El técnico municipal encargado de supervisar el contrato del mantenimiento de viales y espacios públicos de Orihuela Costa ha denunciado por un presunto acoso laboral al concejal de Infraestructuras Ángel Noguera, de Ciudadanos. La denuncia, según ha podido saber INFORMACIÓN, la ha interpuesto el funcionario ante el servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Orihuela, siguiendo el protocolo «anti mobbing» del consistorio. El técnico, que está de baja por ansiedad desde el 9 de febrero, señala en su denuncia que desde la puesta en funcionamiento del contrato, en febrero de 2020, viene sufriendo «presiones continuadas» por parte del concejal, del que depende jerárquicamente, «para realizar mi trabajo» y añade que «con reiteradas injerencias que me impiden desarrollar con normalidad e independencia mi labor técnica». El funcionario ha remitido a Alcaldía su renuncia a su tarea de supervisión del contrato por falta de independencia, justifica.
En su denuncia indica que esas presiones son «sin justificación técnica ni jurídica» y asegura que está recibiendo «un trato humillante» por parte del edil de Cs. Fuentes municipales confirman que el consistorio va a abrir una comisión de investigación sobre este turbio asunto, mientras que el edil de Infraestructuras denunciado ha rechazado hacer declaraciones «sobre un procedimiento que, por normativa, es reservado y confidencial» y añaden desde la Concejalía de Infraestructuras a este medio que «si se produce una publicación, comentario o filtración sobre este procedimiento, lo pondremos en conocimiento de quién (sic) proceda».
El trabajador denuncia que, desde que el concejal Ángel Noguera tomó las competencias en Infraestructuras, «las intromisiones en trabajos técnicos y de supervisión municipal de contratos han sido constantes, entorpeciendo las condiciones de independencia técnica necesarias, menospreciando continuamente mi labor, dirigiéndose siempre hacia mí con un trato degradante y dictatorial al encomendarme alguna función, y rebajando mi criterio y asesoramiento técnico prácticamente a la inexistencia, en favor de otras personas de su confianza».
Defiende el funcionario que su labor ha sido «profesional, adecuada y técnicamente exhaustiva» en un contrato que, tras la municipalización de la limpieza viaria y recogida de basuras, es el de mayor coste económico para las arcas municipales oriolanas, de unos 800.000 euros anuales. Y asegura que Noguera le ha ido «apartando paulatinamente» de sus funciones en favor de personas «de su confianza», un funcionario y un asesor, que carecen de titulación técnica ni responsabilidad para realizar esa función que le corresponde a él como técnico asignado a ese contrato por la Junta de Gobierno, «realizando, de hecho, labores de supervisión del cumplimiento del contrato y de vigilancia, dando a la adjudicataria órdenes y contraórdenes en contra de mi criterio», explica en su denuncia. Ambos, asegura, le han llegado a dar indicaciones «sobre cómo debo realizar mi trabajo, pretendiendo el señor Noguera que sea yo quien me ponga a las órdenes de estas dos personas por ser de su confianza».
«Menosprecio»
La denuncia por acoso laboral la ha interpuesto el funcionario tras el escrito que remitió el edil de Infraestructuras a la concejalía de Contratación en el que duda de la labor de fiscalización que está haciendo el técnico con el contrato y con la empresa adjudicataria; incluso concluye Ángel Noguera en ese escrito que la actitud del funcionario con la mercantil es «flexible y complaciente», señalando que la prestación del servicio «es deficiente». Unas acusaciones que el funcionario desmiente y tacha de «falsas e infundadas». Y muestra su estupor porque es la primera vez desde que trabaja en el consistorio «con hasta ocho concejales» que le pasa una situación así, acusando a Noguera de «menosprecio hacia mí y hacia mi trabajo por motivos que no alcanzo a comprender, con la única finalidad de que, de no plegarme a sus instrucciones, renuncie». El trabajador recuerda que desde febrero de 2020 Noguera no ha tramitado ni una factura emitida por la empresa pese a estar certificadas por servicios técnicos y económicos municipales.
El funcionario, que presta servicio en el Ayuntamiento desde 2011, fue designado por la Junta de Gobierno como responsable de supervisar el contrato que se adjudicó a Zaplana Caselles por cuatro años por 3.309.584 euros. Como publicó este diario, la empresa acusa a la Concejalía de Infraestructuras de «boicot» y señala los «muchos impedimentos y zancadillas» ya que retiene sistemáticamente sus pagos mensuales de 63.000 euros, que no firma el edil del área, Ángel Noguera, a pesar de que el técnico que ahora ha denunciado al concejal, les viene dando el visto bueno. El Ayuntamiento debe actualmente a la empresa más de 126.000 euros de las mensualidades de diciembre y enero, tras pagar hace solo unos días las de octubre y noviembre. Infraestructuras justificó que «percibe» que el servicio no se está prestando «con la calidad que se le requiere»». Además, a la mercantil no le pasó desapercibido que en las publicaciones en unos perfiles de Facebook de la Concejalía de Infraestructuras destinados a los residentes de las urbanizaciones del litoral oriolano, que pone que son oficiales, las fotografías que la empresa les manda aparecen retocadas de manera muy «cutre», tachando con pintura blanca, con un programa de retoque muy básico, el logotipo de la empresa, que aparece en los vehículos junto al escudo del Ayuntamiento de Orihuela (que éste sí lo dejan). «Nos da la sensación de que no nos dejan trabajar para que no se vea el trabajo y poder decir que no se ven las mejoras. Nos entorpecen para que no podamos trabajar», lamentaban a este diario fuentes autorizadas de la empresa.
El contrato de mantenimiento y reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa fue polémico desde el principio. El actual adjudicatario, Construcciones Zaplana Caselles SL., no fue el ganador de la primera adjudicación, pero interpuso un recurso contra la que fue adjudicataria en 2019, Los Serranos, por considerar que la adjudicación no era justa. De hecho, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, anuló esa adjudicación a Los Serrano del contrato. El tribunal estimó parcialmente el recurso de la mercantil que quedó en segundo lugar, Zaplana Caselles, al considerar que los técnicos de la mesa de contratación -donde no hay políticos- puntuaron un distintivo de calidad que no se mencionaba en los pliegos ni en el contenido de los criterios de valoración, por lo que obligó a restar el punto que se le dio a la mercantil adjudicataria por este motivo. Y, de esta manera, el Ayuntamiento tuvo que adjudicarle la concesión a Zaplana Caselles, porque era la mejor puntuada.
PSOE y Cambiemos piden una comisión extraordinaria
Ambos grupos pretenden que el concejal señalado explique sus desavenencias con la mercantil
Los portavoces de los grupos municipales de Cambiemos Orihuela: UP y PSOE presentaron ayer la solicitud de una Comisión Extraordinaria que han registrado esta semana y de la que esperan conocer la actual situación en la que se encuentra el contrato de mantenimiento de viales en Orihuela Costa, tras las desavenencias entre la empresa concesionaria y el edil de Infraestructuras, Ángel Noguera. Carlos Bernabé (Cambiemos) y Carolina Gracia (PSOE) señalaron que es uno de los contratos más importantes de Orihuela, el Mantenimiento de Viales y Espacios Públicos en el litoral oriolano, y critican el conflicto que hay entre las dos partes ya que la empresa acusa a la Concejalía de Infraestructuras de retenerle las facturas y no pagarlas sin motivo, como desveló INFORMACIÓN. En la solicitud registrada, ambos grupos suscriben que «no es lógico que la concesionaria y el ayuntamiento se comuniquen a través de los medios de comunicación si son ciertas todas las afirmaciones y valoraciones que hemos podido conocer tras la noticia publicada hace unas semanas».
Carolina Gracia explicó que «queremos conocer si desde el Área de Contratación se ha iniciado algún procedimiento de revisión o modificación de este Contrato y la problemática o dudas que existen para que desde el consistorio no se estén abonando las facturas, que sí cuentan con el visto bueno del supervisor municipal». Por su parte, Carlos Bernabé ha señalado que «la gestión de este contrato huele fatal. Primero el gobierno local se extralimitó para intentar que se le adjudicara a otra empresa con peores puntuaciones y, después, boicotea a la actual mercantil que lo gestiona para asfixiarla. Parece que, una vez más, quieren proteger los beneficios de determinadas empresas en detrimento de otras, retorciendo los procedimientos legales, y esto es intolerable».
Por ello, ambos grupos exigen «que se arroje transparencia» sobre esta situación que afecta a diversas áreas del gobierno de PP y Cs, como Infraestructuras y Contratación, y de la que también tiene pleno conocimiento y ha sido parte el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, indicaron.
