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Un juzgado procesa al alcalde socialista de Los Montesinos por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación

El auto indica que permitió que Butrón consintió supuestamente la actividad de una discoteca en un parque natural, aseguró que una nave de material contaba con DIC pese a que se había denegado y no ejecutó 17 órdenes de demolición de chalés ilegales/El primer edil tiene pendiente otra causa por cohecho y acoso laboral de la que ya se ha abierto judicio oral

Imagen de archivo de la discoteca Revival que funcionó sobre suelo protegido del parque natural durante años con una licencia de disco pub en suelo agrícola

Imagen de archivo de la discoteca Revival que funcionó sobre suelo protegido del parque natural durante años con una licencia de disco pub en suelo agrícola

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja ha incoado procedimiento abreviado contra el alcalde socialista de Los Montesinos, José Manuel Butrón Sánchez, por un delito de prevaricación administrativa y otro contra la ordenación del territorio. La juez Juana López Hoyos instruye esta causa desde hace casi una década. La denuncia se produjo en 2012 por parte del jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, que no está personado en el procedimiento, sí es acusación Izquierda Unida-LUT de Los Montesinos. Entre los hechos que se investigan figuran la falta de actuación de Butrón a la hora de hacer cumplir 17 órdenes de demolición de viviendas ilegales en el campo, su supuesta pasividad a la hora de consentir la actividad de la discoteca Revival en suelo protegido, y el hecho de que mantuviese oficialmente que una nave ilegal sobre suelo rústico y orden de demolición contaba con autorización de la Generalitat con una declaración de interés comunitario, cuando carecía de ella.

Entre las posibles irregularidades supuestamente consentidas por el primer edil que incluyen tres asuntos principales se encuentran las relativas a la discoteca Revival, que desde 1991 dispone de licencia municipal para la instalación de una actividad de disco-pub en una nave destinada a almacén agrícola. Está enclavada en suelo no urbanizable, dentro de la zona de especial protección del Paraje Natural de Las Lagunas de La Mata y Zona de Especial Protección para las Aves. En 1993 se denegó también una Declaración de Interés Comunitario pero el Ayuntamiento no realizó "ninguna actividad tendente al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida". Por el Tribunal Contencioso Administrativo número 1de Elche se dictó sentencia en 2005 en la que instaba a adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística sin que tampoco se haya adoptado medida alguna. La discoteca dejó su actividad, al margen del procedimiento legal, ante las continuas sanciones de la Generalitat Valenciana, y en ningún caso podría legalizar su puesta en marcha de nuevo al ubicarse en un espacio protegido.

Otro de los asuntos investigados es la falta de actuación de Butrón ante la construcción y funcionamiento de una nave en suelo rústico, de una de las empresas de suministros de construcción más importantes de la comarca. En octubre de 1987, se construyó en la pedanía de Los Pérez, con licencia del Ayuntamiento de Almoradí, una planta de prefabricados de hormigón, sobre un suelo de más de once mil metros y con una nave que ocupaba 6.000. En enero de 2000 el Ayuntamiento de Los Montesinos concedió licencia para la puesta en funcionamiento de la planta y cedió los derechos de la licencia, pese al cambio de titularidad, a la nueva mercantil, cuando la empresa anterior se había extinguido en 1996. El terreno seguía siendo rústico. La Generalitat sin embargo rechazó la legalización de la industria a través de una declaración de interés comunitario (DIC) en 2002, aunque el Ayuntamiento presidido por José Manuel Butrón (PSOE) concedió licencia de obras para ampliar las instalaciones.

La Asociación de Vecinos "Los Pérez" procedió a denunciar los hechos y en 2006 el Ayuntamiento ordenó la demolición de las obras, pero sin imponer multas coercitivas, ni tramitar ningún expediente sancionador. A raíz de una resolución del Sindic de Greuges en la que instaba al Ayuntamiento a que cumpliera su propio decreto de demolición, Butrón, según el auto de la jueza, ordenó la elaboración de un informe mediante el que se comunicó que la empresa tenía concedida licencia municipal y declaración de interés comunitario, pese a carecer de ambos y que el expediente de disciplina urbanística había desaparecido. La empresa, en este caso podrá acogerse a la nueva legislación que avala la legalización de actividades industriales fuera de ordenación, si supera el nuevo procedimiento reglado en la LOTUP para estos casos.

Imagen de la fábrica y nave de material de construcción en Los Pérez, denunciada por los vecinos

Por otra parte, el juzgado ha investigado por qué no se ha llevado a cabo la orden de demolición de 17 chalets construidos de forma ilegal, con expedientes que han sido archivados sin comprobar si se ha cumplimentado la orden de demolición. Se trata, la mayoría, de viviendas, ampliaciones o edificaciones en suelo no urbanizable. Una de ellas es propiedad de un exconcejal que con su voto dío la mayoría a Butrón para alcanzar la Alcaldía en 1991. Propietario familiar directo de la actual tesorera del Ayuntamiento. Entre otros dueños también figuran familiares del propio alcalde.

Ni Butrón, uno de los alcaldes más veteranos en la provincia de Alicante que encadena seis mandatos con mayoría absoluta, ni su equipo de gobierno que conocen la resolución judicial, se han pronunciado sobre este asunto. En septiembre de 2020 se limitaron a asegurar que este procedimiento se había archivado, algo que no era cierto. Fue cuando el mismo juzgado de Instrucción 2 que lleva la causa urbanística confirmó la apertura de juicio oral a Butrón por acoso laboral, cohecho y prevaricación en un procedimiento que está pendiente de señalamiento de la vista. En esta causa también está implicada la teniente alcalde Ana Belén Juárez

El PSOE tampoco ha llegado a pronunciarse sobre la situación judicial de este alcalde, doblemente procesado, modificando su criterio sobre cuándo considera que un primer edil debe apartarse de su cargo cuando está implicado en causas judicales. Inicialmente el criterio del partido es que debe apartarse cuando se abre juicio oral, pero en el caso del acoso laboral (un delito continuado contra la integridad moral), cohecho y prevaricación aseguró que "no era corrupción".

Butrón, la teniente alcalde Ana Belén Juárez y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig en una visita a Los Montesinos ÁXEL ÁLVAREZ

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