La Concejalía de Infraestructuras de Orihuela retiene desde octubre los pagos mensuales a la adjudicataria del mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa. La mercantil, la oriolana Zaplana Caselles S.L.U., pasa a final de mes las certificaciones con los trabajos realizados para que le sean abonados, pero las facturas, de 63.000 euros mensuales, no llega a firmarlas el edil del área, Ángel Noguera (Cs), a pesar de que el técnico municipal encargado de supervisar el contrato les está dando el visto bueno. La empresa ya ha pasado al cobro las facturas de octubre, noviembre y diciembre, y ayer hizo lo propio con la de enero, por lo que la deuda del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria asciende a más de 252.000 euros. La mercantil cumplió ayer un año desde que se le adjudicara el contrato por cuatro años, con posibilidad de una prórroga de dos más, por un total de 3.309.584 euros.
Según explicaron a este diario fuentes de la adjudicataria encargada de mantener y ejecutar obras en los viales de las urbanizaciones de la costa oriolana, los problemas de pago se dan desde el inicio de la contrata hace ahora un año. De hecho, la primera factura no la cobró la empresa hasta julio. Pero las retenciones del pago por parte del edil de Infraestructuras se han incrementado en los últimos meses. A mediados de enero el Ayuntamiento pagó la certificación de septiembre, y ahora las debe desde octubre. Las mismas fuentes se quejaron de que desde la Concejalía de Infraestructuras «nos rechazan las facturas sin darnos un motivo», por lo que ya han enviado un escrito reclamando el dinero que se les debe y pedirán intereses de demora, un paso previo a iniciar acciones judiciales a las que están dispuestos a llegar.
Desde la Concejalía de Infraestructuras explicaron que la retención del pago de las facturas a la empresa, pese a realizar los trabajos encomendados, se debe a que «se percibe, no solo por parte del edil de Infraestructuras, sino también del personal del Ayuntamiento en la Costa y de las quejas de asociaciones vecinales como FAOC o AVOCA, que no se está prestando el servicio con la calidad que se le requiere pese a que se mejoró el contrato con respecto al que había». Además, añadieron que el edil del área, Ángel Noguera, va a pedir un informe al técnico supervisor del contrato sobre el cumplimiento del mismo por parte de Zaplana Caselles.
Por su parte, la mercantil señala que «para rechazar el pago, un organismo debe justificarlo, y no se está haciendo, no nos dan los motivos que debemos, supuestamente, subsanar y nosotros tenemos detrás muchos trabajadores a los que les estamos pagando la nómina sin que a nosotros se nos abonen los trabajos realizados».
«Impedimentos y zancadillas»
La empresa adjudicataria acusa a la Concejalía de Infraestructuras de boicotearles. En una publicación que Zaplana Caselles subió ayer a las redes sociales con motivo del primer aniversario de esta contrata, señala que están recibiendo «muchos impedimentos y zancadillas» y «soportando para que nuestro buen hacer no sea significativo ni visible». Fuentes de la mercantil explicaron que el consistorio no les suministra en muchas ocasiones el material necesario para hacer los trabajos o se lo lleva antes de que los terminen. A falta de que se adjudique el contrato de suministro de los materiales, el pliego estipula que debe ser el Ayuntamiento el que lo ponga a su disposición. «Nos mandan el cemento a lo mejor un día después o nos dan dos botes de pintura y a mitad del trabajo nos quitan uno», se quejan. El contrato estipula que la mercantil se encarga de la maquinaria «que es toda nueva» y del personal, y el suministro de materiales corre a cargo del consistorio.
Además, no les ha pasado desapercibido que en las últimas publicaciones en unos perfiles de Facebook de la Concejalía de Infraestructuras destinados a los residentes de las urbanizaciones del litoral oriolano, que pone que son oficiales, las fotografías que la empresa les manda aparecen retocadas de manera muy «cutre», tachando con pintura blanca, con un programa de retoque muy básico, el logotipo de la empresa, que aparece en los vehículos junto al escudo del Ayuntamiento de Orihuela (que éste sí lo dejan). «Nos da la sensación de que no nos dejan trabajar para que no se vea el trabajo y poder decir que no se ven las mejoras. Nos entorpecen para que no podamos trabajar», lamentan fuentes autorizadas de la empresa.
Tribunal contractual
El contrato de mantenimiento y reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa fue polémico desde el principio. El actual adjudicatario, Construcciones Zaplana Caselles SL., no fue el ganador en un principio. Se trata de la empresa que interpuso un recurso contra la que fue adjudicataria en 2019, Los Serranos, por considerar que la adjudicación no era justa. De hecho, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, anuló esa adjudicación a Los Serrano del contrato, que tiene un coste de 766.000 euros al año por un periodo de 4 años más 2 de prórroga (un total de 4.596.000 euros por los 6 años).
El tribunal estimó parcialmente el recurso de la mercantil que quedó en segundo lugar, Zaplana Caselles, al considerar que los técnicos de la mesa de contratación -donde no hay políticos- puntuaron un distintivo de calidad que no se mencionaba en los pliegos ni en el contenido de los criterios de valoración, por lo que obligó a restar el punto que se le dio a la mercantil adjudicataria por este motivo. Y, de esta manera, a la Concejalía de Infraestructuras, entonces también dirigida por Ciudadanos, y al gobierno local donde está también el PP, no les quedó otra que darle la concesión a Zaplana Caselles.
Vecinos
Desde la Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (AVOCA) se señala que sus quejas son sobre trabajos concretos, como señalización horizontal y asfaltado, y que "han sido el resultado de la valoración del trabajo realizado que depende, además de la calidad de la ejecución (totalmente achacable a los operarios de la contrata), de factores tales como la planificación, la disponibilidad de los materiales empleados y su adecuada calidad". Estos tres últimos factores, "hasta donde conocemos, dependen única y exclusivamente de la Concejalía de Infraestructuras, y es evidente que no se están gestionando bien, como hemos manifestado en diversas ocasiones". "La concentración de actuaciones en determinadas urbanizaciones del litoral, las actuaciones sin concluir, el asfalto deficiente empleado o el bacheado realizado a medias en algunas zonas son claros ejemplos de una deficiente gestión de la contrata, por parte de la Concejalía de Infraestructuras", indican en un comunicado emitido hoy tras la publicación de esta noticia.
