Era el peligro más evidente del plan Edificant: que la administración autonómica dejara en algún momento de pagar. La Generalitat debe más de un millón de euros a la empresa adjudicataria de la construcción del segundo instituto de enseñanza secundaria de Pilar de la Horadada. La contratista, Joca Ingeniería y Construcciones S.A ha amenazado con paralizar la actividad en la obra si la Conselleria de Educación no abona las certificaciones que la mercantil tiene aprobadas por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
El nuevo instituto cuesta 6.230.087 euros que se comprometió a financiar la Generalitat a través del Plan Edificant. Es decir, cuenta con una partida que está prevista y liberada en los presupuestos autonómicos -en caso contrario no hubiera podido licitarse- y no puede derivarse a otro uso. La empresa comenzó en octubre a levantar el edificio sobre una parcela de quince mil metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada en Torre del Pilar, la población del término municipal pilareño situada junto al litoral. Tiene un plazo de ejecución de 14 meses.
El centro contará con 560 puestos escolares. La ejecución ha ido a buen ritmo y la estructura entre las calles Los Ángeles, Los Pescadores y avenida Comunidad Valenciana ya está avanzada. Ayer mismo la actividad se mantenía con normalidad.
La empresa ha ido presentando certificaciones -que describen los trabajos realizados sobre el terreno según el proyecto para que sean abonados- y los técnicos municipales las han validado. Pero la Generalitat no ha pagado. En total cuatro certificaciones por valor total de 1.164.000 euros.
La empresa no recibe explicaciones de la administración autonómica y el Ayuntamiento solo puede responder que la financiación corresponde exclusivamente a la Generalitat. Porque ese es el pilar del programa Edificant: la financiación. Los ayuntamientos asumen todas las competencias menos la financiación. El equipo de gobierno del Partido Popular ha pedido a la administración educativa que responda oficialmente a la empresa. Y a la mercantil, que no paralice las obras. La deuda y la demora en saldarla desde la aprobación de la primera certificación genera intereses.
Edificant se puso en marcha en el primer mandato del gobierno del Botànic como una fórmula para desatascar la ejecución de infraestructuras educativas; en muchos municipios, pendientes desde hace décadas. El objetivo es que todo el procedimiento administrativo para sacar adelante una obra educativa lo asuman los ayuntamientos: cesión de suelo, redacción de proyecto básico y de ejecución, elaboración de pliegos técnicos y administrativos, licitación y adjudicación de las obras. Algo que descarga a la Conselleria de Educación que solo tiene que aportar el dinero. Esta iniciativa de construcción ha estado funcionando de una forma efectiva desde que se puso en marcha y ha permitido liberar de barracones muchos municipios de la provincia y la Vega Baja.
Solo en el caso de Pilar de la Horadada se plantearon más de una veintena de obras de reparación parcial de infraestructuras educativas. La mayoría ya se han ejecutado. Falta la finalización de este centro de secundaria y la adjudicación del nuevo centro de Infantil y Primaria, que se ha retrasado por el recurso de un licitador a la adjudicación del procedimiento.
