El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha denegado al alcalde Eduardo Dolón una petición de apartar de su puesto al director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Torrevieja. El primer edil cuestionó las decisiones adoptadas por este funcionario después de que informara hasta en tres ocasiones en contra de no adjudicar el contrato de la recogida de basuras. Unos informes que hizo en el momento en el que el gobierno del PP y la mesa de contratación de ese procedimiento multimillonario -a excepción del asesor jurídico- se inclinaron por no adjudicar.

El alcalde también indicó en rueda de prensa que el asesor, que también ejerció antes como interventor en el Ayuntamiento durante un año, había decidido recurrir el archivo de un procedimiento judicial sin su conocimiento, aunque fue un asesor del propio alcalde el que solicitó a los servicios jurídicos que se recurriera. La petición del alcalde de desplazarlo en su puesto no fue elevada a junta de gobierno, que es el procedimiento administrativo para llevar a cabo este trámite. Sin embargo, el Ministerio sí ha respondido por el cauce oficial, el del registro municipal, denegando la petición.

El técnico Jesús López está en comisión de servicios de una plaza que ocupa en otro municipio. Para cursar su revocación en este sentido tiene que haber acuerdo de la otra administración local afectada. Además, en ningún caso puede tramitarse cuando el funcionario está de baja por enfermedad. López fue fichado primero como interventor y después como asesor jurídico -plaza que estaba vacante el Ayuntamiento desde su creación- por el propio alcalde, que es el que ha solicitado ahora que no ejerza sus funciones en Torrevieja. No es el primer intento de apartar a habilitados nacionales de sus funciones que realiza el alcalde de Torrevieja en el último año. El alcalde remitió supuestamente un escrito ante la dirección general de Función Pública del Ministerio de Política Territorial, solicitando la apertura de un expediente disciplinario a la secretaria general del pleno y la oficial mayor el pasado mes de marzo de 2020. También con el mismo resultado negativo. Dolón realizó la petición cuando había en marcha un procedimiento judicial en el que figuraba como denunciante, que señalaba a las funcionaras y que fue archivado al no hallar irregularidades en su actuación.