La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha acabado con la última posibilidad de que una resolución judicial obligue al Ayuntamiento de Torrevieja a asumir la reurbanización de Torreta III. La esperanza abierta con la sentencia en primera instancia durante el mandato anterior, que instaba al Ayuntamiento a que asumiera las obras para dotar de unos servicios básicos dignos al residencial, se esfumó primero en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), donde el actual gobierno mantuvo su recurso, y después con la inadmisión del recurso de casación ante el Supremo de los vecinos.

Juan Chapapría, letrado que defiende a los vecinos en su reivindicación, había presentado un incidente de nulidad sobre la resolución que rechazaba la admisión del recurso de casación. Acción judicial que también ha sido rechazada. Chapapría asegura que ya daban la vía judicial por agotada y que los vecinos se acogieron a la posibilidad que ya planteaba la sentencia del TSJ para que se alcanzara «un acuerdo extrajudicial con la administración».

Los vecinos reclamaban una inversión en el residencial de 9 millones de euros que, de momento, se va a ver rebajada a «4 o 5 millones de euros» para abordar asfaltado, alumbrado, red de saneamiento y agua potable, entre otros servicios. Según el letrado, el alcalde Eduardo Dolón (PP) expresó hace solo dos semanas, de nuevo, su compromiso también apuntado a través de un «contrato electoral» en campaña de que el Ayuntamiento se haría cargo de la financiación y adjudicación de las obras de reurbanización en Torreta III.

Una urbanización autorizada a finales de los 70 y que se levantó con enormes deficiencias en servicios básicos, sin su principal zona verde, y sin que, como ha ocurrido en la trayectoria de la gestión urbanística local durante décadas, el municipio exigiera responsabilidades al constructor, en este caso, Masa. Muchas calles interiores siguen sin estar asfaltadas mientras que los colectores de saneamiento no pueden repararse porque se trazaron bajo las propias viviendas. La zona se ha degradado con ocupaciones ilegales de viviendas.

En esta urbanización, -la situación es todavía peor en Torreta II pero no hay nadie que los represente- los servicios básicos dejan mucho que desear y las obras ilegales proliferan sin que las órdenes de restitución de la legalidad urbanística se hagan cumplir. Es acuerdo extrajudicial que cita la defensa de los vecinos, está redactado pero ni está firmado, ni se ha elevado a pleno, y lo que es más preocupante para las aspiraciones de los vecinos, no aparece presupuestado en 2021. Un acuerdo que supondría un agravio para el resto de urbanizaciones que atraviesan por la misma situación.

En un principio, se habría diseñado entre el director general de Urbanismo y el director de la asesoría juridíca. La representación letrada de Torreta III espera que el acuerdo «extrajudicial» se sustancie en los próximos meses pese a que ya deberá ser en el presupuesto de 2022. La resolución judicial da la razón al anterior gobierno municipal que insistía en que la zona necesita un plan especial a sufragar por los propietarios.