El PSOE valida la tramitación de una recalifación de suelo inundable en San Miguel de Salinas

El gobierno municipal del PSOE, IU y Adelante San Miguel apoyó la tramitación de la homologación modificativa del sector R-4 de las Normas Subsidiarias en Las Filipinas para la recalificación de 26.105 metros cuadrados de suelo rústico, ubicados en zona inundable, según el Patricova (Plan de Acción Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana) a suelo urbanizable residencial y comercial. Esta tramitación, que debe ahora contar con el visto bueno de la Generalitat, materializa acuerdos contraídos por el anterior gobierno del Partido Popular.

El anterior concejal de Urbanismo del PP, actual portavoz de ese partido en la oposición y abogado urbanista Sergio Correas no asistió ni a la comisión de gobierno previa a la sesión, donde se dictaminan los asuntos que van al pleno, ni al propio pleno donde se trató el asunto, el pasado 25 de marzo.

Según recoge la documentación presentada por las empresas promotoras, el anterior gobierno municipal del PP se comprometió con las mercantiles a la recalificación urbanística de este sector con la promesa de hacer efectiva su reserva de aprovechamiento urbanística equivalente a 1.312, 27 metros cuadrados en este sector por la cesión de dos parcelas que se segregaron antaño de la finca matriz. En 2004 fue la de una parcela de 11.830 metros cuadrados que se destinó a la construcción de un colegio privado con la reserva de aprovechamiento de 3.195 m² -de los cuales 1.045 metros cuadrados serían a ejecutar en este sector- y, en 2019 la propiedad cedió otros 266, 75 m² para la construcción de una rotonda.

En 2006 a escasos meses de la aprobación del extinto PGOU, las empresas compraron la finca y la reserva de aprovechamiento aplicable a este sector, que se incluyó en el planeamiento urbanístico como suelo urbanizable. En 2012 el Ayuntamiento sacó a información pública las normas para la adjudicación de agente urbanizador; pero no interesó su desarrollo y quedó desierto. En 2015 fue anulado el PGOU por el Tribunal Supremo y el suelo volvió a su condición de suelo rústico. Sin embargo, en 2019 en el tramo final del mandato, el PP volvió a reafirmar su compromiso con la mercantil al firmar la cesión 266, 75 m² para construir una rotonda condicionado a la recalificación del sector.

Con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento tras las elecciones de 2019, las mercantiles reactivaron la procedimiento urbanístico y exigieron al Consistorio el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Las empresas inmobiliarias le plantean ahora al Ayuntamiento que les compense con la recalificación o que les expropie. El 1 de agosto de 2020 se sometió a información pública, a instancias de las constructoras, un avance del plan parcial previo a la tramitación de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica. En esta documentación se ignoró el riesgo de inundación de la zona y su calificación como inundable por el Patricova.

La presentación de alegaciones por parte de la Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel el pasado mes de agosto publicitó y modificó la tramitación de este proyecto. El pleno del 25 de marzo, siete meses después, desestimó las alegaciones presentadas, aunque incluyó un estudio de inundabilidad del que carecía y se le da traslado a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente para que dictamine sobre la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica. El gobierno socialista valida, “con esta medida, sin rechistar”, en palabras del colectivo vecinal “la política urbanística de 16 años del anterior gobierno del Partido Popular”. Tampoco se ha cuestionado la operación IU, socio del gobierno del PSOE y que durante décadas se ha mostrado especialmente crítico con la gestión urbanísitca del PP.

La normativa vigente del Patricova y la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) dictaminan que “el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable” y que el planeamiento no podrá dar lugar a un “incremento significativo del riesgo de inundación”. Mientras que la ETCV de la Comunidad establece que los futuros desarrollos urbanísticos se deben orientar a “zonas exentas de riesgo” y “evitar la generación de otros riesgos inducidos en el mismo lugar, o en otras áreas, derivadas de las actuaciones sobre el territorio”. Las empresas se comprometen en ese estudio a

Ciudadanos

Por su parte la concejal de Ciudadanos, Maria José Costa Medrano votó en contra de la tramitación del procedimiento recordando que solo las alegaciones presentadas por el colectivo vecinal han permitido que se realice un estudio de inundabilidad que antes el Ayuntamiento y la empresa obviaron,ya que no existía cuando se presentó el proyecto en julio de 2020.

Además el borrador del plan parcial presenta distintos errores. Por ejemplo reseña que San Miguel cuenta con unos habitantes 8.300 y en otro punto del mismo documento indica que el padrón es 7.200, mientras que el Instituto Nacional de Estadística refleja un censo 6.200 personas en San Miguel.

La empresa, según la edil que formaba parte del gobierno que inició el procedimiento en el mandato anterior, indica en su propuesta que la reclasificación que crearia empleo en el municipio por la construcción del supermercado sin hacer alusión a la construcción de adosados turísticos, que son los que mayor margen de beneficio generan en este tipo de actuaciones. La empresa llega a sostener, según las mismas fuentes, que los terrenos están llenos de maleza cuando es su obligación, como propietaria, la limpieza de parcelas.