Cuatro años y seis meses de prisión para el exalcalde José Joaquín Moya por malversación

La sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, condenó ayer a cuatro años y seis meses de prisión al exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, por un delito de malversación continuada y le obliga a indemnizar al que fue su Ayuntamiento en la cantidad de 70.440 euros, de ellos 26.000 euros lo tendrá que hacer de forma solidaria con Antonio Saseta, quien era el interventor-secretario municipal, a quien condena a tres años de prisión. Ambos fueron declarados culpables del citado delito hace un mes por un jurado popular, por siete votos a favor.

A la hora de fijar las penas, el magistrado Javier Saravia, añade que Moya debe ser inhabilitado por seis años y Saseta, por cuatro. La acusación particular, que representaba al Ayuntamiento de Bigastro, ha estado dirigida por el abogado Marcos Sánchez Adsuar. El fallo llega a estas penas (que son las mismas que pedían tanto acusación pública como particular) tras concurrir una atenuante de dilaciones indebidas porque los hechos que se juzgaban datan de 2007; es decir, hace trece año a la fecha de la vista, a mediados del pasado mes de diciembre.

25 años de alcalde

Moya fue alcalde de Bigastro durante 25 años y una de las personas más influyentes dentro del PSOE de la Vega Baja y de la provincia, donde compaginó su cargo con el de diputado provincial. En la actualidad está jubilado. Es la primera vez que la sección VII le condena a una pena de prisión después de haber tenido que dimitir en 2008 tras su detención dentro de una investigación de la Guardia Civil de la que se desgajaron varias causas. Esta es una de las últimas que le quedan por responder ante la ley.

El fallo da por probado que el pleno de Bigastro, siendo alcalde Moya, adjudicó en 2007 a la mercantil Sogeinsa 2004 una parcela de 30.000 metros cuadrados en el sector D12 por un valor de 2,25 millones de euros que deberían ser ingresado en las arcas públicas. El regidor y el interventor «tenían la obligación de garantizar que el dinero obtenido por la subasta fuera ingresado en las arcas municipales», dice la resolución.

Sogeinsa había prestado una fianza de 90.000 euros y abonó 1.035.000 euros para completar la mitad del valor del terreno. El resto debería pagarse durante el otorgamiento de la escritura. Dice el fallo que de esa fianza, 64.000 euros se ingresaron en una cuenta municipal y el resto, 26.000, «se los quedó para uso propio José Joaquín Moya, con el conocimiento y consentimiento de Antonio Saseta». Posteriormente, la mercantil abonó el resto del dinero. De los cuales 982.000 euros se pagaron con un pagaré que fue ingresado en una cuenta municipal, «y el resto, 52.200 se abonaron en efectivo, ingresándose en una cuenta la cantidad de 7.760 euros y los 44.440 euros restantes se los quedó para uso propio José Joaquín Moya».