Dos responsables de Acciona, empresa que realiza la prestación de la recogida de basuras en Torrevieja, declararon ante la jueza y el fiscal Anticorrupción que la edil de Limpieza y Contratación, Carmen Gómez (PP) les encargó un plan de choque de limpieza en el verano de 2019, se llevó a cabo durante meses y se está a la espera de que el Ayuntamiento lo pague. La empresa remitió un presupuesto con el coste mensual del refuerzo a petición de la edil -figuran correos electrónicos que así lo avalan-.
Los dos testimonios indican que lo que pidió el Ayuntamiento para comenzar el actual mandato no formaba parte en ningún caso del refuerzo convencional de todos los veranos, era una prestación especial para ese verano de inicio de mandato.
El plan de choque de limpieza se hizo -con un coste que podría superar los 300.000 euros- pese a que el técnico ingeniero supervisor del servicio realizó un informe en el que advertía a la edil que debía tramitarse con un procedimiento de contratación abierto. Algo de lo que se prescindió.
Estas declaraciones de los encargados de Acciona contrastan con lo que manifestó la edil en su interrogatorio ante la magistrada juez y el fiscal Pablo Romero. La concejal aseguró que nunca vio informe alguno de advertencia del técnico. Y cuando en el acto en sede judicial se le mostró ese documento con su firma que corroboraba que lo había recibido, la concejal argumentó que no era su firma.
Los responsables de la empresa en Torrevieja indicaron que la edil les explicó que ya se abordaría la forma de pago, sugiriendo que podría ser cuando se liquidara la prestación, dado que en 2019 estaba prevista la adjudicación de un nuevo contrato. En el procedimiento, abierto a principios de 2020 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se indaga si se ha producido un supuesto delito de prevaricación, que podría derivar en malversación. Prevaricación que se daría incluso si el Ayuntamiento no ha abonado el servicio puesto que ha generado una obligación de pago de dinero público sobre la empresa multinacional.
En su declaración la edil exime de responsabilidad en el encargo del refuerzo de limpieza al alcalde Eduardo Dolón, que compareció con la edil en rueda de prensa al principio del mandato para anunciar el plan de choque, cuantificado en 120.000 euros al mes. En esa comparecencia también aseguró que no había obstáculo legal para realizar la prestación. La concejala ha pasado ahora a negar que el plan de choque existiera fuera del refuerzo habitual del servicio.
La investigación continúa. El Ayuntamiento ha atendido la petición del juzgado para que aporte el pliego de condiciones que rige la prestación. El servicio se realiza desde junio de 2016 sin contrato después de agotar diez años de vigencia y dos prórrogas de un año. El acuerdo entre empresa y municipio es que siga realizándose bajo las mismas condiciones. El mismo juzgado ha solicitado localizar a un funcionario auxiliar administrativo en calidad de testigo.
Funcionario que deberá confirmar el detalle sobre la firma y el recibí del informe del técnico en el que advertía que el plan de choque no podía realizarse sin contrato se entregó de forma efectiva en el área de Alcaldía.
