La Fiscalía Anticorrupción solicita 2 años y diez meses de prisión para los exediles del PP de Callosa de Segura Francisco Rodríguez y Manuel Illán, este último actual presidente de los populares callosinos, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso con el delito de fraude y por tráfico de influencias por el llamado «caso wifi». La causa abierta investiga la adjudicación de un contrato de más de 90.000 euros para disponer una red wifi en el municipio que se adjudicó a una empresa vinculada al hermano del entonces alcalde, el popular Javier Pérez. Ambos eran concejales del equipo de gobierno cuando se adjudicó el servicio. Rodríguez era edil de Urbanismo y presidente de la mesa de contratación, mientras que Illán ostentaba las concejalías de Hacienda y Contratación, además de integrante de esa mesa que adjudicó la red wifi.
El fiscal anticorrupción, Pablo Romero, pidió el sobreseimiento provisional de la causa para Pérez y su hermano, por lo que la jueza de instrucción de Orihuela no los incluyó en el auto de incoación del procedimiento, el paso previo a la apertura de juicio oral. Además de los dos exediles, la jueza procesa a un arquitecto técnico municipal y al representante de una de las empresas.
Según el escrito del fiscal, al que ha accedido INFORMACIÓN, tanto Rodríguez como Illán recabaron un informe externo «que complaciera sus deseos de adjudicar a toda costa a la mercantil administrada por el hermano de quien ejercía de alcalde». Además, acusa a los imputados de haber incluido un condicionamiento en los pliegos, tras la presentación de ofertas, que solo cumpliría la empresa del hermano del regidor que, según el fiscal, «no era la oferta más ventajosa» de las presentadas. La Fiscalía solicita para los acusados la inhabilitación para cargo público durante 12 años y una multa del duplo del beneficio conseguido (10.952 euros), además de a indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Callosa de Segura con 5.476 euros, importe al que asciende el beneficio industrial. El polémico contrato para instalar la red wifi fue tramitado en 2010 mediante un procedimiento negociado sin publicidad y por vía de urgencia. Para ello se seleccionó a cuatro empresas, entre ellas «Análisis y Control de Redes privadas SL», la participada por el hermano del exregidor del PP. Fue el anterior gobierno de PSOE, EU y Somos quien lo denunció a Fiscalía.
El presidente del PP de Callosa ha recurrido ante la Audiencia Provincial el auto para la apertura de juicio oral y solicita el sobreseimiento de la causa. En el recurso de apelación, bastante bien documentado, ha aportado pruebas testificales que lo desvinculan de este turbio asunto y en el mismo pide la suspensión del escrito de acusación.
