No es culpa de nadie pero el resultado es el mismo: el acuerdo del pleno del pasado 25 de marzo por el que se validaba el informe favorable de la rendición de cuentas de 2019 está sin validar. Este documento, cuyo paso por sesión plenaria ya acumulaba un retraso considerable, es imprescindible para que el Consistorio pueda desbloquear la solicitud de ayudas a la Generalitat en distintos ámbitos. Un requisito que exige la ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. En la sesión plenaria del mes de marzo se validó el informe favorable -que no de la aprobación, como dejaron claro los grupos de la oposición y la fedataria pública- de la cuenta general de 2019.
Sin embargo, en un punto del orden del día anterior, en el que se aprobaba el paso de un concejal al grupo de no adscritos de la concejala Carolina Vigara, la edil socialista Fanny Serrano, decidió no votar -a su criterio ese trámite de cambio de grupo es de dar cuenta, no de someter a votación-. Pero la herramienta informática por la que se supervisan y se certifican los acuerdos plenarios, Gestiona, no contempla esta posibilidad de no votar. Por decirlo llanamente no está en ninguna casilla. Solo prevé el voto favorable, desfavorable, abstención o que el concejal o concejala no esté presente en la sesión. Y ese detalle -cosas de la administración electrónica pero también de la legislación - invalida, de momento, la certificación de todos los acuerdos del pleno al completo porque los servicios técnicos no han podido continuar con su trabajo desde ese punto, con la redacción del acta, desbloqueando y certificando ese acuerdo. Es cierto que no es nada habitual que un concejal presente en el debate no se pronuncie en sentido alguno pese a estar presente. Fuentes del equipo de gobierno del PP aseguraron ayer que el problema que se presenta en Torrevieja con la tramitación de esa certificación no ocurre en otros municipios. El problema ha generado el habitual cruce de informes entre funcionarios para intentar resolverlo. La secretaria general del pleno ha pedido al técnico gestor del área informática que informe de este problema a los responsables de Gestiona. El informático ha respondido, en esencia, que la legislación, no solo la aplicación, no contempla tampoco que un edil se niegue a votar aunque esté en el pleno. Y aporta su solución: incluye una definición de la Real Academia de la Lengua en la que considera que no votar es equivalente a abstenerse. Por lo que interpreta que el voto de la edil es de abstención. El Ayuntamiento va a intentar resolver el bloqueo añadiendo una explicación al acta que explique toda esta secuencia.
