director de la Asesoría Jurídica Jesús López López (favorable a continuar con la adjudicación) y la interventora Cristina Serrano, que debe informar sobre la viabilidad económica de la no adjudicación decidida ayer. Jesús López ejerció como interventor acumulado desde que se inició el actual mandato en el Ayuntamiento antes de asumir la dirección de la asesoría jurídica.
