Orihuela contará con una ordenanza reguladora del servicio de taxi, de la que ahora carece. El pleno aprobó ayer, por unanimidad de todos los grupos políticos, la moción presentada por el PSOE para la puesta en marcha de ese marco jurídico tan necesario para regular el sector. El gobierno local de PP y Cs tendrán que ponerse a trabajar para que esa ordenanza vea la luz y lo tendrá que hacer con el consenso del colectivo de taxistas de la ciudad, tal y como le exigió la oposición.
Uno de los principales objetivos que busca el contar con un marco jurídico propio a nivel municipal, que amplía y completa lo contemplado en la ley autonómica que regula el sector del taxi en la Comunidad Valenciana, es el acabar con la competencia desleal que sufren los taxistas con licencia en la localidad. Esta problemática se da, sobre todo, en Orihuela Costa, donde dan servicio 20 de las 42 licencias concedidas en el municipio. En épocas vacacionales es donde más sufren esa competencia desleal. De hecho, en 2019, la entonces edil de Transportes Begoña Cuartero denunció las quejas del colectivo por una persona que, además de tener licencia de taxi, era poseedor de otra de VTC en Orihuela Costa, algo irregular, por lo que se le daba un plazo de dos años para que traspasara la licencia de taxi y regulara su situación.
La edil socialista María García, artífice de la moción aprobada, señaló que la ordenanza «permitirá a los taxistas poder realizar su trabajo en condiciones de homogeneidad, modernidad, seguridad, rentabilidad y condiciones laborales dignas» y pidió un texto «consensuado» para acabar con «un vacío legal histórico». García también pidió la convocatoria de la Mesa de Movilidad. El edil de Cambiemos, Javier Gracia, también reclamó consenso con el colectivo del taxi a la hora de redactar la ordenanza para evitar polémicas como las que hubo en Torrevieja «donde el gobierno local pretendía limitar la antigüedad de los vehículos de los taxistas a 8 años, cuando la Conselleria lo establece en 12, o quería imponer un uniforme determinado», que no apoyaron los taxistas torrevejenses.
El contar con una ordenanza reguladora del servicio del taxi permitirá regular el diseño y mobiliario para las paradas de taxi, los criterios, planes y ayudas para la renovación de la flota automovilística apostando por reducir la contaminación y las emisiones tanto sonoras como de CO2, o la implantación de innovaciones tecnológicas, así como puede regular la publicidad que lleven los taxis, su mejor accesibilidad (tarifas en braille, por ejemplo), contar con bono taxis, como propone el PSOE, los turnos o llevar extintor, entre otros.
Paralelamente, el Ayuntamiento tiene previsto ampliar el número de licencias. El objetivo es duplicar las actuales, que son 42, aunque se hará progresivamente. El edil del PP, José Galiano, explicó ayer que la Conselleria de Transportes remitió al consistorio un estudio en el que señalaba que correspondía una licencia de taxi por cada 1.000 habitantes. En Orihuela hay 42 para 80.000 vecinos, por tanto, una cada 2.000 habitantes, la mitad de lo que establece el Consell. El gobierno valenciano autorizó entonces a Orihuela 30 licencias más, sin ponerse en servicio. «En la Costa la mayoría de titulares de taxi tienen varios asalariados trabajando con una licencia, hay 20 taxis y 37 asalariados, y habría que hacer una redistribución; serían los mismos trabajando, pero con más licencias». Por su parte, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, anunció que en la próxima junta de gobierno se aprobarán las bases para crear nuevas licencias de taxi en el municipio.
El pleno urge a Adif a volver a licitar la pasarela peatonal sobre las vías del AVE
La obra no se inició por la quiebra de la adjudicataria y PP y Cs rechazan dar participación a los vecinos
El pleno de Orihuela aprobó ayer el solicitar a la Conselleria de Cultura la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) al Monasterio de San Juan de la Penitencia, perteneciente a la orden de las Clarisas. Es uno de los conventos más antiguos de la ciudad, fundado en 1490 y tiene en su interior importantes bienes muebles, como orfebrería e imaginería, con obras de Francisco Salzillo, y también tiene un importante fondo documental. El edificio tiene primer grado de protección en el Plan General de Ordenación Urbana y considerado Bien de Relevancia Local. El Ayuntamiento defiende sus valores arquitectónicos, históricos y artísticos para solicitar su declaración como BIC, cuyo expediente por parte del consistorio se inició en 2014.
Piden que sea BIC el Monasterio de San Juan de la Penitencia
El pleno del Ayuntamiento de Orihuela aprobó ayer solicitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que vuelva a licitar, en el menor plazo posible, la pasarela peatonal sobre las vías del AVE en Orihuela, a su paso por Correntías, tras la quiebra de la empresa que había sido concesionaria en octubre de 2019 de las obras, Ecisa. La empresa iba a realizar la obra en once meses por 780.000 euros pero, tras quebrar, se han quedado colgados los trabajos para sustituir la actual pasarela metálica, construida durante las obras de soterramiento. La actual de metal, tal y como avanzó INFORMACIÓN, ha generado muchas quejas por lo empinado de sus rampas, que llegan al 9%, cuando lo legal es un máximo de un 8%. La nueva pasarela está previsto que tenga una longitud 202,8 metros, con un tramo central de hormigón, dos rampas de acceso con una pendiente longitudinal del 8% y del 6% en el tramo central, barandillas metálicas de protección y contará con iluminación led de bajo consumo y canaletas para la evacuación de aguas pluviales.
El gobierno local, PP y Cs, rechazó la enmienda del PSOE, apoyada por Cambiemos y Vox, para convocar la Mesa de Accesibilidad, invitando a las asociaciones de las pedanías afectadas por la pasarela, para darles a conocer el proyecto propuesto por Adif y que pudieran elevar sus propuestas para mejorarlo.
