El PP anticipó este martes una «batalla política» en las Cortes Valencianas para evitar el fin del contrato de Ribera Salud con la Generalitat para la gestión del departamento de salud de Torrevieja, previsto para el mes de octubre «porque, como han manifestado los profesionales sanitarios, lo que funciona bien no hay que cambiarlo».
La presidenta regional del PP, Isabel Bonig aseguró que «no hay razón técnica ni sanitaria para acometer la reversión» del departamento sanitario, «lo único que hay es sectarismo», en unas declaraciones realizadas en el acceso al Hospital Universitario de Torrevieja, junto al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el portavoz popular de Sanidad en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana; y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Todos mantuvieron una reunión en el salón de actos del centro con representantes del comité de empresa del hospital.
«En octubre se dijo por parte de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que se iba a hacer la reversión del hospital, sin consenso, sin criterios técnicos ni sanitarios, por puro sectarismo», aseguró, pese a que la fórmula público-privada «es fundamental» y el hospital de Torrevieja es, según la Sindicatura de Comptes, el más eficaz de la Comunidad». «Lo único que hay para justificar la reversión es mucha ideología y en medio de esta crisis sanitaria no nos debemos llevar por el sectarismo», reiteró.
La presidenta del PPCV señaló que el presidente de la Generalitat Ximo Puig, «cuenta con el apoyo del PPCV para no hacer esta reversión, porque como han manifestado los profesionales sanitarios lo que funciona bien no hay que cambiarlo». «Si Puig no encuentra el apoyo de sus socios le ofrezco el del PPCV para que no lleve a cabo la reversión y para que se puedan cumplir todas las condiciones e inversiones que la concesionaria ha establecido, para que se garanticen los más de 1.200 puestos de trabajo y que la Vega Baja siga teniendo un sistema que ofrece una sanidad pública, gratuita y de la mejor calidad», dijo.
«Puig tiene la última palabra, que no haga caso a la parte más ideologizada de su Gobierno. Este es un modelo de éxito que hay que reconocer y agradecer y si sigue adelante con la reversión, desde el PP plantaremos batalla política en Les Corts», dijo.
Visita con restricciones
Por otra parte, la Conselleria de Sanidad pidió explicaciones a la dirección de Ribera Salud (propiedad de la empresa norteamericana Centene Corporation) por permitir la entrada de los cargos del PP sin tener la autorización oficial. Fuentes de la Conselleria de Sanidad recordaron que este acceso se produjo pese a las restricciones al tránsito de personas en los hospitales para evitar contagios por coronavirus, y tras haber suspendido incluso las visitas a los pacientes ingresados. Según las mismas fuentes la dirección del Hospital Universitario de Torrevieja prohibió entrar a las instalaciones a los representantes de la Conselleria argumentando esas mismas restricciones sanitarias. Bonig ya había anticipado la reacción de Sanidad y que cuestionaría la reunión con el comité, y dijo que la oposición tiene todo el derecho a reunirse con los representantes de los trabajadores.
La portavoz de Sanidad del PSPV en las Cortes, Carmen Martínez, criticó este acceso «sin los permisos oficiales y en plena pandemia» y dijo que «afortunadamente, la época en que el PP hizo de la sanidad un negocio ha terminado y no va a volver», indicó sobre la petición de Bonig de que la Generalitat ponga fin a la reversión a gestión pública. En un comunicado, la socialista denunció que la popular esté «más centrada en tratar de crispar y enfrentar a la ciudadanía que en hacer propuestas serias», así como que prefiera «un tour fotográfico por instalaciones sanitarias que en aportar propuestas para luchar contra la pandemia».
Un mes sin comisionado de la Generalitat
Hace ahora justo un mes José Antonio García dimitió como comisionado de la Generalitat para la supervisión de la concesión del aérea sanitaria de Torrevieja que realiza Ribera. Sanidad liquidó a García tras recibir presiones de Compromís al darse a conocer una vacunación supuestamente irregular que después se comprobó que había sido validada por la propia Generalitat. Desde entonces Sanidad no ha podido sustituir el cargo. Esa carencia no impide que se realice un seguimiento cercano de la concesión sanitaria o del proceso de reversión con el equipo del comisionado, según fuentes sanitarias.
