El Ayuntamiento de Torrevieja tiene pendiente formalizar la adjudicación de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un año después de haber propuesto a la empresa mejor valorada para realizar este trabajo. Torrevieja cuenta con uno de los planeamientos urbanísticos más de antiguos de España. El que está en vigor data de 1987. Además para una ciudad volcada en la construcción y el turismo residencial como motor de su economía. La oferta por 406.000 euros presentada por la UTE formada por Incontec Consultores, Navarro Ballester Asociados e Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente era la que mayor puntuación había obtenido para hacerse con el contrato de redacción. Al procedimiento se presentaron siete empresas, pero el perfil del contratante no recoge ni la formalización. De hecho no hay ni rastro del procedimiento impulsado a principios de 2019. Se trata de una adjudicación impulsada por el anterior equipo de gobierno de izquierdas.

El PP siempre ha cuestionado la oportunidad de llevar a cabo este procedimiento de actualización de la normativa urbanística con el argumento de que podría ser un obstáculo para la continuidad de la actividad constructora. El urbanismo local ha estado condicionado por las solicitudes de los promotores a lo largo de cuatro décadas: el Ayuntamiento ha tramitado más de un centenar de modificaciones puntuales durante ese periodo. El urbanismo y su gestión prácticamente ha pasado desapercibido como tema protagonista durante este mandato, marcado por la crisis sanitaria. El alcalde Eduardo Dolón (PP), es además el responsable del área de Urbanismo.

Lo cierto es que ni tan siquiera la actual crisis ha bloqueado los desarrollos en marcha como los previstos en la Coronelita, Villa Amalia o Punta Prima. Zonas con especial demanda por contar con las pocas parcelas urbanizables sin edificar del término municipal. A excepción del parque natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja, que ocupa el 55% del término, el Molino del Agua y cala Ferrís y su corredor ecológico con el saladar, el resto de la superficie está colmatada o ya está reclasificada. El único gran planeamiento pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Generalitat es la macrourbanización sobre 1.700.000 metros cuadrados, el plan de La Hoya, con capacidad para construir 7.000 viviendas, además de grandes zonas comerciales aledañas a la CV-905. Y en la que ahora es urbanizador mayoritario el Grupo TM.

La elaboración y revisión del PGOU está más pensada para rediseñar los espacios urbanos ya consolidados -en una ciudad conocida por un paradigma urbanizador que más bien se usa como referencia de lo que no se debe hacer en urbanismo- y quizás modificar los volúmenes de urbanizaciones residenciales del actual modelo horizontal al vertical de edificación que para reclasificar nuevos suelos urbanos de lo que la ciudad carece. También tendría como objetivo planificar la reurbanización de zonas infradotadas desde el punto de vista de servicios básicos como es el caso de Las Torretas II -con calles sin asfaltar en pleno siglo XXI- y La Torreta III, entre otros puntos concebidas en los ochenta para alojar al turismo residencial y ahora en un preocupante proceso de degradación urbanística y social.

El procedimiento de adjudicación de este PGOU se inició a principios de 2019, con el anterior gobierno de coalición de izquierdas y se vio retrasado por un recurso de los aspirantes ante el Tribunal Administrativo Central de Contratación. El actual mandato de mayoría del PP se lo encontró en pleno trámite y sin posibilidad de revertirlo.

En cualquier caso la revisión del planeamiento, si es que llega a formalizarse en algún momento, tiene un plazo de ejecución de 42 meses, tres años y medio -una vez que se formalice el contrato-. Además, si sale adelante se solapará con el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, una normativa supramunicipal con