El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento de reintegro por alcance para averiguar un eventual perjuicio a los fondos públicos del Ayuntamiento de Torrevieja derivado de supuestas irregularidades en la justificación de la subvención otorgada en 2014 por el alcalde Eduardo Dolón (PP) a la delegación en Torrevieja de la Federación de Padres de Alumnos Gabriel Miró. El impulsor de las subvenciones fue ese gobierno popular y los receptores del dinero público la delegación de padres y madres. Pero en el procedimiento especial aparecen como presuntos responsables el exedil de Hacienda de Los Verdes entre 2015 y 2019, José Hurtado, y el principal funcionario gestor del área de Educación, y en caso de que se confirmara su responsabilidad contable con una sanción -es un tribunal administrativo especial, no penal- podrían tener que responder con su patrimonio personal. El Tribunal de Cuentas ha emplazado al Ministerio Fiscal y al Ayuntamiento a demandar para iniciar la fase de enjuiciamiento.
Esta causa impulsada por el departamento segundo de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tiene su origen en el plan periódico de auditoría de la Intervención del Ayuntamiento de Torrevieja de 2017, de obligado cumplimiento por la administración local durante el mandato del gobierno de coalición de izquierdas (2015/2019). Entre otras irregularidades detectadas en la justificación de subvenciones de mandatos anteriores, ese informe realizado por Global & Local Audit. SL destacaba la supuesta falta de justificación de «los gastos de personal subvencionados» para la gestión de la prestación del servicio de transporte escolar en Torrevieja, por 5.846 euros. En el mismo procedimiento también se cuestionaba la falta de justificación de 271.000 euros destinados a la misma delegación de la FAPA para cubrir el coste del transporte escolar, aunque el Tribunal se centra en ese primer montante de 5.846 euros.
La auditoria
La auditora recibió alegaciones de la entidad subvencionada, que no fueron aceptadas, y de ahí se derivó un expediente de reintegro de esa cantidad incoado por la interventora municipal y que tenía como función supervisar su cumplimiento. Un proceso administrativo por el que se reclama la recuperación de dinero público. Junto a la interventora, el funcionario de mayor rango en el área de Educación era el responsable de tramitar el expediente. Cuando a finales del anterior mandato el concejal José Hurtado le preguntó por escrito a este técnico por el estado de ese expediente respondió que no podía explicar la razón por la que no había avanzado nada. Fue el anterior alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), antes de dejar el cargo, quien remitió el asunto al Tribunal de Cuentas. ¿Por que se señala a Hurtado como supuesto responsable de no completar el expediente? Cuando el Tribunal se dirigió al municipio este mandato para interesarse por la denuncia que había recibido, el interventor accidental en ese momento y actual asesor jurídico del Ayuntamiento aseguró que el expediente había prescrito porque habían transcurrido cuatro años desde la concesión de la subvención por lo que habría que pedir responsabilidad al anterior gobierno municipal: al exconcejal Hurtado y al funcionario. Sin embargo, el exedil mantiene en un escrito que ha remitido al Ayuntamiento que no se da esa prescripción porque el proceso de auditoría y el expediente de reintegro comenzó en 2017, por lo que, advierte, el actual gobierno también sería responsable de no recuperar el dinero público.
Durante el primer mandato de Eduardo Dolón (2011/2015) las arcas municipales tuvieron que someterse a un duro ajuste tras la crisis y la legislación que recortaba el gasto público. Entre ellos un peculiar transporte escolar gratuito. Para paliar el impacto del cambio de un sistema gratuito a otro de pago el municipio creó este sistema de subvenciones que convirtió a las asociaciones de padres y madres asociados, de la noche a la mañana, en contratistas de empresas de transporte y gestores de subvenciones.
