El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha renunciado a ejercer la acusación particular en el llamado caso wifi que investiga la adjudicación de un contrato de más de 90.000 euros para disponer una red sin cables en el municipio a una empresa vinculada al hermano del entonces alcalde, el popular Javier Pérez, y en la que están imputados los exediles del PP Francisco Rodríguez y Manuel Illán, este último actual presidente de los populares callosinos. Así se lo ha comunicado el consistorio, gobernado por PP y Cs, al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que investiga la causa, dando la jueza por apartado del caso al Ayuntamiento, que renuncia a ejercer la acusación contra los dos exediles populares. La Fiscalía Anticorrupción pide para Rodríguez e Illán dos años y diez meses de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso con el delito de fraude y por tráfico de influencias.

El polémico contrato para instalar la red wifi fue tramitado en 2010 mediante un procedimiento negociado sin publicidad y por vía de urgencia. Se seleccionó a cuatro empresas, entre ellas «Análisis y Control de Redes privadas SL», la participada por el hermano del exregidor del PP. Ambos exediles estaban en la mesa de contratación. Fue el gobierno de PSOE, EU y Somos quien lo denunció a Fiscalía, pero ahora el ejecutivo local del PP y Cs renuncia a la acusación particular.

El alcalde de Callosa, el popular Manuel Martínez, justificó la retirada del consistorio en que el fiscal anticorrupción, Pablo Romero, pidió el sobreseimiento provisional de la causa para el exalcalde Pérez y su hermano, por lo que la jueza de instrucción de Orihuela no los incluyó en el auto de incoación del procedimiento, el paso previo a la apertura de juicio oral. «El tripartito, cuando inició la causa, era contra Javier Pérez y la empresa a la que se le adjudicó la wifi, y en el procedimiento la acusación directa del Ayuntamiento era contra ambos, que han sido sacados de la causa, por lo que el motivo por el que el consistorio denunciaba ha terminado», señaló Martínez a INFORMACIÓN. Además, añade que «si se pierde la causa, como todo apunta que pasará, como acusación particular el Ayuntamiento tendría que pagar unas costas elevadas». Para el regidor «no ha habido perjuicio económico para el consistorio porque era una subvención del Plan Confianza» y asegura que «no renunciamos a las posibles responsabilidades civiles que se pudieran derivar de los hechos juzgados».

Se da la circunstancia de que el abogado del exedil Manuel Illán, presidente del PP de Callosa, es Emilio Fernández, exalcalde popular de Redován, actual cargo de confianza del regidor de Orihuela Emilio Bascuñana (PP) e integrante de la ejecutiva provincial del PP. Fernández, a través de un despacho, ejerció como asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Callosa durante 2020.