Cuatro de las cinco grandes empresas que se presentaron al concurso de recogida de residuos y limpieza de Torrevieja mantenían todas sus posibilidades abiertas de hacerse con la contrata antes de que el alcalde Eduardo Dolón (PP) y su junta de gobierno, con informes en contra y a favor de los técnicos, decidiera no seguir adelante con el proceso y no adjudicar una presentación en la que se jugaban 466 millones de euros.

Según un informe de valoración de las ofertas técnicas firmado el 14 de septiembre, la Unión Temporal de Empresas Valoriza (Scyr)-STV encabezaba la baremación con 35 puntos, seguida de Acciona -34,74 puntos-, FCC- OHL -con 33,72 puntos- y Urbaser -32puntos-. La que quedó en quinto lugar, Actúa-3RS, logró 31,52, casi cinco puntos de diferencia entre la primera empresa y la última difíciles de remontar en una oferta económica que se presumía muy ajustada aunque esta segunda plica -la económica- no llegó a abrirse. Una segunda valoración de la oferta técnica realizada por el director general de Urbanismo y Servicios incluso ampliaba las distancias entre esas cuatro empresas y Actúa- 3RS. La diferencia, esencial e insalvable por muchos criterios subjetivos que se pusieran sobre la mesa, la marcaba el número total de empleados que las empresas estaban dispuestos a emplear en el servicio de recogida. Era sensiblemente mayor en cuatro de las cinco ofertas. Durante todo ese mes de septiembre la mesa de contratación no decidió -de hecho se suspendió un intento de valorar el mismo día 14 de septiembre. Tampoco cuando el director de Urbanismo y Servicios, Víctor Costa, que dejó por sorpresa la mesa y el cargo y luego volvió pero sin integrarse en el órgano colegiado, realizó su propia valoración.

Con el procedimiento totalmente encallado, la interventora Cristina Serrano anunció en octubre una minoración de los ingresos municipales por la crisis sanitaria de seis millones de euros en impuestos directos y suspensión de tasas -finalmente serán más de siete-, una circunstancia que debería tenerse en cuenta a la hora de adjudicar contratos en tramitación, como era el caso de las basuras. Con el argumento del interés público a la hora de financiar servicios esenciales y tras una auténtica batalla campal de informes y contrainformes de los técnicos municipales, el alcalde decidió hace un par de semanas no adjudicar y liquidar el expediente para iniciar otro nuevo. Y aquí no ha pasado nada. En esa sucesión de informes figuran los que apostaban por adjudicar, -uno firmado por el supervisor del servicio y tres a cargo del director de los Servicios Jurídicos, Jesús López-, y los que defendían no adjudicar - de la directora general de Contratación, Rosana Narejos, del director general de Economía, Juan Carlos Carmona, y los del director general Urbanismo y Servicios.

La decisión de no adjudicar se resolvió anticipando a los licitadores una compensación de 20.000 euros por los gastos de elaboración de las ofertas y su tramitación. En total, cien mil euros cuyo pago ya está validado. Pero no parece que todas las empresas estén de acuerdo con este carpetazo. De momento, dos de ellas han pedido por registro una copia de los informes de valoración. El Ayuntamiento considera que las mercantiles -algunas de ellas multinacionales con implantación en más de 30 países-, no podrían recurrir en el juzgado lucro cesante porque los informes de valoración no llegaron a analizarse en mesa de contratación y no se han hecho públicos aunque el expediente administrativo ya está cerrado. Ahora Dolón asegura que su opción es crear una empresa mixta con capital mayoritario público de la Ayuntamiento. Un proceso que puede prolongarse durante meses y que también requiere de un concurso.

La contratación de un nuevo servicio de recogida de basura fue una de sus principales promesas electorales. La contratación debería poner al día un servicio que el propio ingeniero que lo supervisa asegura que no solo es muy deficiente sino que con los medios con los que dispone es incapaz de verificar que las certificaciones que presenta la empresa que lo realiza sin contrato se ajustan a la realidad sobre el terreno. Son 19 millones de euros al año, 65 millones sin contrato desde junio de 2016, fecha en el que expiró la concesión tras diez años y dos prórrogas de uno. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó al alcalde Pedro Hernández Mateo a tres años de cárcel por amañar la contrata a favor de Necso (Acciona)- La Generala (Actúa) y la consideró fraudulenta.

Sin embargo, la denuncia interpuesta por Los Verdes para esclarecer la trama no pedía la anulación del contrato, que se mantuvo vigente. La prestación se mantiene sin contrato porque la alternativa es dejar la basura en la calle.

Empresas en alianza y viejas conocidas


Empresas que se presentaron al concurso ahora liquidado son importantes proveedoras del Ayuntamiento en estos momentos o lo fueron en su día. Es el caso de la UTE que aparece en primer lugar de la baremación Valoriza- STV. Valoriza no ha realizado obras ni servicios en Torrevieja pero STV lleva a cabo el mantenimiento de parques y jardines, junto a Actúa. Acciona, además de realizar el servicio de recogida basura desde 2004, adjudicado en UTE con la Generala -y desde 2016 sin contrato- , es la adjudicataria de la limpieza de edificios municipales y la responsable de la construcción de las principales obras públicas de Torrevieja como el Teatro Municipal, el Palacio de los Deportes, la reurbanización de San Roque o la planta desalinizadora. Por su parte, Actúa realiza en UTE con STV la conservación de parques y Jardines. Pero en 2004, bajo la denominación de la Generala, se adjudicó la contrata de basuras de Torrevieja con Acciona - alianza que dejó pronto-. Uno de los socios de Actúa lo era también de JOST, una empresa ahora liquidada que llevó a cabo numerosas obras públicas. Ligada a Actúa está Orthem, adjudicataria del paseo de punta Margalla. OHL, por su parte realizó la segunda fase del Museo de la Semana Santa.